El pasado miércoles 2 de diciembre, la comisión de Descentralización del Congreso aprobó, por mayoría, el predictamen que propone la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores por el periodo siguiente. Ahora el texto de reforma constitucional deberá ser votado en el pleno del Congreso, en dos legislaturas extraordinarias consecutivas y con una aprobación mayor o igual a los 87 votos, para que entre en vigencia.
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Sin embargo, este no sería el único cambio a la Carta Magna que tiene en mente el grupo de trabajo presidido por Grimaldo Vásquez, y que tendría incidencia directa en el mandato de las autoridades municipales.
El congresista de la bancada de Descentralización Democrática adelantó que su comisión tiene en agenda el debate sobre los cambios al proceso de revocatoria de alcaldes. “Vamos a tocar el tema y programarlo en la agenda de la comisión, pero ya será para la siguiente legislatura, en febrero”, indicó en diálogo con El Comercio.
El proyecto
Hasta la fecha solo se ha presentado una iniciativa ante la comisión de Descentralización. Se trata del proyecto de ley 1446/2016-CR, cuyo autor es Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular. La propuesta en mención, que modifica el artículo 194 de la Constitución, plantea que el mandato de los alcaldes es revocable “solo para los reelegidos”.
En su exposición de motivos, Trujillo señala que los ciudadanos y candidatos perdedores de la contienda electoral suelen promover, en el corto plazo, la revocatoria de la autoridad entrante, lo que, a su juicio, debilita la gestión municipal.
“Estos factores debilitan el accionar de las autoridades locales, considerando que desvían su atención y acciones a estos procesos electorales, descuidando muchas veces los planes de mediano y largo plazo, y postergando la implementación de acciones que viabilice el desarrollo económico y social de su jurisdicción” sostiene el legislador.
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En ese sentido, recalcó que es pertinente que la revocatoria sea aplicable solo para los alcaldes reelectos, a partir del primer año del eventual segundo mandato de estas autoridades.
“Esto garantizaría cierta estabilidad a las autoridades para que cumplan su mandato y concentren sus energías en honrar con sus compromisos y planes de gobierno, y no estén preocupados por un eventual proceso de revocatoria en su primer periodo”, subrayó el congresista fujimorista.
En el debate realizado en la comisión de Descentralización, Trujillo pidió a Grimaldo Vásquez que priorice su iniciativa en la agenda del grupo de trabajo. El pedido fue apoyado por el legislador de Acción Popular, Carlos Pérez.
“Los peruanos somos malos perdedores y deberíamos estar pensando en revisar esa bendita revocatoria (…) yo he visto varios casos en los que el candidato que quedó en segundo lugar incentiva o promueve revocatorias y no se mide en su accionar, tratando de desestabilizar al alcalde. Eso resulta peligroso, porque quien está en el gobierno (municipal) no solo va a tener que dedicarse a gobernar, sino defenderse”, indicó en aquella oportunidad el acciopopulista.
Ajustes a la norma
En el año 2015, tras el proceso de revocatoria impulsado contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, el Congreso de la República realizó una serie de ajustes a la norma sobre revocatoria de autoridades, con la finalidad de aumentar los requisitos para llevarla a cabo.
Por ejemplo, se precisó que la revocatoria solo podrá realizarse al tercer año de mandato de los alcaldes. Antes, dicha acción de control ciudadana podía tramitarse desde el segundo año del periodo edil, lo que desestabilizaba a estas autoridades.
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Otro cambio importante está relacionado al sucesor del alcalde revocado. Se estipuló en la ley que en caso la revocatoria sea aprobada y el burgomaestre obligado a abandonar el cargo, será el accesitario quien asuma las riendas del municipio. De esta manera, ya no se convocará a nuevas elecciones para elegir al sucesor, tal como se realizaba en el pasado.
Finalmente, la ley también obliga a las personas que promueven la revocatoria a registrarse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como transparentar y rendir cuentas de los fondos empleados para dicho fin.
¿Qué dicen las bancadas?
El congresista de APP, Luis Valdez, señaló que su bancada se opondrá a cualquier iniciativa que pretenda reducir los alcances de la revocatoria de alcaldes.
“La revocatoria es una herramienta constitucional que tiene la ciudadanía para quitar la confianza a una autoridad que ha sido elegida justamente por mandato popular. Restringir esta herramienta ciudadana sería un gran error. La población debe tener instrumentos que le permitan sacar del cargo a una autoridad incompetente e incluso corrupta que no ha podido cumplir con las expectativas” señaló a este Diario, tras precisar que APP también se opone a la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.
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Por su parte, Ricardo Burga, vocero de Acción Popular, sostuvo que la revocatoria debe aplicarse a todas las autoridades por igual, así sean nuevas en el cargo o hayan sido reelectas.
“El hecho de que tengas un alcalde nuevo en la gestión municipal no te asegura que su gestión no vaya a ser un desastre o, incluso, esté inmerso en actos de corrupción. Si se aprueba esta ley, estos alcaldes no podrían ser revocados, lo que me parece un absurdo”, acotó.
Desde Podemos Perú señalaron que no hay los votos suficientes en el Congreso como para aprobar los cambios al proceso de revocatoria, así como la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.
“Están presentado un proyecto de ley como si ya existiese la figura de la reelección de autoridades. Esto es algo que todavía no se ha aprobado en el pleno y entiendo que se va a rechazar (…) conociendo el sentir hoy en el Congreso, no creo que pase la propuesta. Hay otros temas importantes que merecen mayor atención. En la junta de portavoces ni siquiera se está tocando el tema”, manifestó el vocero Aron Espinoza.
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Si bien el Partido Morado aún no tiene una posición definida sobre el tema, su portavoz, Daniel Olivares, consideró que la revocatoria se utiliza con fines políticos y que deberían hacerse algunos ajustes.
“Hay que evaluar bien cuál es la salida en este tema. De repente le ponemos unos estándares objetivos a la revocatoria y que no sea solamente por lo que uno quiera o desea, sino por casos de corrupción. Es algo que hay que revisar”, acotó Olivares.
Respecto a la iniciativa legislativa, el presidente de la comisión de Descentralización consideró, a título personal, que todas las autoridades municipales siempre tienen que estar sometidas al control ciudadano.
“Este control pasa por los procesos de revocatoria, que tienen que hacerse desde el primer día de la gestión de la autoridad electa. Son puntos de vista diferentes, pero esta propuesta vamos a agendarla para la siguiente legislatura”, anotó Vásquez.
Análisis de la propuesta
El director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), José Villalobos, calificó de inconstitucional la propuesta legislativa, al señalar que no se puede hace una distinción entre las autoridades electorales.
“La Constitución es clara al precisar que todas las autoridades municipales y regionales son plausibles a ser revocados. Esta es una medida inconstitucional porque da un trato desigual a los alcaldes y limita el derecho a revocar que tiene todo ciudadano. Estarían poniendo un obstáculo a la población para ejercer ese derecho”, indicó a El Comercio.
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El experto en temas electorales consideró que el tema no debería pasar por hacer cambios al proceso de revocatoria, sino fortalecer otros mecanismos que contempla la norma electoral, como son la vacancia y suspensión de autoridades.
“Particularmente creo que no ha funcionado el proceso de revocatoria en el país. Hay otros mecanismos para poder castigar a los alcaldes que no hacen buena labor o cometen irregularidades, como es la vacancia y la suspensión. La revocatoria, en realidad, es utilizada como una venganza política. Es una medida desestabilizadora y no corrige nada, porque simplemente sacas del cargo a la autoridad para que entren los accesitarios”, sostuvo.
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