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La coordinadora del grupo de trabajo de la Comisión de Cultura del Congreso, María Melgarejo Páucar, solicitó toda la documentación relacionada con la construcción del nuevo Museo Nacional de Arqueología del Perú (MUNA) en el santuario de Pachacámac para investigar presuntas irreguladidades.
Esto sucede dos meses después de que El Comercio publicara un informe donde varios expertos y arqueólogos peruanos pedían paralizar las obras. El MUNA estará ubicado dentro del Santuario de Pachacámac, Patrimonio Cultural de la Nación y zona declarada intangible por el Ministerio de Cultura, donde se hallaron cerca de 100 tumbas precolombinas en el 2015. Tendrá 75.000 m2 (el área de la fortaleza Real Felipe) y tres niveles subterráneos.
El costo de la construcción asciende a S/380 millones. Otros S/100 millones serán para la implementación de la museografía y se destinarán S/20 millones anuales en mantenimiento.
Lo que más le preocupa a un equipo de arqueólogos e historiadores que protegen este monumento nacional son los sobrecostos que deberán asumirse para compensar los efectos del ambiente sobre las piezas, por ser un terreno tan cercano al mar.
“La proximidad con el océano, el subsuelo arenoso, la humedad sumamente activa [Pachacámac es hasta 8% más húmedo que Lima, según el Senamhi] y la capa freática de niveles muy altos obligaría a pagar un sobrecosto de entre 200% y 300% para cimentarlo y proteger las piezas que albergará. No había argumento para construirlo aquí”, dice Celso Prado, arquitecto que diseño el Museo Tumbas Reales de Sipán, también el Museo Arqueológico Nacional Brüning y otros recintos dedicados a la conservación del patrimonio en el país.
La coordinadora del grupo de trabajo de la Comisión de Cultura del Congreso manifestó que en un principio este proyecto era inviable porque atenta contra la intangibilidad de Pachacámac, "lo cual demuestra un grado irresponsabilidad del anterior gobierno que solo dejó problemas al país en lugar de trabajar a favor del pueblo", se lee en un comunicado del congreso.
“El grupo de trabajo realizará una severa y adecuada fiscalización para saber la verdad y detectar a los responsables, a quienes los citaremos para que expongan sus descargos. Seremos inflexibles en señalar a los culpables de estos hechos porque no se puede distraer presupuestos que bien podían haber sido utilizados en solucionar los problemas de los más pobres”, expresaron los congresistas María Melgarejo y Dalmiro Palomino.
