Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
La madrugada del último miércoles, al menos 18 personas fueron intervenidas de manera simultánea en Lima, Piura, Tumbes y Cajamarca durante un mega operativo ejecutado por el Primer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo del fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Este grupo integraba una organización criminal identificada como ‘Los abastecedores de Ventanilla y Callao’, la cual se dedicaba a la distribución de armas de fuego a delincuentes comunes y a bandas criminales nacionales e internacionales. Una de las armas comercializadas por esta organización se habría usado en el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, informó la Fiscalía.
Un total de 28 inmuebles fueron allanados a nivel nacional. En ellos se incautaron de 40 pistolas, 60 escopetas y carabinas. Además, también 423.356 municiones, siete cartuchos, computadoras, celulares, USB, dinero y documentación de los intervenidos.
Según las investigaciones, la organización criminal estaría dirigida por Jorge Humberto Lamela Villanueva, alias ‘Lamela’ y por Melchor Edgar Sanjinez Cabrera, (a) ‘Edgar’. Este último vendía armas y municiones en Tumbes, Piura, Cajamarca y el Rímac en Lima, utilizando su empresa formal como fachada, “Armas y Municiones el Cazador E.I.R.L.”
Así accionaba
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía de la Nación, declaró a El Comercio que ‘Los abastecedores de Ventanilla y Callao’ captaba a personas de bajos recursos que eran identificados como ‘prestanombres’ para que pasen un proceso de capacitación con integrantes de la organización y luego puedan acudir a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) a solicitar una licencia para usar y comprar armas.
A los ‘prestanombres’ se les entregaba una suma aproximada de S/800 por el servicio. Una vez que contaban con los permisos para comprar el arma, recurrían a una de las tres empresas que manejaba la organización criminal para adquirirla con dinero de la misma. Al poco tiempo, los ‘prestanombres’ denunciaban en las comisarías la supuesta pérdida o robo del arma. También eran transferidas notarialmente a otros integrantes de la organización criminal. La realidad era que las armas terminaban en el mercado negro.
Prueba de ello es que un hombre identificado como Mirko compró 17 armas de fuego. Él, según la Fiscalía, es un chófer de combi. El costo total de las armas supera los S/50.000, cifra que no se podría justificar con el tipo de ingreso que genera su ocupación laboral, por lo que es investigado. En su declaración él sostuvo que en marzo de 2023, un huaico provocó que las armas desaparecieran.
“Su modus operandi funcionaba así: una vez que ellos tenían el arma [los prestanombre], iban a la comisaría y presentaban una denuncia por pérdida o robo. De esta forma ya cerraban responsabilidad por el arma, pero esta terminaba en el mercado negro tanto en organizaciones criminales del Perú como del Ecuador”, declaró a este Diario el fiscal Chávez Cotrina.
Las indagaciones policiales determinaron que ‘Lamela’ era quien financiaba la compra de las armas de fuego a través de Roberto Carlos Sanjinez Pardo, alias ‘Armero’, para no ser identificado por la policía.
En efecto, el armamento llegaba hasta el mercado internacional al punto de que se presume que una de las armas distribuidas por la organización habría sido la usada en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.
“Por información que están intercambiando las autoridades ecuatorianas y peruanas, una de esas armas podría haber sido la usada para asesinar al candidato presidencial [ecuatoriano. Fernando Villavicencio]”, informó el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
Frontera en la mira
El Comercio ha alertado en diversas entregas el abandono de la frontera de Perú con Ecuador, lo que genera un escenario propicio para el contrabando de armas de fuego, guerras entre organizaciones criminales, tráfico de oro ilegal, trata de personas, entre otros delitos conexos.
A mediados de enero de este año, la Unidad de Investigación (UI) de este Diario publicó un informe titulado “Tumbes, en la frontera con Ecuador, concentra el 92% de toda la munición incautada en el Perú”, en el cual se señaló que durante el año 2023 se confiscaron 391.239 municiones en la región fronteriza, una cifra muy elevada en comparación con la del 2022, de solo 2.832. Demostrando que hubo un aumento de más de 13.000%. Además, en él se precisó que lo incautado representó el 92% del total a nivel nacional.
Según un informe de inteligencia al que accedió la UI, el año pasado 375 armas de fuego fueron incautadas en la frontera de Perú con Ecuador. En tanto, en 2022 fueron 311: Loreto (151), Tumbes (89) y Piura (71). Por otro lado, el mismo informe periodístico alertó sobre la presencia de armas peruanas en territorio ecuatoriano.
Una entrega similar resaltó la poca presencia de Puestos de Vigilancia Fronteriza Policial en casi la mitad de la frontera con Ecuador. Documentos policiales a los que este Diario tuvo acceso revelaron la existencia de bandas criminales como Los Choneros, Los Tiguerones, El Tren de Aragua, La Constru, ELN y el Frente Carolina Ramírez, entre otras que laboran en la frontera.
Cabe resaltar que la región Amazonas no cuenta con ningún puesto de vigilancia, pese a ser un territorio considerado como zona de cultivo de amapola, marihuana y de minería ilegal. Precisamente en esta región que también limita con el Ecuador, desde la provincia de Condorcanqui todos los días salen aproximadamente 12 volquetes cargados de oro ilegal en bruto hacia el país vecino.
La Fiscalía de la Nación sigue investigando el caso de ‘Los abastecedores de Ventanilla y Callao’ para determinar las rutas por donde salían las armas hacia el país vecino, entre otros detalles vinculados al tráfico de armas a nivel nacional e internacional que habrían venido beneficiando al mercado negro criminal.
