¿Conflicto de intereses? Villarán tuvo préstamo de Caja de Lima

La alcaldesa Susana Villarán y cinco regidores de Fuerza Social habrían incurrido en conflicto de intereses pues, según informó Perú21, entre el 2011 y el 2012 accedieron a préstamos de la Caja Metropolitana que van de S/.15 mil a S/.25 mil.

Se trata del actual teniente alcalde de Lima, Hernán Núñez, la concejal Mónica Erazo, y de los revocados Inés Rodríguez, Marco Zevallos, actual gerente del Ambiente, y Perfecto Ramírez, incorporado como asesor de Pro Transporte.

La deuda de la alcaldesa con la Caja Metropolitana se inició en el 2011 por casi S/.25 mil. Los pagos que realiza son de S/.400 y S/.800. A la fecha, Inés Rodríguez, Marco Zevallos y Perfecto Ramírez todavía no pagan la totalidad del dinero que obtuvieron de la caja.

El caso tiene su principal cuestionamiento en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prohíbe a “servidores, empleados y funcionarios municipales” contratar obras o servicios públicos municipales. El JNE precisa que la restricción que alude el artículo 63 está referida precisamente a casos en que hay “un evidente conflicto de interés”.

Para el especialista en temas municipales Julio Castiglioni, existe un contrato firmado por Villarán y los funcionarios para acceder a los préstamos. Un aprovechamiento de su condición de autoridad para tener un beneficio que otro ciudadano no podría tener. “Es del dinero de la municipalidad que se están favorciendo”.

“LA CAJA TIENE GARANTIZADO EL RETORNO”

Sin embargo, la gerente de Fiscalización y Control del municipio capitalino, Susel Paredes, indicó que al ser contratos que establecen descuentos por planilla al deudor, “la Caja Metropolitana tiene garantizado el retorno del dinero”. Además, aseguró, que Villarán de la Puente estaba al día en sus pagos.

“Las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Los créditos de la caja son para todo el mundo. Yo tengo mis ahorros ahí, por ejemplo, y me pagan mucho mejor interés que un banco”.

En cuanto al aparente conflicto de intereses por tratarse de funcionarios públicos que realizaron contratos con el Estado, a través de los préstamos, Paredes indicó: “Toda norma tiene una interpretación. La mía, como abogada, es que la caja tiene garantizado el retorno del dinero porque el descuento es por planilla. El conflicto de intereses es debatible”.