El candidato presidencial por Victoria Nacional, George Forsyth, rechazó el jueves el financiamiento público indirecto que destina el Estado para la agrupación en estas elecciones generales 2021. Con esto, ellos tienen la posibilidad de acceder a medios masivos y redes sociales para transmitir sus spots.
PARA SUSCRIPTORES: El círculo de confianza de George Forsyth: ¿A quién escucha el candidato presidencial?
El financiamiento de organizaciones políticas fue una de las reformas más importantes publicada en setiembre del 2020, cuyo objetivo ha sido evitar que ingrese dinero ilícito a las campañas electorales.
Politólogos y expertos en temas electorales consultados por El Comercio cuestionaron las declaraciones del candidato, pues implicarían un desconocimiento del funcionamiento del Estado y de tan importante reforma.
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Muchos peruanos siguen muriendo por esta terrible enfermedad, es por eso que nosotros acá en Victoria Nacional hemos decidido rechazar el millón y medio de soles que nos entrega el Estado a través de la ONPE para la contratación de publicidad electoral y le pedimos al Estado, con carácter de urgencia, que por favor lo invierta en el primer nivel de atención. [...] Creemos que una sola vida vale más que cualquier campaña.
George Forsyth, candidato de Victoria Nacional. 14/01/2021 en su cuenta de Twitter.
El Perú necesita decisiones y recursos para combatir la pandemia. Por ello, Victoria Nacional rechaza el dinero otorgado por la ONPE para la propaganda electoral y pedimos que se use para fortalecer la atención contra la COVID 19. ¡Una vida vale más que cualquier publicidad! pic.twitter.com/frjoYxzRZ2
— George Forsyth (@George_Forsyth) January 14, 2021
¿Qué dice la legislación?
De acuerdo con la Ley Nº 31046, que modificó la legislación de organizaciones políticas (Ley Nº 28094) y que fue publicada el 26 de setiembre del 2020, se variaron las normas relacionadas a la franja electoral, en los artículos 37 y 38, con el objetivo de implementar el mecanismo de financiamiento público indirecto.
¿Qué se estableció? Desde los 60 días hasta los 2 días antes de las elecciones, los partidos políticos con candidatos inscritos tienen “acceso gratuito” a los medios de comunicación (radio y televisión) privados o del Estado de señal abierta, y a contratar publicidad diaria en redes sociales. Para este fin, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recibe un presupuesto, que para este proceso asciende a S/70 millones para la primera vuelta.
La ONPE informó el viernes que 21 de los 22 partidos políticos habían terminado de seleccionar sus spots para la franja electoral. En total, fueron seleccionados 171 de los 198 proveedores de comunicación: 118.306 (78%) spots se emitirán por radio y 34.034 (22%) por televisión. Los seleccionados representan una inversión de S/ 68′407.854,47. El organismo electoral ha determinado que la franja electoral será transmitida desde el 10 de febrero al 8 de abril, entre las 6 a.m. y 11 p.m., como establece la norma.
Los spots seleccionados representan una inversión de S/ 68,407,854.47.#Elecciones2021 #SeguridadyConfianza #EleccionesdelBicentenario #EEGG2021 pic.twitter.com/AxbFtpfE0S
— ONPE (@ONPE_oficial) January 16, 2021
Una de las principales consecuencias del anuncio de Forsyth es que el espacio de la franja electoral que su partido no utilizará estará destinado a la difusión de “educación electoral”, según lo determine la ONPE. Es importante anotar que la legislación y el reglamento de financiamiento, publicado el 28 de noviembre del 2020, también indican que los medios de comunicación radiales y televisivos están prohibidos de contratar propaganda electoral para los partidos y sus candidatos. Es decir, Victoria Nacional no está autorizado para contratar directamente.
Una reforma pensada para acabar con el financiamiento ilícito
El 21 de marzo del 2019, meses después de que más de 13 millones de electores votaron por el “sí” a la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas en el referéndum del 2018, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política emitió un informe final respecto a este eje de cambio. Una situación que ya se perseguía desde hace varios años con el objetivo de tener equidad en la participación política y evitar casos de corrupción.
En el eje 2 del citado informe, la comisión argumenta que “no es posible mejorar la representación y encausar la dinámica de la participación política si no se mejora la regulación de todo lo referente al financiamiento de las organizaciones políticas”. Debido a que las campañas electorales representan una inversión económica grande para los partidos, estos “hacen todo lo posible por conseguir dinero fuera de la organización, negociando, por ejemplo, candidaturas a cambio de aportes de campaña. La desesperación por conseguir recursos para cubrir los costos de la campaña lleva a organizaciones y candidatos a recibir dinero de fuentes anónimas e, incluso, ilegales”. Es decir, el financiamiento público tiene como fin no depender de privados o fuentes ilegales.
La solución, por tanto, era reducir esos niveles de gasto. Entre las medidas específicas, plantearon la regulación de acceso al financiamiento público indirecto durante la campaña (ampliación y distribución más equitativa). Citando también al informe, “el financiamiento de los partidos políticos ha sido siempre el lado gris de la política”.
El Perú no es el único país en la región que ha implementado este mecanismo de financiamiento público indirecto. Hicieron lo mismo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, entre otros países que se muestran en este cuadro.
La politóloga Paula Muñoz escribió en una columna publicada en El Comercio el 23 de agosto del 2020 que “necesitamos reconocer que el dinero es indispensable para el funcionamiento de la democracia. Organizar elecciones y movilizar electores cuesta. Mantener estructuras partidarias fuera de época electoral cuesta. Si queremos fortalecer nuestra democracia, necesitamos invertir en ello. Pero –allí está la clave– invertir bien”. Días antes, Percy Medina, jefe en Perú de IDEA Internacional, se había mostrado a favor de rediseñar el financiamiento público indirecto debido a que la franja electoral era “obsoleta”.
¿Desconocimiento del Estado?
El plan de gobierno de Victoria Nacional no incluye ningún punto referido a alguna reforma política que tenga que ver con el financiamiento público de los partidos. El actual congresista Rennán Espinoza, miembro del equipo de Forsyth en estas elecciones, dijo a El Comercio que el candidato presidencial fue quien tuvo como idea plantear a su equipo que si bien el financiamiento les era útil, la situación por la pandemia lo interpelaba. Esto pese a que ya tenían dos spots trabajados. “Teníamos nuestra parrilla, ya la habíamos armado de acuerdo a como ONPE nos señaló. Ya estaba todo armado, pero el candidato nos dijo que no era lo mejor”, indicó Espinoza.
Esta decisión la tomaron el jueves, antes de que venza el plazo (14 de enero) para enviar la información de spots a la ONPE. “Muy entrada la mañana nos llamó y nos planteó esa preocupación, que él creía era lo más conveniente. Le dije que es cierto, el pragmatismo me dice que usemos el dinero en algo más urgente, pero no podemos dejar de fortalecer la democracia. Pero, veamos la realidad, es cierto. El dinero debe usarse de la mejor manera”, detalló el congresista Espinoza.
Al igual que Forsyth, dijo que no consideran que el dinero “deba gastarse en pagar propaganda cuando hay otras prioridades. Proponemos que el dinero regrese al Tesoro Público y el Ejecutivo lo presupueste”.
Pero, Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, consideró que las declaraciones de Forsyth podrían ser una combinación de desconocimiento y cuestionamiento a la reforma política sobre financiamiento de partidos políticos, aunque “eso es especular”.
Hizo hincapié en que el partido político no recibe dinero del Estado, sino que es una financiación indirecta. “El dinero está distribuido según la ley”, indicó. Además, en la medida en que en este contexto de pandemia no se pueden realizar actos presenciales, a través de los spots con acceso gratuito a medios, pagados por el Estado, “los candidatos se tienen que hacer conocer más que en ninguna otra modalidad”.
Respecto a que el presupuesto sea redirigido a otro sector, como lo propuso Forsyth, Tuesta aclaró que “el Ejecutivo no puede decidir sobre ese dinero porque ha sido establecido por Constitución”. Por tanto, “pueden ser buenas intenciones, pero no tiene ningún efecto práctico”. Adicionalmente, con este rechazo el candidato de Victoria Nacional y el partido perderán la oportunidad de emitir mensajes a los electores y así informar sobre sus propuestas de gobierno.
Tuesta recordó que la idea central de la reforma política fue que, debido a la brecha para gastos de campaña, el sistema electoral sea más equitativo en el acceso a los medios, pero solo como única posibilidad. Es decir, que los partidos no puedan comprar espacios. “[...] esto ponía la cancha más pareja”, agregó.
La politóloga Paula Távara considera que esta declaración, principalmente, es un acto de campaña y también evidencia desconocimiento. “Muestra un nivel de desconocimiento, o que incluso sabiendo, trata de motivar en las personas una percepción distinta respecto de él. Haciendo responsable al Estado de por qué no puede mover la plata. En lugar de hacer responsable al candidato por hacer un ofrecimiento que no es posible”, dijo.
“Esta reforma hacia lo que avanza es que tengamos mayor transparencia y que los partidos y candidatos no le deban nada a nadie que no sea la ciudadanía. La lealtad de los cargos electos sea a los ciudadanos y ciudadanas”, concluyó.
El abogado Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, opinó que la declaración de Forsyth “denota que no está capacitado para ejercer el cargo de presidente porque desconoce cosas básicas para entender cómo funciona el Estado y la campaña electoral. Que ahora exista una franja electoral ampliada es parte de un proceso político que tuvo como punto de partida conocer que grandes poderes económicos, con operaciones opacas, se dedicaban a financiar campañas para obtener obras”.
Por su parte, José Tello, miembro del IPDE, considera que el rechazar el financiamiento indirecto genera que Forsyth y el partido no aprovechen el espacio para la difusión de ideas. “Él es un candidato, no una autoridad que decide lo que se debe hacer con dinero público. [...] Una campaña tiene que tener también difusión de ideas, para eso se usa este dinero”, dijo.
Pero, Rennan Espinoza respondió que ellos conocen “perfectamente la norma”. “Estoy convencido de que hay que fortalecer la democracia, que la reforma es clara, hay que financiar a los partidos para que puedan difundir sus propuestas en medios masivos. Pero, también que el país tiene que tener prioridades. No necesitamos plantear una reforma adicional, simplemente tener algo de pragmatismo sobre la base de la realidad del país”, expuso.
También considera que si hay una decisión expresa del partido de no recibir el financiamiento, “por lo tanto presupuestalmente eso tendría que revertir al Tesoro Público. Si no fuese el caso de la devolución, que ONPE lo invierta en la difusión de las estrategias sanitarias que se necesitan para el proceso electoral. El dinero tiene que cumplir un objetivo, que es combatir el COVID-19. Lamento que sean muy cuadriculados. Hay que cumplir las leyes, pero por encima está la razón”, agregó.
Sin embargo, tanto Jáuregui como Tello detallaron que el dinero presupuestado y asignado no puede ser canalizado para otro sector. “Si la organización política no quiere ese dinero, esto se invierte para educación electoral. [...] Será difundida en los espacios pagados que no serán usados por el partido político que no hace uso de este financiamiento indirecto”, dijo Tello.
“Hay una apelación al discurso simplón, sin basarse en algo claro. Si se “ahorra” en eso, ¿va al uso de otra cosa? Lo ‘no usado’ va a ser usado por la propia ONPE para la difusión del proceso electoral”, agregó Jáuregui.
Espinoza descartó que, en un eventual gobierno de Forsyth, esta reforma política sea variada. “Es parte del fortalecimiento de los partidos políticos y, sobre todo, esto se pensó para que no entre financiamiento oscuro y que haya equidad en la participación de la difusión de las propuestas. Esto está muy bien y tiene que continuar, pero en estos momentos estamos en una realidad distinta. Esto no se va a quebrar”, finalizó.
Al cierre de esta nota, la ONPE informó que Victoria Nacional inició la selección en el catálogo de tiempos y espacios disponibles del Portal Claridad por un monto de S/ 1′440.755,89 de un total de S/ 1′590.909 que le fueron adjudicados, “quedando pendiente por seleccionar el equivalente a S/ 150.153,11. “Al no haber culminado el proceso de selección, la ONPE ha otorgado a dicha agrupación política 2 días calendario, de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, para finalizar con su proceso de selección”, detallan. Rennan Espinoza dijo que la posición del partido ya está determinada y no cambiarán de postura.
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