Entre candidatos corruptos y narcos, por Raúl Castro

A pocas semanas de la más numerosa contienda electoral del país –más de 116 mil candidaturas a presidencias regionales, alcaldías municipales y distritales, y regidores, un récord histórico–, algunas denuncias están revelando lo precario y contaminado que está nuestro sistema político corriente.

Fue materia de escándalo el destape del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el que junto al Poder Judicial identificó 2.131 candidatos con antecedentes penales. Más de 340 de ellos tienen sentencia vigente.

Partidos nacionales y movimientos regionales por igual tuvieron reacciones tardías al descubrir entre sus filas a aspirantes a servidores públicos que tenían condenas efectivas por hurto y robo agravado, tráfico de drogas, terrorismo o violación, por citar algunos delitos, así como incumplimiento de pensión familiar e incluso parricidio en un par de casos.

Para muestra unos ejemplos de Lima: Luis Ipanaqué, postulante a regidor por Vamos Perú en San Juan de Lurigancho, aún afronta sanción por microcomercio de drogas. Alfonso Bobbio, del Partido Aprista y aspirante a regidor por San Miguel, tiene sanción por hurto agravado. Melquiades Salcedo, candidato a alcalde de Surco por Acción Popular, por tentativa de violación.

Lo que queda en evidencia es la nociva crisis en la que partidos y organizaciones políticas demuestran estar, pues no son capaces de hacer cosa alguna para filtrar mínimamente a quien llevan en sus listas.

De los partidos ya no podemos esperar más. Como me comentó el analista Federico Tong, los partidos han dejado de ser las columnas vertebrales de la representación ciudadana para pasar a ser meras franquicias en alquiler, apenas marcas reconocidas por los electorales para aglutinar intereses particulares, no siempre legítimos, menos aun de interés general.

Por eso es destacable que distintos organismos oficiales, como el JNE, y otros de la sociedad civil, como Transparencia y la agencia Veritas, generen mecanismos de monitoreo y fiscalización para identificar potenciales focos de delitos y corrupción incrustados en los gobiernos de toda escala.

Si bien el Estado ha intentado poner ciertas restricciones por ley para evitar que la delincuencia organizada se instale en los gobiernos y desde ahí use el poder como extensión legal de sus acciones ilícitas, las mafias y los particulares inescrupulosos siempre encuentran formas de infiltrarse en el organigrama institucional.

¿Cómo llega a Fuerza Popular el cuestionado Víctor Grandez? ¿Qué fue lo que no hizo Solidaridad Nacional para evitar que los gerentes de su líder, Luis Castañeda, se coludieran para lavar dinero del narcotráfico en la Municipalidad de Lima? ¿Quieren Fuerza Social y Susana Villarán deslindar las acusaciones que la contraloría formula sobre la gestión en la Caja Metropolitana?

Cuando los partidos no tienen capacidad de fiscalización ni desean tenerla, los ciudadanos tenemos que generar mecanismos de defensa. Y los partidos deberían ser considerados responsables pasivos sujetos de sanción. Quizás así asuman su rol seriamente.