¿Cómo operaba la organización criminal enquistada en la Municipalidad de San Juan de Miraflores?

Nina Garnica nació y creció en San Juan de Miraflores. Estudió educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Luego de trabajar de docente en varios colegios, en el 2016 fue elegida regidora de su distrito y, el 2019, empieza su período como alcaldesa.

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Fue la única mujer en ganar una de las 43 alcaldías distritales de Lima Metropolitana en las Elecciones Municipales y Regionales del 2018. En una entrevista que ofreció a Perú21, tras ser elegida, dijo: “Hay que reconocer que en nuestro país la participación de las mujeres en la política se ha reducido. No es una alegría saber que solamente hay una alcaldesa en Lima. Entonces, sí hay una gran responsabilidad por trabajar y dejar en alto el nombre de todas las mujeres”.

Ni bien empezó su gestión, los malos manejos se asomaron. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), de la PNP, inició una serie de escuchas telefónicas legales y videovigilancia de la alcaldesa y de su gente de confianza: funcionarios y allegados. Poco a poco, las pruebas empezaron a aparecer.

Según la fiscalía, esta organización criminal denominada Los elegantes de San Jhon tomó “vida propia” desde el inicio de esta gestión que asumió funciones el 1 de enero del 2019 y sus acciones delictivas se han ejecutado hasta la actualidad. A sus 34 años, Nina Garnica sería la cabeza de este grupo dedicado a desviar los caudales públicos; al apoyo ilícito de congresistas y su partido Acción Popular; a cobrar cupos a hoteles, restaurantes y demás negocios del distrito; a direccionar obras; entre otros delitos que detallamos a continuación.

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Uso de recursos públicos en apoyo de congresistas y de su partido Acción Popular

Para las Elecciones Congresales del 2020, la alcaldesa habría dispuesto el apoyo de su municipio en favor de Edmundo del Águila Herrera, que en ese momento se presentaba como candidato al Congreso de la República. Se incluyó una foto de él, junto a la de la alcaldesa, en la cuponera de Tributos Municipales 2020 de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Otro caso se registró el 29 de noviembre del 2020, en el Instituto Gilda Ballivian Rosado. Ese día hubo una gran concurrencia de casi todos los funcionarios de la municipalidad y algunos servidores de Seguridad Ciudadana para participar en las elecciones internas del partido Acción Popular efectuando labores de coordinación, supervisión, orientación y logística en apoyo, aparentemente, de los precandidatos Edmundo del Águila Herrera y Melissa Bottgler Alor.

Además, para el día de las elecciones congresales, el 26 de enero del 2020, se asignó a personal de Seguridad Ciudadana y fiscalizadores como personeros y secretarios durante su horario laboral. Esto quedó establecido en las escuchas telefónicas entre la gerente municipal de SJM, Jéssica Ina Correa Rojas; y el subgerente de fiscalización y sanciones administrativas de SJM, Miguel Antonio Aste Aguilar.

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Apropiación ilícita de caudales públicos del municipio

La modalidad que empleaban fue la creación de órdenes de servicio inexistentes, gastos en obras inconclusas, supervisiones no efectuadas, servicios no realizados y liquidaciones “maquilladas”.

En una escucha telefónica del 10 de enero del 2020, efectuada a la conversación entre la gerente municipal de SJM, Jéssica Ina Correa Rojas y el subgerente de fiscalización y sanciones administrativas de SJM, Juan Carlos Gonzáles Figueroa, se advierte la existencia de 20 servicios para elaboración de expedientes y otros 20 servicios para elaboración de perfiles técnicos que faltaban armar.

Se escuchó, según el documento fiscal, coordinaciones sobre la creación de una “caja chica” para cubrir gastos de mozos y bocaditos, presuntos “servicios fantasmas” para tapar un “hueco” de S/30 mil.

En algunas escuchas telefónicas a estos personajes, ellos manifestaban que las coordinaciones no debían realizarlas por teléfono porque ya sospechaban de las interceptaciones policiales. Aun así, habrían continuado desfalcando a este municipio.

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Cobros ilegales en clausuras, reaperturas y sanciones a establecimientos comerciales del distrito

Se ha establecido que esta organización armaba operativos de fiscalización en los establecimientos comerciales del distrito. A sus propietarios les exigían coimas a cambio de no proceder con las clausuras, no colocarles multas o, en todo caso, para reabrir sus locales.

El 17 de marzo del 2021, propietarios de varios hoteles de la cuadra 1 de calle Los Lirios en este distrito protestaron por estos operativos en los que les cerraron sus negocios por negarse a pagar estas coimas.

Se conoció que la exigencia a estos hoteles era de S/1.000 mensuales y ese dinero estaba siendo recaudado por Miguel Antonio Aste Aguilar, quien se desempeñó como subgerente de Fiscalización y luego como jefe de operaciones. Según la fiscalía, este dinero era una “bolsa” destinada a la alcaldesa Nina Garnica.

También operaban sobre los policlínicos del distrito y no en todos los casos actuaban con la misma severidad, según pudo constatar la Diviac con sus labores de inteligencia. El 5 de agosto del 2020, la PNP intervino al policlínico San Juan de Miraflores, donde atendían falsos médicos y profesionales de la salud. Aunque Aste Aguilar estuvo presente en la intervención no procedieron a la clausura.

Según las investigaciones, la razón de la no clausura habría sido la recepción de una dádiva que dio una trabajadora de dicho centro médico. El caso se agravaba porque ese establecimiento estaba realizando pruebas de COVID-19 a comerciantes de la zona cuando ese procedimiento solo estaba permitido al personal del Minsa y clínicas.

En otro caso, sin embargo, no actuaron de la misma manera. El 22 de julio del 2020, los fiscalizadores clausuraron el policlínico San Judas Tadeo, donde se cometieron infracciones y delitos similares a los del policlínico antes citado.

El blanco de esta organización también han sido los restaurantes, panaderías y otros. A la cevichería “Ciento once” le solicitaron S/ 1.000 para no proceder con la clausura. Su administrador, Friedman Zumaeta Ahuanari, cuenta que se negó porque todo estaba en regla y pese a eso le cerraron el negocio.

También existen evidencias en el caso de “Snack Bar”. Su propietaria, Emperatriz Pumaraime Panebra, contó que fue víctima de acoso constante del personal de fiscalización por no haberles pagado el dinero que solicitaban. A su negocio le impusieron varias multas hasta que procedieron con la clausura definitiva. Luego cambió de razón social y empezó a tramitar su licencia de funcionamiento, pero en más de dos años el municipio no se la ha otorgado.

El pasado 28 de diciembre del 2020, personal de fiscalización del distrito se acercó a la pollería La Posada e indicaron que multarían al local por no contar con ciertos documentos. A cambio de no imponer la infracción, solicitaron una coima. La administradora del local les entregó S/300, según se lee en el expediente.

Así como estos, hay varios casos más, con testimonios recogidos por las autoridades.

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Direccionamiento y sobrevaloración de compras

El pasado 23 de enero del 2020, el municipio adquirió un dron marca Mavic 2 Fly More por la suma de S/9.652, cuyo proveedor sería la empresa The Filmmaker EIRL. Sin embargo, este producto es vendido a través de las redes sociales de esta empresa por S/4.624.

También se han detectado sobrecostos en la compra de insumos para vehículos. El municipio pagó a la empresa Nerymax EIRL S/139.889 por la compra de insumos y lubricantes para el mantenimiento de la flota vehicular de la Subgerencia de Limpieza Pública. Uno de los productos adquiridos fue líquido de freno DOT4. Por unidad se pagó S/92.60 cuando este producto se vende en el mercado a S/31.80.

Otra acusación a esta banda que encabezaría la alcaldesa Nina Garnica es el direccionamiento de compras a empresas con domicilio fiscal en la provincia de Trujillo. Se trata de las empresas Compuventas SAC y Servicompu SAC a la que se les compró equipos de computación por más de S/76 mil. Se ha establecido que ambas empresas tienen un mismo propietario y tendría cuestionamiento en otros procesos públicos.

La fiscalía también cita los casos de Tecnologi & Sistem SAC. e Inversiones Alhefner VIV SAC. A estas empresas se les compró equipos por S/107 mil y S/226 mil, respectivamente. Según la fiscalía, ambas empresas tendrían vínculos y nexos con autoridades de este municipio. La lista de empresas presuntamente favorecidas es extensa. Estos solo son algunos de los casos citados en el expediente.

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Detenciones y acusaciones

Más de 200 policías y 25 fiscales detuvieron el pasado 6 de agosto del 2021 a la alcaldesa Nina Garnica y a siete de sus funcionarios y allegados. Ellos son Walter Huamán Hidalgo (pareja de la alcaldesa), Jessica Ina Correa Rocas, Elvis Rodolfo Bailón Camacho, Alex Godofredo Guardia, Olga Danae Idarte Aquino, Gina Jesusa Martínez Gutierrez y Miguel Antonio Aster Aguilar.

A la alcaldesa se le acusa del delito de cohecho pasivo propio por el cobro de cupos y también de colusión por presuntamente direccionar la contratación directa a favor de varios proveedores del municipio. Otro delito que se le imputa es peculado por utilización al haber dispuesto que servidores municipales apoyen a su partido y congresistas.

La detención de estas ocho personas se produjo durante la madrugada. Las autoridades ingresaron a sus viviendas de forma sorpresiva, luego de que el juez –a la luz de las pruebas– autorizara la detención preliminar y el descerraje y allanamiento de sus viviendas. Las investigaciones a esta organización criminal continúan y, de probarse sus delitos, Nina Garnica y compañía podrían pasar varios años en prisión.

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