Keiko Fujimori: Estos son los argumentos del fiscal Pérez para pedir que se ordene prisión preventiva

Este jueves por la mañana, el juez Víctor Zúñiga Urday recibió el pedido del fiscal José Domingo Pérez para revocar la orden de comparecencia con restricciones contra Keiko Fujimori y que se imponga una de prisión preventiva en su contra, por el proceso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas del 2011 y 2016.

En el pedido del fiscal José Domingo Pérez, que pudo revisar este Diario, figura que la candidata a la presidencia por Fuerza Popular ha violado las normas que le impuso la sala superior que ordenó su excarcelación.

Mira: Fiscal José Domingo Pérez pide que se dicte prisión preventiva contra Keiko Fujimori

En específico, el fiscal Pérez apunta que Keiko Fujimori ha incumplido con la restricción de comunicarse con testigos del caso.

En marzo pasado, el fiscal del equipo especial Lava Jato solicitó 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad contra Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Argumentos del equipo especial

En el requerimiento presentado al Poder Judicial, el fiscal Pérez sostiene que Keiko Fujimori no ha cumplido con lo que le ordenó una sala superior tras haber presentado en conferencia de prensa a Miguel Torres Morales como abogado y vocero político de Fuerza Popular.

Pérez Gómez señaló que Torres figura como testigo en el proceso y que una de las restricciones prohíbe a Fujimori comunicarse justamente con testigos.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, señaló.

El fiscal precisó que Miguel Torres aparece como testigo en la acusación que se presentó en marzo pasado, y que ya fue remitida a la defensa el pasado 4 de junio.

“La acusada Fujimori Higuchi tiene conocimiento que Miguel Torres es testigo de parte de la fiscalía, por cuanto ha sido ofrecido en tal calidad con la acusación fiscal cuya notificación con la Resolución n° 03 del 04 de junio de 2021 (Expediente 0299-2017-186) es anterior al evento en cuestión”, se lee en el requerimiento.

Además, indicó que Torres declaró a la fiscalía en calidad de testigo en setiembre de 2020, y que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, estuvo presente en dicha diligencia. Así lo demuestra el acta de dicha diligencia a la que este Diario accedió. La misma aparece firmada por los abogados que participaron en la toma de declaración.

El representante del Ministerio Público recuerda que en mayo y julio del 2020 pidió el apercibimiento de revocarse la orden de comparecencia con restricciones por el incumplimiento de Fujimori a lo dispuesto. Es decir, el fiscal había emitido alertas anteriores sobre una violación a las prohibiciones.

Consultado por el pedido fiscal, Miguel Torres negó ser testigo en el caso. “No soy testigo del caso de aportes fraudulentos ni nada por el estilo. Sí he asistido en más de una oportunidad pero, para temas completamente distintos que no tienen que ver con el tema de los aportes”, dijo en declaraciones a RPP.

“Es evidente que la comunicación que tengo con Keiko Fujimori es una comunicación de temas de campaña”, agregó.

Decisión queda en manos del juez

Consultados por El Comercio, los abogados penalistas Rafael Chanjan y Andy Carrión explicaron que será el juez Víctor Zuñiga el que deberá evaluar la proporcionalidad y si existe un riesgo procesal en el caso de Keiko Fujimori.

Ambos coincidieron en que el pedido es legal y que la decisión de ordenar prisión preventiva quedará en manos del Poder Judicial.

“Pienso que el pedido del fiscal José Domingo Pérez es legal. La norma procesal le faculta a pedir la variación de la medida de comparecencia por una más gravosa cuando observa que existe un peligro para el proceso”, sostuvo Chanjan.

El especialista consideró que en este caso, el incumplir una regla de conducta, como la de no comunicarse con testigos, “puede significar un riesgo para la actividad probatoria en el proceso, más aún teniendo los antecedentes que se tiene en este caso referido al direccionamiento de otros testigos anteriormente”.

Chanjan añadió que “el juez deberá evaluar si, de acuerdo lo que afirma la fiscalía, existe un riesgo procesal suficiente para variar la medida”.

“El momento político puede generar suspicacias es verdad. Por eso debe exigirse una debida fundamentación al pedido que hace la fiscalía”, agregó.

En tanto, Carrión indicó que “es una potestad del fiscal solicitar la revocatoria de la comparecencia, está dentro de sus facultades”.

Para el letrado, el tema a discutir será la proporcionalidad del pedido. Consideró que en el caso de Keiko Fujimori existiría una reiterancia en la trasgresión de las medidas de comparecencia, y que este será un aspecto que valorará el juez.

“Ya existe un elemento adicional que pudiera validar el pedido, no estamos hablando de la primera trasgresión, estamos hablando de reiterancia, si uno evalúa la proporcionalidad creo que existen antecedentes que podrían sustentar hacer considerar esta revocación, este es un punto fuerte”, sostuvo.

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