Alcaldes piden cambio radical en la Autoridad de la Costa Verde

PAMELA SANDOVAL DEL ÁGUILA @padmejones

Burocrática. Desfasada. Sin poder de sanción. Veinte años después de su implementación y ensombrecida por el terrible accidente que mantiene a un niño de 3 años en coma, la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), responsable del litoral, no captó punto a favor alguno de parte de los funcionarios reunidos ayer por El Comercio para evaluar la situación de la Costa Verde.

Incluso su presidente, Gustavo D’angelo, coincidió con los alcaldes Jorge Muñoz (Miraflores) y Salvador Heresi (San Miguel), así como con la gerenta de Desarrollo Urbano de Barranco, Maritza Zuta, y el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio en que urge renovar radicalmente las funciones de dicho organismo edilicio.

“Es momento de introducir cambios radicales a este modelo organizacional. Debería ser devuelto a Lima para que lo maneje de una forma integral, con criterio geográfico y homogéneo”, dijo.

¿Qué ha estado mal con la APCV? Para las autoridades municipales, la falta de empoderamiento y liderazgo de la entidad, que no puede ni sancionar a los alcaldes que falten a las reuniones de coordinación.

“Parece que no hay respeto, ni de la autoridad para con los alcaldes, ni de los alcaldes para con la autoridad, pues si no van, terminan enviando a funcionarios sin poder de decisión para las coordinaciones”, opinó Maritza Zuta, gerenta de Desarrollo Urbano de Barranco.

DE OMISIONES Y REMEDIOS
La principal interrogante que desde el accidente de Thiago, ninguna de las autoridades se animó a responder era cuál de ellas es responsable de la seguridad en los acantilados.

Con las normas vigentes a mano, es decir la Ley 26306 (1994) y la Ordenanza 750 de la Municipalidad de Lima (2005), Ruiz de Somocurcio invitó a los funcionarios a reconocer que se trata de una culpa compartida. “Lima tiene responsabilidad de aprobar [planes], pero los alcaldes debieron exigir respuestas. Sería un buen gesto asumirlo”, observó. 

La propuesta fue secundada por Javier Sota Nadal, presidente de la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape), quien recordó que la comuna ya le encomendó trabajar en la colocación de mallas y rejas.

“El enmallado está en camino. Tenemos 150 millones de soles para los tramos de San Miguel a Magdalena, y de Miraflores a Chorrillos. Pero hay que reconocer que ninguna malla evitará que las piedras caigan”, explicó.

Para el alcalde Heresi, de San Miguel, la Municipalidad de Lima fue la primera en vulnerar la poca seguridad que aún hay en la Costa Verde. “Ignorando las recomendaciones de Defensa Civil, Lima reabrió el carril de mi distrito que iba pegado al acantilado. Allí ya había muerto una persona, pero en las nuevas obras no se consideró. Ni siquiera pusieron mallas para evitar el riesgo”, denunció.

NUEVA VISIÓN Y LEGISLACIÓN
Otro de los consensos entre los asistentes fue la naturaleza real de la Costa Verde: no es una vía rápida, sino el espacio de integración y descanso para nueve millones de limeños. “En la Costa Verde veranea y se relaja la tercera parte de la población peruana. Lo ocurrido con Mistura demostró que el litoral puede integrar a toda la ciudad”, dijo D’angelo.

Para este propósito, acotó el alcalde Muñoz, urge evaluar las leyes actuales y proponer otras que agilicen la administración del litoral. “Si no, seguiremos como hasta hoy: por un lado se dice que la Costa Verde es de todos, pero cuando hay temas de responsabilidad entonces se dice que es del distrito. Así no vamos a ningún lado”, lamentó.

Heresi afirmó que un inconveniente para desarrollar el litoral con inversiones privadas es la Ordenanza 1414 de Lima (2010), que decretó la intangibilidad de los acantilados.

“Todos admiramos Larcomar, que usa hábilmente el terreno. Magdalena tiene un proyecto similar, pero no puede licitarlo por la intangibilidad. Pero, ¿no era que los distritos somos dueños del terreno?”, se preguntó.

ALGUNAS PROPUESTAS
MEDIACIÓN DEL CONGRESO
Los alcaldes de Miraflores y San Miguel recordaron que el Gobierno Central financió las grandes inversiones en la Costa Verde. “El Congreso podría ayudarnos sincerando las normas”, dijo Jorge Muñoz.

UN EJE TURÍSTICO
Los funcionarios plantearon rescatar la Costa Verde para uso exclusivo como sitio de veraneo. “Ganando terreno al mar podremos ampliar la pista, pero no para hacerla vía expresa”, dijo Gustavo D’angelo.

UN DIRECTORIO EFICIENTE
La renovación de la Autoridad del Proyecto Costa Verde debe contemplar sanciones para los distritos que no asistan a sus reuniones.