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Son seis los alcaldes que, pese a afrontar juicios por presunto mal uso de los recursos públicos, mantienen las encuestas a su favor en estas elecciones municipales. La lista no contempla a autoridades con denuncias en la fiscalía, sino aquellos con procesos en los que se ha encontrado evidencia para llevarlos a los tribunales por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito o malversación de fondos.
Los Olivos lidera el ranking. Felipe Castillo tiene 43 juicios en curso, los más graves son por la construcción de una universidad con dinero destinado a obras sociales, la creación de una caja municipal que nunca pudo funcionar, cobros irregular de bonos, etc. Si bien él decidió dejar el sillón municipal que ocupó por 18 años, es su hijo, Felipe Castillo Oliva, quien postula a la alcaldía con Siempre Unidos y encabeza las preferencias porque el 45% de vecinos -según Ipsos Perú- aún apoya la gestión de su padre.
Similar situación ocurre en San Juan de Lurigancho, donde la misma encuestadora indica que el 35% de vecinos aprueba la labor de Carlos Burgos, candidato tachado pero cuyo sucesor en Solidaridad Nacional, David Nestares, ha alcanzado el segundo lugar. Ambos se encuentran procesados por enriquecimiento ilícito. Le sigue el alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, enjuiciado desde el 2011 por su presunta participación en pagos por obras fantasmas y que con apoyo del PPC lidera las encuestas con amplia ventaja. El fiscal que lo acusó retiró los cargos en su contra la semana pasada pero la Procuraduría Anticorrupción apeló.
Encontramos además al alcalde Chorrillos, Augusto Miyashiro, con cuatro juicios vigentes por malversación de fondos y peculado en el Cafae del municipio, la Casa de la Mujer y por financiar obras en otro distrito. Él se mantiene 15 años en el cargo y los sondeos indican que se reelegirá ampliamente.
También se registran procesos por peculado y colusión en los Juzgados de Investigación Preparatoria contra los alcaldes Enrique Peramás, que se reelegiría en Rímac con amplio margen; y Leonor Chumbimune, quien busca ocupar el sillón municipal de Santa Anita por tercera vez. Ambos van por Solidaridad Nacional.
ENTREVISTA:
El procurador anticorrupción, Christian Salas, cuyo equipo defiende los intereses del Estado en este tipo de delitos, opinó sobre este tema:
¿Qué juicios contra alcaldes distritales son respaldados por la Procuraduría Anticorrupción?
Tenemos 22 alcaldes distritales procesados, pero la mayoría de casos aún está en investigación preliminar. Nosotros intervenimos en aquellos casos relacionados a su conducta funcional, gestión pública y vulneración de las arcas municipales.
¿Y cómo se explica que los candidatos que acuden a los tribunales son los que tienen mayor apoyo de sus vecinos?
Como sociedad le estamos haciendo el juego a la corrupción. Ya no es solo culpa del candidato, sino del ciudadano que sabiendo sus características lo relige; no le importa su honestidad sino qué beneficios prácticos le va a dar a su comunidad. Esto daña la democracia, pues esta se sustenta en el poder que le dan los ciudadanos a sus representantes, y con ese poder se les debe fiscalizar y sancionar con el voto, de lo contrario, terminan sometidos a ellos.
¿Las investigaciones en el fuero judicial no están avanzando?
La investigación y condena se ve entorpecida muchas veces porque los administradores de justicia no están involucrados en este tema: denuncian a uno y archivan o excluyen a otro. Estas maniobras se dan en el proceso penal y lanzan un mal mensaje a la población, pues la gente se queda con la idea de que a un funcionario corrupto no le pasa nada. Es más, una vez librado de la acusación, el funcionario amedrenta al ciudadano que alertó del hecho y lo querella. Es una reacción típica del corrupto.
¿Pero acasó los fiscales y jueces no saben cómo actuar en estos casos?
La realidad nos ha mostrado que los administradores de justicia dudan en acusar o archivar porque en estos casos los procesados tienen el apoyo de los estudios jurídicos más grandes del país. Un fiscal que no está capacitado en lucha anticorrupción puede ser intimidado por los argumentos de estos abogados. Ahí se refuerza el rol de nuestra procuraduría, para impulsar la acusación.
¿Los delitos de peculado denunciados en Lima tiene alguna modalidad particular?
La mayoría está vinculado a la digitación o sobrevaloración de obras públicas. Se trata de un delito donde la prueba no va a estar escrita en un papel o grabada en video. Ahora se hacen usan a terceros, a empresas de fachada y las reuniones y pagos se hacen en saunas o casinos. Entonces necesitas fiscales y jueces que no te exigan prueba directa.
