Enrique Vera

En cinco meses, una presunta red delictiva que habría operado desde la Gerencia de Transporte y Tránsito de la generó más de un millón de soles en pérdidas para la comuna. Los hechos se remontan al período comprendido entre enero y mayo del 2018, es decir, durante el segundo gobierno municipal del hoy detenido .

El informe 021-2018 del Órgano de Control Interno (OCI) del municipio da cuenta de que, en ese período, al menos 475 papeletas y fotopapeletas de tránsito fueron anuladas de forma irregular y sin el debido sustento por la gerencia chalaca. El agravante del caso es que gran parte de las infracciones eliminadas fueron cometidas por exfuncionarios municipales, así como por sus familiares y amigos. Otro grupo de las papeletas anuladas sería de infractores que pagaron sobornos.

La denuncia fue presentada el 31 de enero por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Callao contra el exgerente de Transporte y Tránsito, José Martín Fort, e incluye a otros 25 exfuncionarios, por presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. La mayoría de los denunciados fueron parte del despacho encabezado por Fort entre el 2016 y el 2018.

La acusación alcanza a los parientes de los exfuncionarios por el delito de tráfico de influencias. Las pesquisas en el ámbito fiscal tienen como objetivo determinar si ellos fueron cómplices de la red actuando como nexos para que otras personas consiguieran la eliminación de sus multas a cambio de pagos.

El procurador anticorrupción descentralizado del Callao, Engie Herrera Yactayo, indicó a El Comercio que cada papeleta contemplaba, en promedio, multas de S/446. En algunos casos, había infractores que registraban hasta S/100 mil en multas. En otros, fueron suprimidas hasta 36 papeletas a una sola persona. “Las resoluciones de anulación se emitieron con la rúbrica de la Gerencia de Transporte. Es el mismo gerente el que anuló las 475 papeletas”, dijo.

Círculo sospechoso

El presunto circuito irregular se iniciaba con el envío de una solicitud de anulación de multa al entonces alcalde Juan Sotomayor. Según la OCI, ningún documento llevaba adjunto un elemento de prueba que respaldara el pedido. Luego, Sotomayor remitía la solicitud a su Gerencia de Transporte. Ahí, el equipo de funcionarios a cargo de Fort proyectaba, valoraba y sustentaba las resoluciones de anulación. Fort, finalmente, las firmaba.

En su peritaje, la Procuraduría Anticorrupción del Callao detectó que las resoluciones de anulación de las 475 papeletas se realizaron siguiendo dos modelos. Es decir, casi todas eran idénticas. Además, que al menos 51 de las solicitudes de anulación enviadas por familiares de los exfuncionarios chalacos fueron resueltas tres o cuatro días antes de que siquiera llegaran a la Gerencia de Transporte.

De acuerdo con la denuncia de la procuraduría, por ejemplo, al exgerente de Abastecimiento Víctor Andrés Burga Sánchez le fueron anuladas 36 papeletas; tres al exsubgerente de Coordinación y Apoyo del Programa Vaso de Leche, Christopher Falcón; y la misma cantidad al excoordinador de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Comercialización, Christofher Vargas.

El documento consigna entre los familiares a los que se les suprimieron las infracciones de manera irregular a Aída Sotomayor García y Luis Esterripa Córdova, hermana y cuñado del exalcalde Sotomayor; a Carlos Urbina Rivera y Denisse Puch Bustos, hermano y cuñada del ex teniente alcalde Rafael Urbina; y a Renzo Galarza López, hermano del exgerente general de Asesoría Jurídica y Conciliación Francisco Galarza. La lista es larga.

La Procuraduría Anticorrupción del Callao estima que, en todo el 2018, el perjuicio a la comuna chalaca con la irregular anulación de multas de tránsito ascendería a casi S/3 millones, y que se habrían registrado pérdidas similares durante los años anteriores en que la presunta mafia operó en la Gerencia de Transporte.

Si bien las pesquisas aún no han hallado evidencia concreta de que Juan Sotomayor haya participado en la anulación de multas de tránsito, sí han establecido su vinculación directa con el área donde aquello se producía. “Él era quien aprobaba el presupuesto para el área de Transporte y evaluaba la continuidad de sus funcionarios”, dijo Herrera.

Este caso se suma a la reciente acusación contra Sotomayor por presuntamente haber encabezado la red criminal Rich Port II, por la cual cumple 36 meses de prisión preventiva. Según las primeras investigaciones, esta habría cobrado hasta S/6 millones durante un año en pagos a trabajadores fantasmas de Eslimp Callao.

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