Mayté Ciriaco Ruiz

En el 2021, las comisiones Unidas de Igualdad de Genero y No Discriminación, y de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) de México anunciaron que revisarían la información entregada por candidatos y cancelarían el registro de aquellos aspirantes condenados o sancionados por violencia familiar, agresiones de género, delitos sexuales o con omisión de alimentos. “Verificaremos que las candidaturas no se encuentren en los supuestos de la 3 de 3 contra la violencia”, señalaron en redes. En el Perú, la situación es diferente de cara a las .

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El 7 de octubre se realizarán las elecciones Regionales y Municipales 2022 en el país. Las hojas de vida de los candidatos inscritos se encuentran en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Un análisis realizado por la Unidad de Periodismo de Datos revela que al menos 805 aspirantes a gobernadores regionales, y alcaldes provinciales y distritales tienen sentencia por violencia familiar y omisión de pensión de alimentos.

La materia de la demanda civil fue violencia familiar y pensión alimentaria, mientras que los delitos penales fueron omisión a la asistencia familiar, violencia y agresión contra la mujer e integrantes de la familia (lesiones leves y graves). 699 son candidatos a alcalde distrital, 155 a alcalde provincial y 11 a gobernador regional.

152 personas registraron sentencia por violencia familiar y 653 por pensión de alimentos. Los candidatos deben declarar las sentencias que han tenido. Según el análisis, el 56% de los que lo hicieron registraron demandas civiles y sentencias penales por estos casos. 60 registran ambos tipos de fallos.

Además, hay 484 candidatos a regidores distritales y provinciales; 3 candidatos a vicegobernadores, 43 candidatos a consejeros regionales y 11 candidatos a accesatarios que también tienen sentencias por estos casos.

Al respecto, Brenda Álvarez, presidenta y abogada de Proyecta Igualdad, menciona que según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (2019) el Perú registra un alto índice de tolerancia frente a la violencia hacia las mujeres (60%). Es decir, una de las características como país es que es normal vivir, observar, permitir, y perpetrar la violencia de género.

Por esa razón, Álvarez señala que es importante entender que esta tolerancia no es solo individual, familiar y social, también involucra, principalmente, al Estado. “Como vemos en este caso, la tolerancia se traslada también al ámbito institucional, como por ejemplo, a la arena electoral”, expone y advierte que el mensaje que recibe la sociedad en su conjunto es que si eres sentenciado o sentenciada por violencia contra la mujer, violencia familiar o por incumplir con una orden judicial que ordenaba con sus obligaciones alimentarias; no hay ningún problema; de todos modos es posible levantar una campaña electoral y ser el abanderado de la defensa de la familia, de los niño y niñas, y luego, con muchas posibilidades, puedes conducir un distrito, provincia, región, o un país.

De esta manera, el círculo de la tolerancia y de la violencia se sigue alimentando. La abogada enfatiza en que el mensaje es claro “violentas e incumples con tus obligaciones alimentarias pero eso no es obstáculo para luego puedas disponer de las políticas que afectarán también a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, señala.

Este hecho, tiene un gran impacto en sus víctimas. “Ellas ven que a pesar de que les costó tanto denunciar y sostener un proceso judicial, al final no importa; siempre ellos ganan. Aún cuando son sentenciados”, sostiene Álvarez.

Los candidatos con más expedientes

Según Álvarez, el hecho de que 56% de los aspirantes a alcaldías provinciales y distritales y gobiernos regionales que tengan sentencia, lo hagan por violencia familiar o pensión de alimentos nos pinta como país de cuerpo entero. “Somos un país marcadamente machista, con una alta tolerancia social y Estatal hacia la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. No nos importan las mujeres, y mucho menos, los niños, niñas y adolescentes”, señala. Por ende, que los candidatos carguen ese tipo de antecedentes no es un tema de interés en el ámbito de la política.

Tres aspirantes registran entre cinco y seis expedientes. Gregorio Espinoza, candidato a alcalde distrital de Marcona (Ica), por Renovación Popular cuenta con seis expedientes. Los fallos dados en su contra implican restricciones a no acercarse ni tener contacto con la víctima, indemnización por daños y perjuicios, obligación a dar una suma de dinero y otorgar 20%de su haber mensual.

Además, se encuentra José Rodríguez, candidato a la alcaldía de Lobitos (Piura) también por Renovación Popular, quien tiene seis expedientes. Según los fallos declarados se aprobó la conciliación por aumento de alimentos; fue fundada en parte dos solicitudes de medida cautelar de asignación anticipada de alimentos y una demanda de alimentos.

Por último, está Walter Gutierrez, candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por el Partido Frente De La Esperanza 2021, quien registra cinco expedientes por violencia familiar y pensión de alimentos.

Otros casos declarados son los de Celso Cayo Huallpamayta, candidato a San Jerónimo (Cusco), también por Podemos Perú, a quien se le dictó una multa y reparación civil y la inhabilitación para acercarse con fines de agresión; y Walter Colonia Cerna, candidato a Marcara Áncash, por Socios por Áncash, a quien según lo declarado tiene dos demandas por pensión de alimentos y una por violencia familiar.

En total, 152 aspirantes a gobernadores regionales, y alcaldes provinciales y distritales tienen sentencia por violencia familiar.

Partidos políticos y regiones con más casos

El partido político que registra más candidatos con demandas civiles y sentencias penales por violencia familiar y omisión de pensión de alimentos es Somos Perú (86). Le siguen Alianza para El Progreso (74), Partido Político Nacional Peru Libre (48), Avanza País - Partido De Integración (36), Juntos por el Perú (31), Acción Popular (30) y Podemos Perú (28).

En total, Hay 100 organizaciones políticas con aspirantes a gobiernos regionales y alcaldías que tienen sentencia.

Los filtros realizados por las organizaciones políticas no han sido suficientes. Un tema central es tener mejores filtros. Tras un análisis de la Unidad de Datos en el que se halló que 79% de alcaldes de Lima tenía investigaciones o denuncias, la exministra de Justicia y Derechos humanos, Ana Neyra, explicó a este Diario que el primer filtro lo realizan los partidos políticos y los movimientos regionales. Estos deberían verificar que quienes postulen no hayan tenido gestiones con denuncias por corrupción en otros cargos, pero además tiene que corroborar el expediente del aspirante a fin de contar con los candidatos más idóneos para el cargo.

“Por un tema de presunción de Inocencia, no es posible que la autoridad electoral le impida a una persona postular por un proceso en trámite. Sin embargo, un partido sí podría poner mayores filtros en su búsqueda de candidatos”, recalcó. Neyra también mencionó que es necesario que la ciudadanía tenga información para votar.

“Hoy, por ley, solo se puede informar de las condenas, pero no de las denuncias o procesos, ni siquiera si son por delitos graves como corrupción o violencia familiar. Proveer de información también podría ser un adecuado filtro”, enfatizó.

Las regiones con más casos son Lima (155), Áncash (150), Cajamarca (123), Cusco (93), Junín (83) y Arequipa (74). Según el análisis, Áncash es la región con más aspirantes que tienen demanda por estos casos (61), mientras que Lima y Cajamarca registran 53 y 52 casos, respectivamente.

Augusto Cayo Cayo, Candidato a alcalde provincial de Paucar de Sara Sara (Ayacucho) por Podemos Perú, fue sentenciado por violencia Familiar. La mayoría de candidatos provinciales con sentencia penal son de Ayacucho y Piura.

Entre las medidas que se pueden tomar para cambiar esta situación, Brenda Álvarez señala que el Estado debe tomar acciones para modificar la alta tolerancia frente a la violencia de género y contra los niños, niñas y adolescentes. Eso permitirá que para la sociedad en su conjunto sea reprochable que un candidato sentenciado por estos delitos se postule a un cargo de elección popular.

Además, los partidos políticos deben adecuar sus Códigos de Ética y/o Reglamentos Internos e incorporar como un tema de interés o como requisito para ser elegido como posible candidato el no contar con este tipo de antecedentes. Este primer filtro es significativo y necesario. “La prevención de la violencia debe comprometer también a todos los partidos políticos”, enfatiza. Por último, por la importancia y la dimensión del problema se debería implementar algún filtro en las entidades que hacen parte del sistema electoral.


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