“Me vas a pagar. Conozco a tus hijos y sé dónde estudian”. Este mensaje le fue enviado a un empresario de Los Olivos hace poco más de una semana en un sobre cerrado junto con dos balas. Cada una llevaba pegado un pequeño papel con los nombres de los dos hijos del hombre de negocios. Es el miedo frente a la amenaza a los nuestros la materia prima con que los extorsionadores operan para procurarse ilícitamente el dinero de sus víctimas.
En años recientes, este delito contra el patrimonio ha cobrado fuerza –sobre todo– en las zonas periféricas de Lima, en cuyos municipios hay menos recursos para la seguridad ciudadana. Sin embargo, la sensación de que se trata de un fenómeno criminal generalizado y en alza en Lima se debe a la ocurrencia de “extorsiones menudas”, según el jefe de la Dirincri, general PNP José Luis Lavalle.
“El 60% de extorsiones [en Lima] no fueron cometidas por bandas u organizaciones, sino por simples vecinos, allegados o familiares de las propias víctimas que cuentan con un mínimo de información privada sobre estas”, señala Lavalle para precisar la definición de la escala menuda de este delito.
El jefe policial explica que recientemente en Puente Piedra, por ejemplo, una pareja de comerciantes denunció ser extorsionada con amenazas, incluso, contra sus hijos menores de edad. Tras las investigaciones, descubrieron que el autor de las llamadas intimidatorias era un vecino de las víctimas.
En lo que va del año, la Dirincri reportó 223 denuncias por extorsión en la capital. No obstante, existe una cifra negra de casos no denunciados ante la policía.
Dos son las razones que llevan a las víctimas a ocultar las amenazas. La primera y natural, el temor a represalias. La segunda, la informalidad de los negocios de las víctimas de extorsión y el consiguiente miedo a que una denuncia devenga en la fiscalización a sus propias actividades.
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