Cercado de Lima y Lince: así operaban los centros de extorsión disfrazados de call centers en donde decenas de jóvenes trabajaban

La operación se puso en marcha a las 11:00 a.m. del pasado viernes, en un edificio de la cuadra 2 de la avenida República de Chile, en el Cercado de Lima; así como en otros dos inmuebles ubicados en la cuadra 24 y 25 de la avenida Arequipa, en Lince, cerca del límite con San Isidro. La red delictiva intimidaba a ciudadanos que viven tanto dentro como fuera del territorio peruano. El comandante general de la PNP, Jorge Angulo, sostuvo que se había detenido a un promedio de 300 personas, quienes formaban parte de esta organización criminal con impacto a nivel sudamericano.

El traslado de los detenidos por medio de cuatro buses fue de tal magnitud que la avenida España tuvo que ser cerrada por varios minutos, por lo que el servicio de transporte se vio interrumpido, incluso los buses del Metropolitano dejaron de transitar.

Según información a la que accedió El Comercio, la banda perpetraba extorsiones contra usuarios que habían pedido préstamos a través de la aplicación móvil “Alpacash”. Al recibir los respectivos préstamos, los criminales tenían acceso a los datos personales y archivos multimedia de los celulares de sus víctimas, ya que estas se registraban en la app. Este diario pudo conocer que, utilizando esta información, los delincuentes amenazaban a las personas con divulgar contenido íntimo o con contactar a sus familiares si no cumplían con el pago de sus deudas.

“Estamos hablando de una organización criminal que capta personas para trabajar en este call center, donde en realidad se extorsiona, a través de llamadas y mensajes, a ciudadanos peruanos y extranjeros. Esto implica a unas 7.000 víctimas extorsionadas”, mencionó Angulo en declaraciones obtenidas por El Comercio.

En el marco de los operativos, se confiscaron tarjetas SIM de celulares, equipos móviles, discos duros, laptops y otros dispositivos electrónicos que estaban siendo utilizados para cometer actos delictivos. Jorge Angulo indicó que, de las 300 personas intervenidas, un promedio de 20 serían los cabecillas. Además, entre los jóvenes detenidos se observaba a ciudadanos chinos, venezolanos, colombianos y peruanos.

Así se comunicaban los trabajadores de la empresa con los usuarios.

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Así se comunicaban los trabajadores de la empresa con los usuarios.

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Así se comunicaban los trabajadores de la empresa con los usuarios.

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Así se comunicaban los trabajadores de la empresa con los usuarios.

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A través de fuentes policiales, El Comercio conoció que en la gran mayoría de casos las víctimas previamente habían solicitado préstamos. No obstante, también había gente que jamás pidió dinero. Básicamente los sorprendían y trataban de jugar con el miedo de las personas, señala la teoría de las autoridades.

“Muchas veces sí tenían realmente información delicada y personal, pero otras veces solo jugaban con el temor de las personas. Los intereses que cobraban eran altísimos, impagables”, señaló un colaborador durante su testimonio, declaración a la que accedió este diario.

El Ministerio Público reveló que la identidad del supuesto líder de la organización delictiva sería Juan Kwo León Chan Pan. La investigación está a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla.

La mayoría de los detenidos eran bastante jóvenes e incluso adolescentes, por lo que sus padres aseguraron que ellos no sabían de las actividades criminales de las bandas, pues laboraban en un área de cobranzas como cualquier entidad financiera. Los familiares de las decenas de jóvenes y adolescentes se acercaron hasta la sede de la Dirincri para conocer la situación. Allí, señalaron que sus hijos solo realizaban llamadas para recordar a los clientes las fechas de pago cuando estos se retrasaban en los abonos.

“Mi hija tiene 21 años. Esta era una empresa que les pedía todo en regla, antecedentes policiales incluso, entonces uno se agarra con la sorpresa de que ahora dicen que es una estafa. Los muchachos son inocentes. Todos son jovencitos. Ella trabaja para pagar sus estudios”, comentó el ciudadano Everson González.

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El padre relató que su hija empezó a trabajar en uno de los calls center intervenidos apenas en diciembre, luego de que un excompañero de colegio le ofreciera la posibilidad de tener un empleo que le permitiera compaginar el trabajo con sus estudios universitarios. “Es triste que los saquen así y hagan un show, esos muchachos psicológicamente cómo van a quedar. Esas cosas van a estar registradas en Internet y eso es un daño para estos muchachos”, opinó.

“Mi hija tiene 29 años. Ella realizaba cobranzas. Simplemente trabajaba, a quienes tienen que buscar es a los dueños. No es posible que unos jóvenes de entre 18 a 30 años vayan a pagar por un delito cuando no tienen nada que ver. Mi hija no es ninguna delincuente”, expresó la ciudadana Carolina Zambrano.

Un día después del megaoperativo, algunos de los detenidos, sobre todo los más jóvenes, fueron puestos en libertad; no obstante, las investigaciones seguirán en camino. El motivo de la PNP para realizar dicha acción fue que “quienes se encargan de organizar e invertir en la banda son los cabecillas (quienes son mayores) (…). Lo importante es que los jóvenes hayan aprendido que estos malos hábitos implican un delito muy grave”, acotó Angulo.

Cabe resaltar que la familia de Sandro Aimar Gutiérrez Vela, de 23 años, uno de los intervenidos que posteriormente fue liberado, ha denunciado su desaparición.

Ronny Santillán, abogado penalista, explicó a El Comercio que, respecto a los cabecillas que se encargaban de organizar la banda, habrían cometido el delito de extorsión con la agravante de pluralidad de agentes delictivos, tipificado en el artículo 200 del Código Penal. “La pluralidad de agentes delictivos quiere decir que han participado dos o más personas para cometer este delito”, añadió. Por ello, la sanción sería de hasta 25 años de pena privativa de la libertad.

Otro delito que el especialista considera que se puede haber cometido es el de organización criminal, ubicado en el artículo 317 del Código Penal y cuya pena privativa de la libertad sería de hasta 20 años. Además, mencionó el delito de lavado de activos, el cual se encuentra en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1106 y cuya pena es no menor de 25 años. “Lo agrego porque el dinero producto de la extorsión sería insertado al sistema crediticio a través de otros préstamos (…). Hay que resaltar que en la web de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros del Perú) se observa que la app ‘Alpacash’ utilizada por esta banda, se encuentra en el primer lugar en la lista de apps no autorizadas para funcionar en el país”, dijo.

Por otro lado, respecto a los jóvenes que hacían las llamadas, Santillán precisó que la responsabilidad delictiva va a depender de su grado de participación. “Los que hacían las llamadas con la intención de cobrar, pero sin ninguna amenaza ni cobranza coactiva, no tendrían responsabilidad. Pero, si esta cobranza la hacían mediante amenazas, groserías, entre otros, entonces sí se podría hablar de cierto grado de participación. Podrían responder como cómplices de la extorsión, o incluso autores”, acotó.

Eduardo Quesquén, especialista en tecnología y gerente de Moventi, recomendó a los consumidores que revisen detalladamente los comentarios de otros usuarios antes de descargar una aplicación. “La app solo es la punta del iceberg, acá hay mafias que están extorsionando a las personas (...). Google debe aprender de Apple y empezar a pedir documentos que acrediten la representación de la empresa, el número de RUC, entre otros”, mencionó.

Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó que para los ciudadanos suele ser engorroso calcular si la tasa de interés que les están cobrando es superior a la permitida. Por ello, es recomendable seguir las redes sociales de la SBS ya que constantemente se publican los nombres de las aplicaciones que fueron detectadas como fraudulentas.

Del mismo modo, Santillán recomendó a los jóvenes en busca de trabajo que también visiten el sitio web de la SBS para verificar qué aplicaciones están autorizadas y ofrecen garantías de seguridad, de esa manera, sabrán filtrar a qué empresas postular y a cuáles no.