Cárceles seguras y productivas, por Gino Costa

La sobrepoblación es el principal problema del sistema penitenciario peruano. No ha dejado de crecer desde inicios de siglo y se ha acelerado en los últimos cinco años. En el 2001 era del 35%; en el 2006, del 47%; en el 2011, del 85%; y a fines del 2015, del 132%. En el ámbito internacional, el máximo permitido es del 20%, pues cárceles hacinadas no pueden cumplir con la triple función de inhabilitar, castigar y rehabilitar, dado que en ellas no hay autoridad, disciplina ni trabajo, herramientas fundamentales de la rehabilitación.

Para reducir la sobrepoblación urge incrementar la capacidad de albergue, construyendo nuevas cárceles y ampliando las existentes. En eso han fallado los tres últimos gobiernos. Durante el de Toledo, la ampliación de la capacidad de albergue representó el 29% del incremento de la población penal; y durante el de García, el 35%. En lo que va de la gestión Humala, las nuevas plazas han representado solo el 19%.

En relación con los dos últimos gobiernos, lo que ha faltado no es dinero, sino capacidad de gestión. Este gobierno creó una unidad ejecutora en el Ministerio de Justicia para construir nuevas cárceles, restándole prerrogativas al INPE. A pesar de existir recursos comprometidos, Justicia no ha construido una sola de las varias megacárceles proyectadas y el INPE se ha limitado a ampliar algunas de las existentes.

Dada la actual sobrepoblación y la rapidez con que seguirá creciendo la nueva población penal, no basta con construir nuevas cárceles. También es necesario reducir la prisión preventiva. La mitad de los internos están procesados y muchos de ellos saldrán sin ser condenados. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pues la opinión pública demanda de los jueces casi siempre cárcel.

Otra medida urgente es el uso de grilletes electrónicos para procesados o condenados por delitos no graves y sin violencia, pendiente de concesión desde el inicio de este gobierno, así como el fortalecimiento de medidas alternativas a la cárcel. Aunque sean iniciativas impopulares, hay que reconsiderar la concesión de gracias presidenciales y reformular los beneficios penitenciarios, pues más de las dos terceras partes de los presos están recluidos por delitos sin beneficios.

Para impedir que los presos sigan operando desde las cárceles, debe acelerarse la instalación de bloqueadores de celulares. El gobierno ha fracasado en ello, pues la iniciativa privada para hacerlo realidad toma ya cuatro años y medio, y los bloqueadores solo se han implementado plenamente en dos de las 34 cárceles previstas.

La reducción de la sobrepoblación y el impedimento de las comunicaciones ilegales desde las cárceles deben ir acompañados de la multiplicación de oportunidades de trabajo para todos los internos, con gran participación del sector privado. Solamente con cárceles productivas podrán generar recursos económicos para ellos y sus familias, contribuyendo así a su rehabilitación y reinserción social.