Constitución del 93: ¿Cómo evolucionaron los principales indicadores económicos desde su entrada en vigencia?

Las reformas económicas de inicios de los noventa –muchas de las cuales están plasmadas en la actual carta magna– propiciaron una de las etapas más prolongadas de expansión de la economía peruana. En las últimas tres décadas, la producción real de la economía aumentó más de tres veces (pasando de 162 mil millones a 561 mil millones de soles del 2007) mientras que el flujo anual de inversión privada aumentó más de 5 veces.

Los resultados fueron superiores a lo observado antes de la puesta en marcha de la actual carta magna. Por ejemplo, entre 1993 y el 2021, el Perú lideró el ritmo de crecimiento económico en América Latina con una variación anual del 4,6% del PBI, cifra muy superior al reducido crecimiento del 0,7% anual reportado entre 1980 y 1992, cuando el país ocupaba los últimos lugares del continente. Esto estuvo acompañado de una reducción sustancial de la inflación, que desde mediados de los noventa se redujo a un dígito, así como a un mayor ordenamiento de las finanzas públicas, reflejadas en la reducción del déficit fiscal [ver gráfico].

La delimitación del rol subsidiario del Estado (artículo 60), la igualdad de condiciones para la inversión nacional y extranjera (artículo 63), la inviolabilidad de la propiedad (artículo 70), o la autonomía del Banco Central y su prohibición para financiar al erario (artículo 84) figuran entre los principales aspectos que la diferencian de su antecesora, la carta magna de 1979.

¿Cómo contribuyeron estas reglas a conseguir un escenario de estabilidad macroeconómica y por qué sería necesario garantizar su continuidad?

César Peñaranda, economista y consultor, señala que el cambio sustancial de la política económica y otras reformas emprendidas a inicios de los años noventa contribuyeron a un incremento significativo de la demanda agregada a nivel local, vía un mayor consumo e inversión privados. Resalta, además, que con estas medidas la clase media en el país subió de un 17% a un 44% de la población mientras que la pobreza se redujo de casi 60% a inicios de los años 2.000 a poco más de 20% antes de la pandemia.

“La caída de la pobreza y aumento de la clase media dio impulso al consumo privado que dinamizó el mercado y permitió estimular la inversión privada, ya sea en minería, agroindustria metalmecánica o turismo. Además la apertura comercial lograda a través de los TLC permitieron dar un salto en las exportaciones. Todo esto en un ambiente de baja inflación, ausencia de déficit fiscal, que en algunos años se transformó en superávit, lo cual permitió crear un fondo de contingencia para afrontar problemas fuertes como la pandemia”, explica.

Para Juan de la Cruz, docente e investigador de la facultad de Economía de la UPC, los puntos más importantes del capítulo económico de la actual constitución son aquellos que prohíben al Banco Central financiar deuda pública de Gobierno Central así como la restricción de la actividad empresarial del Estado.

“Gran parte de los problemas del fisco provenían de las pérdidas de las empresas estatales. Si tienes inflación alta, la inversión no se produce, luego no hay empleo aumenta la pobreza”, detalla.

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Los anuncios para realizar modificaciones totales o parciales a la Constitución no solo han venido del Ejecutivo. En la última semana, la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de la República, Silvia Monteza, señaló que el grupo que encabeza viene revisando el capítulo económico para presentar una propuesta con “ajustes”.

¿Sería viable tales modificaciones en un escenario de incertidumbre política? Peñaranda considera que dichas “mejoras” serían innecesarias debido que las reglas en conjunto han demostrado un funcionamiento óptimo. Sugiere que más que el “modelo”, lo que se debe mejorar es el actual desempeño del Estado para proveer servicios públicos.

“Lo que corresponde hacer es ajustar la política económica según la coyuntura, afinando y realizar las reformas estructurales que quedaron pendientes, entre ellas hacer una reforma del Estado. Lo que ha fallado no ha sido el capítulo económico de la Constitución, sino la enorme regulación absolutamente innecesaria que ha complicado el mercado y la incapacidad total del Estado de hacer su rol, los tres poderes requieren ser reformados”, opina.

En esto coincide De la Cruz, quien considera que el problema no pasa por cambiar la norma escrita, sino en mejorar la gestión. “En los últimos 15 años, el presupuesto se ha triplicado, pero los servicios no han mejorado tres veces ni en calidad ni en cobertura. Esto no quita que no se mejore la regulación o el monitoreo de mercados”, anota.

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