Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo: “No se trata de que nos pasemos cinco años más combatiendo” | ENTREVISTA

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sigue de cerca la contienda electoral que aún se vislumbra ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En entrevista con El Comercio, respondió, entre otros puntos, que por ahora ve prematuro convocar a los candidatos en medio de la alta conflictividad.

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—¿Cuál es la interpretación de la Defensoría sobre la determinación del JNE respecto del plazo para solicitudes de nulidad?

No quiero que se interprete que la Defensoría opina que se debe de resolver así o que se tiene que resolver así. Yo le voy a poner los dos elementos sobre la mesa, y que son elementos que tendrá que ponderar el jurado, no la defensoría. Yo creo que hay preguntas básicas. Por ejemplo, sobre la resolución no publicada, hay que recordar que la publicidad es un elemento esencial para la vigencia de una ley, eso está en el artículo 51 de la Constitución. En materia legal dos errores, no hacen derecho. El no publicar un acuerdo y luego publicar la derogatoria del referido acuerdo que en teoría no existe, no significa que la supuesta norma anterior existió.

Esto parece un trabalenguas pero es así, porque había un acuerdo que no se publicó y luego hay una resolución que deja sin efecto ese acuerdo. Entonces, eso ellos lo van a tener que aclarar, no basta con que una norma se deje sin efecto, este punto lo van a tener que aclarar. Sin embargo, también uno se pregunta cómo limitar un derecho fundamental con una norma administrativa, porque hay derechos fundamentales que hay en juego. ¿Se puede limitar con una norma administrativa de plazo un derecho fundamental? Lo planteo como pregunta, no es que esté señalando un sentido u otro, son cosas que tienen que estar esclarecidas en la resolución. Todo esto tiene que explicarlo el Jurado Nacional de Elecciones en la fundamentación de sus resoluciones.

—El miércoles 16 publicaron las resoluciones, ¿a qué otro tipo de publicación se refiere?

Cuando desestimen, por ejemplo, las nulidades presentadas por tal o cual agrupación, ahí tendrán que decir: bueno, queda desestimada por tal razón. Y tendrá que argumentar, no basta decir dejar sin efecto. Estoy haciendo referencia a resoluciones que todavía no se han dado. Si yo declaro inadmisible porque es fuera de plazo, tengo decirle, explicarle al justiciable electoral y al país por qué. Esa explicación todavía no se ha dado. Si bien es cierto se ha dado una norma, se ha dejado sin efecto, la explicación en justicia electoral todavía no se ha dado. La tiene que dar el Jurado Nacional de Elecciones de una manera muy fundamentada, muy sustentada, muy robusta, y cualquiera que sea, la tendremos que enfrentar, porque, repito, es la última instancia en justicia electoral.

—Otra polémica que hay es respecto a la lista de electores. ¿No hay información personal de por medio?

De acuerdo al artículo 197 de la Ley Orgánica de Elecciones, el padrón electoral es público, no es secreto, es público. Esa disposición permite que los partidos políticos soliciten una copia de este padrón, la cual tiene que hacer entregada, exceptuando aquella información vinculada al domicilio elector, su huella digital. Pero todo el resto de datos, como el nombre completo del ciudadano, su firma, la mesa de sufragio, deberían ya estar publicados. No debería ser esto un problema porque la regla es que la documentación en manos del Estado es pública, y excepcionalmente es reservado. Ahí no está el domicilio, ahí no hay datos sensibles.

—La ONPE argumentó eso para rechazar un pedido de Fuerza Popular.

En cualquier caso, esto contribuye a la transparencia y contribuye a dar legitimidad al proceso electoral. Quien quiera que gane, el presidente o presidenta, necesita la mayor legitimidad y tenemos que respetar, repito, lo que el Jurado Nacional de Elecciones decida, acuerde.

—La contienda electoral ha derivado en una muy intensa disputa. ¿Qué cree usted que falta desde los actores políticos para manejar la incertidumbre y conflictividad?

Hasta donde he advertido, ambos partidos han señalado que, si bien es cierto pueden haber irregularidades, no han señalado que estas irregularidades comprometan a las autoridades electorales. Nosotros, como Defensoría del Pueblo en el proceso de supervisión realizado durante el proceso electoral, no hemos advertido de parte de las autoridades electorales un intento de alterar la voluntad popular. ¿Estamos en un proceso crítico?, sí; ¿un proceso difícil?, sí. Pero hasta este momento, podríamos decir que el sistema electoral no está siendo cuestionado como que ha querido o ha tenido intención de alterar la voluntad popular. Lo que tienen que hacer los líderes políticos es dar permanentemente señales claras, señales firmes de respeto al sistema electoral, entiendo lo vienen haciendo. Y segundo, dar un mensaje a sus correligionarios para que guarden la serenidad y la responsabilidad, y eviten actos de violencia, de hostigamiento, entre ellos y las autoridades.

—Ahora vayamos a las instituciones, ¿qué señales tendrían que venir desde las instituciones? No solo las electorales.

En el Consejo de Estado acabamos de hacer público un comunicado. Hemos reafirmado nuestra seguridad en que el sistema electoral se va a comportar, va a responder a este desafío de una manera solvente. Todos hemos llamado a la serenidad y a la calma a la ciudadanía, y a la responsabilidad también de los actores políticos. Y como instituciones, nuestra respectiva responsabilidad y competencia, estamos atentos a cualquier desenlace o situación que pudiera exceder los alcances de la Constitución, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Hemos considerado que la transparencia es una garantía de legitimidad, por eso creo que la transparencia favorece a todos.

—¿De qué forma podría el defensor del Pueblo tener un rol más activo?

Nosotros no nos hemos reducido a un comunicado. Hemos supervisado todo el proceso electoral, más de 600 comisionados antes, durante y después del proceso electoral han estado desplegados en todo el país. Por eso puedo decirle que no hemos encontrado nosotros ninguna irregularidad en el proceso electoral que comprometa a las autoridades del proceso electoral. Esto se ha llevado con normalidad. Luego, desde un oficio que hemos enviado al Jurado Nacional de Elecciones, hemos pedido la máxima transparencia. Todo esto que le estoy contando ahora no es que lo estemos señalando recién, nosotros ya lo hemos cursado a las autoridades. Por lo tanto, no es que la defensoría tenga un rol simplemente pasivo de sacar comunicados, hemos supervisado y hemos enviado los documentos, los oficios correspondientes a las autoridades. Y al terminar el proceso haremos un informe, así como hicimos un informe de la primera vuelta.

—Hay voces que hablan de nuevas elecciones, desconocer los resultados o hasta “tomar” Palacio. ¿Le preocupa todo ello?

Nuevas elecciones, en definitiva, estamos hablando de un pedido que está fuera de la norma, fuera de la ley, porque de acuerdo al artículo 184 de la Constitución no es posible anular las elecciones ni en todo ni en parte. Las nulidades van a ser resueltas en última y definitiva instancia por el Jurado Nacional de Elecciones, quien administra justicia electoral es esta instancia. La nulidad de las elecciones sería violentar la Constitución, porque no existe argumento constitucional en este momento para promover la nulidad de las elecciones. Nosotros, como defensoría, en este punto debemos ser también absolutamente claros.

—¿Ha pensado en convocar a los candidatos, tener un diálogo más directo y fluido con ellos en este afán de lograr algo de calma en esta coyuntura?

Es un tema que me parece en este momento prematuro, pero no descartamos ninguna posibilidad, todo dependerá de cuál van a ser el curso que va a tomar en el Jurado Nacional de Elecciones estos recursos que se han presentado.

—¿Ha sido contactado usted, en todo caso, por algún candidato presidencial en búsqueda de diálogo de cara a lo que pueda venir?

No, ni directa o indirectamente nos han contactado. Creo que los candidatos y los partidos políticos están concentrados ahora mismo en esta contienda, en esta disputa que se está resolviendo en sede del Jurado Nacional de Elecciones.

—Fuerza Popular ha anunciado un hábeas data por la lista de electores, ¿ello implica algún tipo de presión al sistema electoral?

Me va a exonerar que yo opine puntualmente sobre eso, porque los abogados de ambas partes tienen sus argumentos y serán ellos quienes van a desplegar o especificar cuáles son esos argumentos. Yo solamente le diré lo que señala la Ley Orgánica de Elecciones: los padrones son públicos, lo que dice también la Autoridad de Transparencia, no solo la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, ya corresponderá a cada institución apelar a la tutela jurisdiccional, y exponer sus argumentos.

—Más allá de los ajustados resultados electorales, ¿por qué cree que hemos llegado a esta crisis político electoral?

El problema es la ineficiencia del Estado, la incapacidad del Estado para gestionar los servicios públicos. Es evidente que el país a lo largo de más de 20, casi 25 años, ha crecido de manera sostenida, solo los últimos 5 años no hemos crecido. Pero este crecimiento no se ha visto expresado, reflejado en las regiones. Por lo menos no de manera suficiente y no en todas. Esto sumado al fenómeno de El Niño, Lava Jato, la crisis sanitaria, ha generado una desconexión, una enorme frustración que se ve reflejada en el voto de protesta, en el voto de cuestionamiento de las autoridades públicas. Hemos llegado a esta situación justamente por la ineficiencia del Estado, por la incapacidad del Estado para conducir la cosa pública y para extender los servicios públicos con eficiencia. Cualquiera sea el candidato [que gane] tendrá que corregir eso, tendrá que solucionar la ineficiencia en materia de gestión pública.

—A nivel político e institucional, ¿cuál debería ser la salida a esta crisis, más allá de la proclamación de resultados y asunción del nuevo Gobierno?

Tanto el señor Pedro Castillo, como la señora Keiko Fujimori, deben actuar en consecuencia al mensaje que viene de las ánforas. Ninguno de los dos, ni sumados, llegan al 25% de respaldo directo, ninguno de los dos. Este resultado 50-50 prácticamente de la segunda vuelta son votos, por decirlo así, prestados. En consecuencia, creo que hay un mandato muy claro: unidad, buscar una gestión del Estado de ancha base, que llegue a todos. No se trata de ser de izquierda o ser de derecha, no se trata de aparcarnos en la derecha estacionándose en la izquierda, sino de sacar el país adelante. Ambos tienen que entender, cualquiera que llegue al poder, que justamente ese poder es temporal y es limitado, y además no tiene un respaldo directo de más del 25%. El 75% del país está simplemente prestando a cada uno su respaldo. Por eso el mandato es unidad.

—¿Qué le deja el accionar de ambos candidatos frente a los compromisos que han firmado anteriormente?

[Los candidatos] ahora ya van a someter a prueba, justamente, su compromiso democrático, su compromiso con la Constitución. Vamos a ver cómo se comportan ahora en este momento en el que todavía no se terminan de definir las cosas, queremos ver su conducta democrática. Ambos han dicho que van a respetar los resultados de las elecciones, lo que determine el Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto este es un paso importante. Creo que ahora sigue un mensaje a sus correligionarios para que no se exacerbe la situación y, tan pronto se dé al ganador o ganadora, dar señales muy claras de un gobierno de ancha base, que alcance a todos los peruanos.

—Una vez instalado el nuevo Gobierno, ¿debe haber algún tipo de mesa de diálogo, cómo arribar a los consensos tan necesarios?

Justamente el valor del diálogo es importante, lo fundamental, lo esencial es dialogar con el otro, con los otros, porque la unidad entre los mismos no tiene ningún sentido, eso es más bien polarizarse, extremarse. Esto no se trata de estacionarse a la izquierda o estacionarse a la derecha, sino adelante. Sin progreso no hay derechos, extremándonos a un lado o a otro no es posible avanzar, porque el otro extremo lo que va a ser es justamente combatir y no se trata de que nos pasemos cinco años más combatiendo. El problema de los cinco años que han transcurrido, primero, es que ni el Congreso ni el Ejecutivo han entendido que hay un principio constitucional que es el nivel de colaboración, colaborar para que los derechos sean realidad, para que los servicios públicos lleguen hasta el último lugar. Eso es lo que no se ha hecho estos cinco años y por eso tenemos estos resultados.

—Una vez que el JNE proclame los resultados, ¿sería pertinente que alguno de los partidos siga con la lid incluso recurriendo al Poder Judicial?

Creo que ambos han señalado que esa situación no la piensan transitar, sería nefasto por el país.

—No ve, entonces, usted algún riesgo de que el nuevo mandato no se pueda asumir este 28 de julio.

Quien quiera que gane, la otra parte debe proceder a reconocerlo, a apoyar a la otra parte en lo que sea beneficioso para el país, y hacer un control porque, como le digo, la Constitución es eso, es control, un control de la gestión, un escrutinio de la gestión. Eso es lo que corresponde al perdedor y lo que corresponde al ganador.

—Para que quede bien claro, ¿es posible un fraude en mesa?

Yo no voy a hablar de fraude, no hemos visto nosotros ningún tipo de situación que pueda caer dentro del concepto de fraude. Hablar de fraude son expresiones que, de alguna manera, afectan o pudieran pervertir todo el proceso. Los propios partidos políticos han hablado de que el sistema, las instituciones del sistema, no han participado, siquiera por asomo, en una situación como la que usted describe. Se pueden haber presentado situaciones, algunas irregularidades en mesa, pero esto no da cuenta de una situación masiva o sistemática.

—Lo cierto es que el discurso de fraude proviene incluso previamente también desde Perú Libre. ¿Ha habido en todo caso irresponsabilidad desde los discursos de los partidos?

La Defensoría del Pueblo es una institución de derechos fundamentales. Ya los calificativos de carácter político, la narrativa, el discurso que se ha dado, el partido que expone al país, son situaciones que en este momento no vamos a calificar porque no contribuirían a lo que estamos pidiendo, serenidad y tranquilidad. Creo que ambos tienen que guardar serenidad, responsabilidad y tranquilidad.

—¿Pero ayuda a la serenidad y tranquilidad ,por ejemplo, que el candidato Castillo ya se haya proclamado presidente aún sin haberse dilucidado todavía la disputa en el JNE?

De la misma manera que nadie puede hablar de fraude, tampoco nadie puede sustituirse al Jurado Nacional de Elecciones y autoproclamarse. Esta declaración que acabo de hacer no es un pedazo, por si acaso, es conjunta: de la misma manera que nadie puede hablar de fraude, nadie puede autoproclamarse.

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