El titular de la comisión interventora de la Asamblea Nacional de Rectores en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Fredy Aponte, cuestionó los presuntos malos manejos en dicha casa de estudios y se mostró a favor de que se investiguen a fondo.
"La educación es un bien social y como tal todo el pueblo peruano tiene que mirar cómo se da la educación y máximo el Estado. El Estado tiene que estar en función de cómo es la educación. Ninguno puede tener autonomía absoluta para hacer lo que le da la gana. A pesar que pueda tener todas las situaciones legales, pero evidentemente acá no es el caso. Esta es una universidad es de todos y no es de nadie. Esta es una universidad sin fines de lucro", manifestó.
Según dijo, en el caso de la UIGV, los cuestionamientos son muy serios en torno a presuntos malos manejos financieros.
"Justamente ahí está la aberración más grande que han cometido en la parte ilícita, que los recursos supuestamente en exceso han sido distribuido por las personas más allegadas. ¿Cómo puede ser que un rector gane de S/.2 millones. Ahora va a haber elecciones y va a recibir S/.6 millones", continuó.
El ex rector de la Universidad Nacional de Piura fue designado como presidente de la comisión interventora en la quincena de mayo. Casi tres meses después, no ha podido asumir funciones. Si bien en algún momento logró ingresar a una sede, luego fue desalojado violentamente.
EL DATO
Aponte es representante de la Asamblea Nacional de Rectores, ente que podría desaparecer en los próximos días si se concreta la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), en el marco de la recientemente aprobada Ley Universitaria.
Si bien Aponte mostró su indignación por los presuntos malos manejos en la UIGV, las denuncias periodísticas que fundamentan estas dudas no son nuevas.
A inicios del año ya se hablaba de supuestos excesos en las remuneraciones del rector, Luis Cervantes Liñán, algunos de sus familiares directos y allegados, como por ejemplo Óscar Romero Aquino, secretario general desde 2004 y quien ostenta el sueldo más alto de la universidad, solo después de Cervantes.
En las próximas horas, la jueza Lissett Loretta Monzón Valencia decidirá la suerte de la comisión interventora. La administración de Cervantes presentó una medida cautelar para detener la intervención de la ANR.
