El caso de la niña de 12 años víctima de acoso escolar que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca, en Ate, ha vuelto a evidenciar que el ‘bullying’ en el Perú no es solo un problema recurrente, sino que los casos van en aumento, más aún con el regreso presencial a las aulas de clase. Según el portal SíseVe, del Ministerio de Educación, se han reportado 7.621 casos de violencia escolar en lo que va del 2022, cerca de 10 veces más que los 768 incidentes registrados durante todo el 2021.
Más de 2.600 de los hechos reportados este año son por violencia psicológica, como la que sufría la menor que ahora está internada en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de sus lesiones.
Ayer se difundieron los chats de WhatsApp que revelaron que la escolar era víctima de burlas y acoso de parte de algunos de sus compañeros sobre su estado físico. Hasta el miércoles de esta semana, el Colegio Saco Oliveros negaba que en sus instalaciones hubiera algún tipo de violencia.
En SíseVe se detalla que la UGEL 06 –a la que pertenece la sede del Saco Oliveros donde sucedió el lamentable incidente– ocupa el cuarto lugar en cuanto a denuncias nacionales acumuladas entre marzo y setiembre de este año por violencia entre escolares, con 255.
Problema complejo
No hay suficientes psicólogos para atender a más de 200.000 centros educativos en el territorio nacional. “Lo que queda es la capacitación del personal docente por psicólogos y la supervisión de su trabajo. El ‘bullying’ debe abordarse desde tres perspectivas: la promoción, prevención y mediación”, expresó Luis Arias, del Colegio de Psicólogos del Perú. Añadió que con el retorno a las clases presenciales es todavía más importante el acompañamiento psicológico de los alumnos.
Por otro lado, el Indecopi explicó a El Comercio que existe un protocolo establecido bajo decreto supremo para la atención de violencia contra niños y adolescentes. Al inicio del año escolar, las escuelas deben entregar a los alumnos un boletín contra el acoso escolar.
“Los colegios deben contar con al menos un psicólogo profesional, brindar un libro para registrar cualquier incidente de violencia y contar con un plan de convivencia democrática”, detalló Ana Peña, directora de Protección al Consumidor de la institución. El incumplimiento de la norma puede ser sancionado hasta con 450 UIT, es decir, S/2′070.000.
Matilde Cobeña, adjunta para los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, aseveró que hay un problema central: no todas las escuelas conocen los protocolos exigidos. “Nos hemos topado con colegios privados que creen que pueden aplicar sus propias normas”, cuestionó. “Los directores deben capacitarse con la autoridad respectiva: las direcciones regionales de educación y las UGEL”, comentó. Además, la participación activa de los padres de familia es crucial para enfrentar el problema.
Pero contar con el protocolo en papel no necesariamente evita que sucedan estos casos. “Se tiene que evaluar de qué modalidad se da el bullying, puede ser físico, verbal y/o social”, apunta el Dr. Arias. “Muchas veces se ponen de acuerdo en aislar a un alumno, hacerlo sentir solo”, agrega. Más de 2.600 casos reportados este año son por violencia psicológica. Por otro lado, de la sumatoria de todos los casos del 2021 y 2022, hay 1732 casos que han terminado con lesiones o castigo físico, 520 casos de agresión en los que la víctima había sido atacada de cuatro a cinco veces, 139 casos en los que la agresión tuvo que ver con alguna discapacidad de la víctima.
“En nuestro país estamos apagando incendios a cada rato, cuando en realidad todo esto se pudo prevenir”, finaliza Cobeña. La labor principal inicia por la prevención. Para denunciar cualquier caso de violencia escolar se puede escribir un correo a colegios@indecopi.com.pe.