Impunidad judicial. Vergonzosa la decisión judicial de declarar fundado un hábeas corpus para suspender las investigaciones contra la primera dama por lavado de activos. Peor aún la interpretación de que dicha investigación no solo alcanza a quien presentó el recurso, sino a los otros trece investigados. El derecho hecho puré; como se sabe, el hábeas corpus es un recurso personalísimo, concebido para frenar una detención ilegal, no para obstruir la labor fiscal.
Igualmente lamentable la decisión adoptada por otra Sala para declarar los petroaudios como prueba ilícita, nada menos que ocho años después de haberse iniciado las investigaciones.
Las dos decisiones parecerían estar vinculadas, pues los beneficios se reparten equitativamente entre gobierno y oposición. ¿O se trataría, tan solo, de sentar un precedente que impida considerar prueba lícita a las agendas de la primera dama? En cualquier caso, pésimo momento para que se nos recuerde que en el Perú “a mayor poder político, mayor impunidad”.
¿Cortina de humo? Como por arte de magia Lima fue el escenario de la aparición de múltiples granadas y artefactos explosivos. En un caso acompañada de supuestas banderas de Sendero. ¿Pura coincidencia o se trataba de tender una cortina de humo frente a los despropósitos de la justicia? O, ¿se trató, más bien, de alimentar la ansiedad popular para vencer las resistencias al despliegue militar en la lucha contra el crimen?
Si existió tal objetivo, el intento parecería haber fracasado, pues, gracias a la investigación policial, se dio cuenta de la existencia de una red delictiva dentro del Ejército que comercializaba granadas ilegalmente. ¿Seguirán apareciendo más granadas?
Populismo penal. El lobby pro despliegue militar organizó su tercera marcha, esta vez al Congreso de la República, encabezada por una docena de alcaldes distritales de Lima y Callao. Simultáneamente la Municipalidad de Lima circula entre los alcaldes de la ciudad una propuesta para crear el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
La acción conjunta de los alcaldes con la cooperación de la Policía y el respaldo ciudadano constituye una respuesta que, bien articulada, podría ser más eficaz que militarizar las calles. Ojalá termine imponiéndose.
El mundo al revés. A pesar de los gravísimos cuestionamientos por sus presuntas relaciones con César Álvarez y otros investigados, José Peláez Bardales sigue ostentando gran poder dentro de la Fiscalía, donde en la práctica es el número dos, pues se queda a cargo de ella cuando el actual fiscal de la Nación sale de viaje. Pésimo mensaje hacia dentro y hacia fuera, responsabilidad exclusiva del actual Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que parece decidido a dejarlo libre de polvo y paja.
Confiado en el respaldo del CNM, Peláez ha iniciado acciones para exigir una indemnización de 10 millones de nuevos soles a Mesías Guevara, presidente de la Comisión Ancash, la que en su informe final, aprobado casi por unanimidad, recomienda abrirle antejuicio político a él y a Carlos Ramos Heredia. ¿El Congreso hará respetar sus fueros?