Asociaciones de colegios particulares indicaron que se han unido para buscar una solución democrática y coherente ante las normativas impuestas por el Minedu. (Foto: GEC)
Asociaciones de colegios particulares indicaron que se han unido para buscar una solución democrática y coherente ante las normativas impuestas por el Minedu. (Foto: GEC)
Redacción EC

Diversas asociaciones de instituciones educativas privadas del país manifestaron que diversas medidas adoptadas por el Ministerio de Educación () para combatir la informalidad en el sector, perjudicarían a las familias, maestros y pondría en riesgo a la educación básica privada.

A través de un comunicado, expresaron su preocupación por el contenido del Decreto de Urgencia N° 002-2020 publicado el 8 de enero por el Minedu. Señalaron que se han unido para buscar una solución democrática y coherente ante las normativas impuestas por el ministerio, que estarían por publicarse en un próximo reglamento.

Por ejemplo, según las asociaciones, se ha cambiado el silencio administrativo positivo por negativo, lo cual significa que cuando el Minedu reciba un expediente solicitando algún tipo de autorización y no se pronuncie dentro del plazo correspondiente, la solicitud se considera denegada.

Esta medida, según el comunicado, perjudicaría a los estudiantes, porque abre la posibilidad de que, por la burocracia de las instituciones estatales, diversas mejoras académicas y de infraestructura, como ampliaciones y la implementación de nuevos laboratorios o aulas, podrían no realizarse.

Además, agrega que la normativa exige que los maestros tengan título profesional, sin considerar los grados académicos como bachiller, maestría o doctorado, que muchos ya tienen. Las asociaciones señalan que dicha exigencia no es la misma para los colegios públicos.

Jorge Camacho, representante de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), señaló que el Minedu tomó a las instituciones educativas privadas por sorpresa, ya que el decreto se publicó de manera “apresurada” y sin considerar los acuerdos y propuestas hechas en más de seis mesas de trabajo que se realizaron en el 2018 con representantes del gobierno.

“Queremos que quede claro que este decreto no tiene como objetivo la lucha contra la informalidad, porque de las 5 páginas, solo en 3 párrafos se refieren a los establecimientos ilegales”, explicó Jorge Camacho.

“Ratificamos nuestro compromiso con una educación de calidad y pedimos a las autoridades que no nos consideren como el enemigo de la educación, sino como sus aliados, ya que nosotros estamos brindando el servicio educativo que el Gobierno está en la obligación de dar, y somos elegidos por múltiples razones por los padres de familia”, agregó José Urbina, presidente de la Asociación Nacional de Promotores de Instituciones Educativas Privadas (Anpiep).

Las instituciones que suscribieron este pronunciamiento son el Consorcio de Centros Educativos Católicos, la Asociación Nacional de Promotores de Instituciones Educativas Privadas, la Asociación de Colegios Particulares (Adecopa), la Asociación de Colegios Privados de Lima, la Asociación de Colegios Cristianos y Evangélicos del Perú, la Asociación de Colegios Privados de la región Santa y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de La Libertad.

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