Cantagallo: damnificados de incendio se niegan a ir a Martinete

Son casi las 11 p.m. del último viernes, hace frío y el olor tóxico aún permanece en el ambiente. En medio de la oscuridad, el lodo y los escombros que dejó el incendio en Cantagallo, cientos de personas pasan la noche. La mayoría, a la intemperie.

Rosa Montero, de 63 años, camina hacia la carpa de salud. “Me molesta la garganta”, dice la mujer que, pese a su edad, ha decidido quedarse en el lugar del siniestro, sin nada más que la ropa que lleva puesta y una frazada que alguien le regaló.

De los casi 2.000 damnificados, registrados por el Comité de Operaciones de Emergencia del Rímac, solo 132 personas ocuparon en la primera noche después del incendio algunas de las 250 carpas que la Municipalidad de Lima habilitó en un terreno de la urbanización Martinete, en Barrios Altos. “Creemos que nos quieren llevar con engaños y dejarnos ahí abandonados. Solo estaremos dispuestos a dejar este lugar si nos dan documentos”, afirma doña Rosa.

Los damnificados, la mayor parte de ellos de la comunidad shipiba, acordaron quedarse en el lugar siniestrado. La mayoría de ellos no confían en la actual gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que suspendió el proceso de reubicación por el que llevan luchando siete años.

“Yo creo que con el antecedente que tenemos la gente está sensibilizada y es difícil que vuelvan a creer. Nos dijeron que nos iban a trasladar, pero ya no hay garantías”, señala Gabriel Indalicio, líder nativo de la asociación Acushikol.

—Sobre el lote de Campoy—
Por traslado Gabriel Indalicio se refiere a la reubicación que las tres asociaciones shipibas de Cantagallo aceptaron en setiembre del 2014, durante la gestión de la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán.

Tras la firma de una adenda entre la MML y la empresa Lamsac, a cargo de la construcción de Línea Amarilla, la reubicación se realizaría en un terreno en Campoy, San Juan de Lurigancho, y sería financiada por la constructora, la cual edificaría las viviendas de material noble.

El 7 de octubre, la MML, mediante el fideicomiso suscrito, concretó la compra del terreno de 7.141 m² a un costo de US$4,6 millones.

Unos meses después, y tras asumir su tercera gestión, el alcalde Luis Castañeda decidió anular el proyecto Río Verde, que comprendía la construcción de un complejo habitacional para 260 familias shipibas de Cantagallo, y en su lugar se aprobó la ejecución de un ‘by-pass’ en 28 de Julio.

Ayer circuló en Internet la información de que la Municipalidad de Lima vendió, en marzo del 2015, el terreno de Campoy, actualmente cercado y abandonado. Por la tarde, el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Jaime Villafuerte, y el regidor oficialista Wilder Ruiz afirmaron que el lote le pertenece a la MML, aunque no descartaron una futura venta. También consideraron que se compró por un monto excesivo.

“El terreno [Campoy] sigue siendo propiedad del fideicomiso, pero es insuficiente para las 266 familias shipibas, no tiene habilitación urbana, no tiene los servicios. Mal haríamos en reubicarlos en un terreno en el que estarían hacinados”, dijo Villafuerte.

Por su parte, el gerente de Participación Vecinal de la MML, Francisco Gavidia, deslizó la posibilidad de que el terreno donde se instaló el refugio temporal, en Martinete, sirva en el futuro para reasentar a los shipibos.

“Martinete es una posibilidad, acá tenemos 10.000 m2, es un terreno saneado de la MML y está a 100 metros de Cantagallo. Además, el Ministerio de Vivienda nos informó que Bienes Nacionales dispone de unos espacios”, informó el funcionario.