Ataque a Minera Poderosa: 60 efectivos policiales fueron enviados a la zona para reforzar la seguridad y se planea llevar a las Fuerzas del Orden

El Ejecutivo está considerando la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, La Libertad, tras el ataque perpetrado por un grupo de criminales, presuntos mineros ilegales y miembros de la organización del Tren de Aragua, contra la minera Poderosa. Esta tragedia ocasionó la muerte de siete miembros de seguridad y dos obreros. Así lo informó el Ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien indicó que la decisión se comunicará durante la sesión del Consejo de Ministros de este lunes.

Además, Chávez anunció que la seguridad en la zona se fortalecerá con la llegada de al menos 60 agentes policiales. “Quisiera expresar nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Se han desplazado cerca de 60 efectivos al lugar, eso lo ha llevado a cabo el Ministerio del Interior con nuestra policía. El día de hoy tendremos una reunión dispuesta por la presidenta y el premier para determinar cuál será el actuar de las Fuerzas del Orden”, afirmó.

El ministro añadió que tiene conocimiento de tres bandas criminales que operan en la zona, las tres extranjeras y vinculadas al Tren de Aragua. “Estamos evaluando las medidas que debemos tomar. Después de coordinar con el Consejo de Ministros el día de mañana, se implementarán acciones rápidas. Hoy estamos llevando a cabo reuniones, estoy seguro de que se acordarán de manera consensuada las medidas para alcanzar una solución definitiva”, dijo.

Previamente, el gobernador César Acuña solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los heridos están siendo atendidos en la Clínica San Pablo. Como autoridades, estamos cumpliendo con nuestro deber, pero mucho dependerá de la actuación del gobierno y la policía. He solicitado al Premier la presencia del Ejército”, indicó. Cabe resaltar que la provincia de Pataz se encuentra actualmente en estado de emergencia.

Además, destacó que se trata de un enfrentamiento entre sectores formales e informales, con intereses económicos en juego. “Si no interviene la policía, el Ejército, y todos los involucrados, esto se convertirá en un caos”, advirtió.

Por otra parte, el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariño, declaró a la prensa que percibe un desinterés por parte de las autoridades del Gobierno Central en esa zona norte del país. “Es algo sumamente doloroso y preocupante. Lo ocurrido en el distrito de Pataz es un acto terrorista. Verdaderamente, esto evidencia la falta de gobernabilidad, muestra que no contamos con un presidente de la República ni con un Ministro del Interior. La situación ha llegado a un punto crítico, se ha salido de control”, afirmó la autoridad regional.

El alcalde aseguró que, en su jurisdicción, los policías carecen del equipamiento necesario para llevar a cabo sus labores. “En toda la provincia, que abarca 13 distritos, contamos con apenas cuatro comisarías. ¿Cómo pueden los efectivos policiales hacer su trabajo si no disponen de vehículos, ya sea camionetas o motos, para movilizarse? ¿Cómo puede la policía hacer frente a este flagelo?”, enfatizó.

Es importante precisar que los siete miembros de seguridad fallecidos pertenecen a la empresa contratista privada Huayna. Además, son siete los detenidos por el Ministerio del Interior, quienes serían los presuntos responsables.

Durante la tarde del domingo, el gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, había informado que la cifra de fallecidos subió a diez, indicando que uno de los heridos no había podido superar una operación. No obstante, horas después pidió disculpas por esa información. Con ello, al cierre de esta edición el número de víctimas mortales se mantuvo en nueve.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) expresó su rechazo al ataque que sufrió la mina de la compañía minera Poderosa. “Se emplearon armas de fuego y explosivos; además, también se dejó a trabajadores heridos, quienes vienen recibiendo atención médica en diferentes centros hospitalarios”, comunicó.

La entidad denunció que este hecho no es aislado, pues desde el año pasado el campamento de la minera Poderosa ha sufrido una serie de atentados que ocasionaron la muerte de siete colaboradores y graves daños materiales. “Los mineros ilegales, en alianza con peligrosas organizaciones criminales, se han convertido en un factor de inseguridad ciudadana, al haberse posicionado como la primera actividad ilegal en el Perú, superando al narcotráfico. No solo invaden concesiones y operaciones mineras, también ponen en riesgo la vida de los peruanos”, afirmó.

Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perú Cámaras) solicitó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial coordinar acciones concretas y efectivas. “No son solo grandes o medianas empresas las que son víctimas diarias de la delincuencia. Los son también las micro y pequeñas empresas, e incluso emprendedores individuales que son obligados a pagar cupos bajo la amenaza de ser asesinados”, manifestó el presidente de Perú Cámaras, Oscar Zapata.

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En una entrevista con El Comercio, Alfonso Medrano Samamé, presidente de la cámara de comercio de La Libertad, lamentó lo ocurrido. “Algunos trabajadores de Poderosa son miembros de nuestro directorio y nos sentimos apenados por lo que están pasando. Pero también, lamentamos la lentitud de las autoridades para prestarle atención a este problema”, mencionó.

Aseguró que, desde hace dos meses, mediante una reunión, le pidió a la presidenta Dina Boluarte que apoye a la policía brindando mayor armamento y logística; sin embargo, esto no llegó a realizarse. “Tenía que destinar recursos al Gobierno Regional, pero hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Queremos manifestar nuestra indignación, ya que parece que las autoridades no tienen un objetivo claro ni estrategias para combatir la delincuencia”, acotó.

Por su parte, el Ministerio de Interior (Mininter) explicó que se dispuso el traslado a la zona del personal de Homicidios de la Dirincri, con la finalidad de que realicen las primeras indagaciones y la captura de los responsables.

La Gerencia Regional de Salud de La Libertad dio a conocer el estado de las quince personas que quedaron heridas. La entidad señaló que, hasta el momento, diez de los lesionados fueron llevados a Trujillo, mientras que los otros cinco, que aún no han sido identificados, serán trasladados en las próximas horas.

Los heridos son los siguientes.

Los fallecidos son los siguientes.

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) adicionó que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones en la lucha de la defensa del Estado contra las mafias que buscan socavar la estabilidad en el país. “Este es un atentado contra la inversión privada y el Estado de Derecho. Es tarea de las autoridades asegurar las condiciones de seguridad para la población, así como para las empresas que operan a nivel nacional. Se necesita fortalecer la unidad de inteligencia, y el trabajo articulado con instituciones como el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas”, manifestó el gremio.

Del mismo modo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) instó al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas y abordar este problema. “En este acto violento, participaron mineros informales con respaldo de organizaciones delictivas. Armados y con explosivos, ingresaron a la mina de oro. Sabemos muy bien el daño que la violencia causa, no solo a nivel humano, sino también a la estabilidad política y económica del país. Por ello, es crucial no permitir que estos actos se repitan en nuestro territorio”, sumó.

La Asociación IPAE adicionó que el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Policía Nacional deben enfocarse en actuar lo más pronto posible y, en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, asumir todas las medidas pertinentes para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Finalmente, la Asociación de Exportadores (ADEX) exigió una exhaustiva investigación y todo el peso de la ley para los responsables de este atentado.

Poderosa emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida de sus colaboradores, advirtiendo que, como se mencionó más arriba, esta no es la primera vez que se enfrentan a una tragedia similar. Anteriormente, ataques de bandas criminales resultaron en la muerte de siete trabajadores. “Instamos al Estado peruano, a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras autoridades involucradas, a que se esfuercen para combatir la criminalidad”, señaló.

A raíz de ello, tras tomar conocimiento de lo sucedido, los comisionados de la Defensoría del Pueblo intervinieron de inmediato para constatar la atención médica de los heridos, y actualmente permanecen en la clínica realizando coordinaciones y apoyando a los familiares.

La mina está ubicada en el distrito y provincia de Pataz, a casi 320 Km de la ciudad de Trujillo, a una altura que va casi entre los 1.200 y 3.000 m.s.n.m. en la región La Libertad, Perú. Está integrada por más de 3.500 personas entre contratistas y personal de planilla. Es importante precisar que la compañía minera se fundó el 5 de mayo de 1980.

Además, de acuerdo al último boletín del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Compañía Minera Poderosa S.A. es la segunda productora de oro a nivel nacional con una participación de 8.3%.

Fuentes de El Comercio informaron que los cuerpos de los fallecidos están siendo trasladados a la ciudad de Trujillo. Además, aseguraron que los responsables formaban parte de organizaciones criminales que se dedicaban a la extorsión, pero ahora se dedican a prestar seguridad a los mineros ilegales en Pataz, aunque luego terminan apropiándose de sus tierras.

Al margen de ello, fuentes de la policía comentaron a El Comercio que hubo una “actuación desprolija” por parte de los miembros de la seguridad privada Huayna, empresa a cargo de estas labores en la minera Poderosa. Esto, señalaron agentes de criminalística, habría ocasionado el intercambio de balas y las explosiones, derivando en las muertes de las nueve personas.

Ante ello, Rubén Vargas, experto en crimen organizado y política, señaló a este Diario que, en los últimos años, organizaciones transnacionales se dirigen a zonas donde se desarrolla la minería ilegal. “En el caso de Pataz, la situación de inseguridad se da debido a la falta de autoridad en la zona. Sin embargo, se ha complicado aún más con la llegada del Tren de Aragua”, expresó.

El experto resaltó que el Tren de Aragua ha ampliado su influencia y control territorial debido a la ausencia de autoridad estatal. Afirmó que los criminales operan con total impunidad, ya que el gobierno habría abandonado a la empresa minera Poderosa, sin ofrecer ninguna respuesta a pesar de conocer la situación. Subrayó la necesidad de implementar una estrategia integral para abordar este problema, y abogó por un mayor esfuerzo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Sunat para prevenir el lavado de dinero en la cadena de proveedores.