La conformación de una asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución ha sido una de las propuestas bandera de Pedro Castillo y Perú Libre a lo largo de la campaña electoral, aunque con contradicciones de por medio. Proclamado ya como nuevo presidente de la República para el quinquenio que viene, tal iniciativa aparece como un factor discursivo en las pretensiones del docente y su organización política, mientras que expertos constitucionalistas han advertido la inviabilidad de la medida.
Con el 18,92% de votos en primera vuelta y el 50,13% en la segunda (solo 0,26 puntos porcentuales de diferencia con su rival Keiko Fujimori), Castillo se apresta a iniciar una gestión y a emprender el desarrollo de la referida propuesta. Durante una reunión con dirigentes sindicales del Rímac, el pasado 1 de julio, se puso en ese escenario y planteó: “Llegando al poder no seremos sordos ni mudos, como siempre hemos criticado. Por eso, el 28 de julio, iniciando el mensaje a la nación, vamos a poner frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la asamblea nacional constituyente para redactar la primera Constitución del pueblo”.
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La propuesta esgrimida en la campaña, sin embargo, tiene distintos niveles de interés. Según una encuesta nacional urbana rural de Ipsos Perú realizada el 24 y 25 de junio, el 32% se expresó de acuerdo con que la Constitución sea cambiada totalmente mediante una Asamblea Constituyente, aunque el 22% optó porque la Carta Magna actual se mantenga sin cambios y el 39% opinó que debe ser reformada parcialmente en el próximo Parlamento, tal como establece la normativa vigente.
En tanto, una encuesta nacional de Datum realizada el 16 y 17 de junio consultó a los ciudadanos sobre las prioridades del nuevo gobierno y las principales respuestas fueron: mejorar la salud pública (44%), impulsar la economía del país (41%), mejorar el nivel educativo (37%) y combatir la pandemia, vacunar (34%).
La iniciativa también ha sido expuesta en papel. El programa e ideario con el que Castillo presentó su candidatura promueve una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna “solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora”, plasmando un “nuevo régimen económico del Estado”. Asimismo, el plan “Perú al bicentenario sin corrupción”, expuesto en la segunda vuelta, señala: “Iniciaremos el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía pueda definir si aprueba o no la convocatoria una Asamblea constituyente que elabore una nueva constitución; en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales”.
Días atrás, el 8 de junio en un discurso ante sus simpatizantes desde su local partidario, Castillo había asegurado: “Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica”.
Idas y vueltas
A lo largo del camino, empero, se han dado contradicciones y algunos idas y vueltas de posturas en Perú Libre, que bien pueden marcar un punto de quiebre en el gobierno. Mientras en la primera vuelta Pedro Castillo habló de desactivar instituciones como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, para la segunda vuelta acomodó su discurso y suscribió compromisos.
En el compromiso firmado el 5 de mayo, al referirse a la convocatoria de la asamblea constituyente, aseguró: “Me comprometo que todo ello se hará dentro del marco jurídico vigente. Nunca más golpes de Estado, nunca más compra de medios de comunicación. Nunca más corrupción”. Además, en la “Proclama ciudadana, juramento por la democracia”, que suscribió el 17 de mayo, reiteró que cualquier cambio constitucional se hará “a través de los mecanismos constitucionales vigentes” y juró respetar la democracia e institucionalidad.
Esos acuerdos fueron suscritos días después de claras contradicciones públicas con Vladimir Cerrón. El 2 de mayo, en entrevista con Best Cable, el secretario general de Perú Libre aseveró que su partido contempla la disolución del Congreso de la República como una “tercera vía” para lograr una reforma total de la Constitución, ello en caso dicho poder del Estado se niegue a hacerlo.
“El señor Cerrón no tiene nada que ver acá, en esta lucha. Esta lucha la hace el pueblo, al margen de otras actitudes”, respondió Castillo dos días después a la prensa. Luego agregó que “lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón, eso no está en agenda”.
Pese a que entonces tuvo esas expresiones, el 8 de abril, en diálogo con RPP, el propio Pedro Castillo emitió expresiones similares a la de Cerrón. “Si el Congreso dice que no, habrá que hacer lo que dice el pueblo [...]. Si no está de acuerdo, tenemos que asumir las facultades presidenciales”, señaló y más adelante acotó: “Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo”.
Los más recientes puntos de encuentro discordantes tienen que ver con un planteamiento del electo legislador del lápiz Guillermo Bermejo, pese a que van en sintonía con el plan del partido. Él anunció el pasado 1 de julio que ya había iniciado la recolección de firmas para consultar a la ciudadanía si está a favor o en contra de reformar “de manera total la Constitución Política” del Perú y convocar a una asamblea constituyente.
Según dijo Bermejo junto a un grupo de abogados, se requieren dos millones y medio de firmas, pero se espera recolectar 5 millones en los planillones. “El planillón es bastante claro […] dice con claridad ‘Referéndum para que se consulte a la ciudadanía electoral del Perú para reformar de manera total la Constitución Política del país del año 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente’”, explicó.
Como ha dado cuenta este Diario, el kit para dicho proceso fue adquirido en realidad en el 2018 a través de una iniciativa del abogado Luis Trinidad, compañero de Bermejo en el movimiento Todas las Voces.
Un día después, el portavoz de la electa bancada de Perú Libre, Álex Paredes, aseveró que la iniciativa de Bermejo es personal y no tiene el respaldo del grupo parlamentario. “Formalmente no lo es [por acuerdo de la bancada]. Él, como iniciativa, ha mirado esa alternativa con otro conjunto de ciudadanos y no tenemos por qué ser juez, jurado y verdugo para censurar y denunciar ese acto. Es un acto democrático”, indicó a la prensa.
Por su parte, la electa legisladora Betssy Chávez manifestó a Canal N que Perú Libre no impulsará una nueva Constitución “en contra de la población”. “Si se tiene que esperar el tiempo para generar el momento constituyente, la concientización de la importancia de una nueva Constitución, se va a hacer. No se va a hacer una Constitución en contra de la población porque eso sería dictadura. Vamos a trabajar siempre de la mano de la población”, afirmó. Agregó que si bien la vía tomada por Bermejo es válida, no ha sido tratada dentro de la organización.
La viabilidad
El artículo 206 de la Constitución Política del Perú señala que “toda reforma constitucional” debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros [66 votos], y ratificada mediante referéndum. “Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas [87 votos]. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República”.
Pedro Castillo propone, sin embargo, convocar a una asamblea constituyente. Dicha figura no existe en la actual Constitución, por lo que la iniciativa tal como la ha ofrecido el docente es inviable, resaltó el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.
“La Constitución actual, como todas las Constituciones, tiene vocación de permanencia. Por lo tanto, no regula la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Junto con ello, quien convocaría en caso sea posible y siguiendo el artículo previsto en el artículo 206 de la Constitución de 1993 es el Congreso de la República. No puede hacerlo el presidente electo y en funciones”, coincidió el constitucionalista Erick Urbina.
Sin embargo, Rospigliosi encuentra un aspecto cuesta arriba para Castillo. Y es que Perú Libre tiene 37 de 130 votos y tendría que haber un consenso para alcanzar o los 66 votos, para luego ir a un referéndum, o los 87 en dos legislaturas ordinarias. “Lo primero que debe haber es un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, partidos representados en el Congreso, y ellos deberán reformar la Constitución permitiendo que se convoque a una asamblea constituyente”, añade Urbina.
Pero según ha dado cuenta este Diario, en las negociaciones para la Mesa Directiva del nuevo Parlamento, representantes de las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú, que han tenido un importante acercamiento con Perú Libre para conformar una lista, se oponen al planteamiento de esta última agrupación sobre la constituyente. Y es en el caso de Acción Popular en donde hay un mayor condicionamiento. Este es otro inconveniente que ve Rospigliosi. “Debemos entender que, en su mensaje a la nación, [Castillo] va a presentar un proyecto de ley de reforma constitucional creando una asamblea constituyente, cuándo se elegiría, quiénes la integrarían, cuál sería el proceso de elección, funciones y plazo de trabajo. Ese proyecto irá al soberano Congreso, pasará por la Comisión de Constitución, lo podrán mejorar, modificar, aprobar o mandar al archivo. De prosperar, irá al pleno, en donde puede aprobarse o archivarse. Pero no tienen los votos, por eso es que tampoco es viable”, apuntó.
En cuanto a la vía del referéndum, Rospigliosi consideró muy complicada la recolección de firmas y recordó que la iniciativa de todos modos tendrá que pasar por una discusión en el Parlamento, por lo que otro revés podría ser el tiempo que tome el debate. “El Tribunal Constitucional ha dicho que hay temas de la Constitución que pueden cambiarse, pero hay temas que son el núcleo duro: el sistema de gobierno democrático no se puede cambiar, derechos humanos”, añadió.
La sentencia N°14-2002-AI/TC del Tribunal Constitucional da más luces sobre el asunto. “El artículo 206° de la Constitución no señala los alcances de la reforma constitucional, por lo que tratándose de una competencia jurídica, debe entenderse que la reforma solo puede tener alcances parciales. Ese es el sentido en el que debe entenderse la expresión ley de reforma constitucional que utiliza el mismo artículo 206° de la Carta, cuando se refiere a que lo aprobado por el Congreso o mediante referéndum, en el ejercicio de esta competencia, no puede ser observado por el presidente de la República […] Pero si el artículo 206° de la Carta esencialmente alude a la competencia de la reforma parcial de la Constitución, su artículo 32° constitucionaliza que la reforma pueda ser total”, dice.
En otro punto, añade que “cuando el Tribunal alude a una reforma total, ésta será aquella que modifica los principios y presupuestos básicos de la organización política, económica y social, que sirven de fundamento o núcleo duro a la Constitución de 1993. En cambio, cuando se refiera a una reforma parcial, ésta será aquélla que no modifica tales principios y fundamentos”.
Marco político
Si bien hay limitaciones constitucionales, el marco político es otro frente. Perú Libre tiene pendiente un congreso partidario para el 24 de julio en donde uno de los puntos de agenda es abordar “metas irrenunciables” del gobierno. Congresistas electos del partido, en diálogo con este Diario, incluyeron entre dichos objetivos a la asamblea constituyente y otras promesas de campaña basadas en el programa e ideario de la agrupación.
Sin embargo, el portavoz titular de la bancada, Álex Paredes, subrayó que hay aspectos que deben ser confrontados con la realidad: “Para mí lo irrenunciable es lo que se le ha dicho a la población. Y si eso no se va a poder hacer, hay que decirle a la población por qué no se puede hacer […] Esas promesas, para ser materializadas, te ponen un escenario real y objetivo. Y se constata: ¿es posible o no? Y si no es posible, hay que salir a la calle y decir: no es posible”. Añadió que “no basta con decir ‘para mí es esto’. Hay que mirar la realidad también”.
En opinión de la politóloga Paula Távara, todo lo anterior choca también con un aspecto importante, como señaló la encuesta de Datum: que la asamblea constituyente y el cambio de Constitución no es un tema central para el país o incluso para el electorado de Castillo. Por ello, estimó que promover una postura contraria tomaría tiempo y podría restarle al gobierno respaldo en el Parlamento en un contexto en donde existe una oposición mayoritaria y cuestionamientos de legitimidad.
“El tema central para el país y más aún para su electorado es la posibilidad de generar un cambio en la forma en que se reparten los recursos, se gestiona el Estado y los servicios […] Podrían perder legitimidad entre quienes creen que hay que cambiar la Constitución, sí, pero no son la mayoría de la población. Sí podrían hacer un cambio en torno al discurso diciendo que no es el momento para una nueva Constitución, pero sí podrían al mismo tiempo plantear algunas reformas que les permitan decir que están cumpliendo con promover los cambios”, manifestó Távara.
En el escenario del proceso de recolección de firmas para un referéndum, consideró que la propuesta o bien puede ir diluyéndose o darle a Perú Libre el tiempo necesario para fortalecer la idea del cambio constitucional entre la población. La posición que sostenga la mayoría del Congreso, el control de la pandemia del coronavirus de parte del gobierno y sus medidas frente a otras problemáticas serán otros factores a considerar.
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