Controversia en La Molina: denuncian tala de árboles y cierre de vías para construcción de local institucional

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Han comentado también que se pretende derribar más de 50 árboles, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad, sin contemplar el impacto en el medio ambiente y la fauna silvestre. Además, han manifestado que esta área verde actualmente beneficia a toda la urbanización, ya que muchos se acercan a realizar distintas actividades en familia y con sus mascotas. Sin embargo, ahora esta zona permanece cerrada, lo que dificulta el tránsito.

Raúl Grillo, uno de los vecinos de la zona, compartió con El Comercio su malestar por lo sucedido. “Yo llevo viviendo aquí 20 años. Esta construcción pertenece a la asociación vecinal y cuenta con el respaldo de la municipalidad, pero no nos representa. Es la asociación la que se encarga de gestionar este parque, no el municipio en su totalidad. Es como una especie de cooperativa”, indicó.

Raúl sostuvo que es extraña la manera en la que están empezando a construir cuando no tendrían la licencia para hacerlo, sino solo una autorización para cercar el área. “No están considerando el impacto que tienen sus acciones en los vecinos. No hay ningún estudio técnico (...). Entendemos que se pretende construir un club comunal, pero imagínate la cantidad de autos que se aglomerarán ahí”, dijo.

Los residentes han declarado que ahora no disponen de acceso vehicular ni espacios para estacionar. De igual manera, afirman que esta área era la única disponible para evacuar en caso de desastres naturales u otras emergencias donde se necesite la intervención de bomberos o ambulancias.

Ciro Zárate, otro de los vecinos, mencionó que “la mayoría de los accesos son pequeños pasajes. Hay vecinos en silla de ruedas que necesitan terapias y esta situación los afecta muchísimo. Ahora van a cerrarlo todo. Hemos expresado a la municipalidad que están afectando nuestra calidad de vida, pero dijeron que no se puede hacer nada. La asociación en cuestión está conformada por un grupo reducido de personas y tienen muchos periodos renovándose entre ellos mismos. No representan ni al 5% de nosotros”, dijo.

Por su parte, Ana María Ferreira acotó que “necesitamos aire libre y un lugar al que acudir en caso de cualquier desgracia. Es un abuso por parte de la municipalidad y la asociación, ambas están unidas. Nos dicen que no pueden hacer nada porque el alcalde ya lo aprobó, pero deberían defendernos”.

La vecina Carmen Collao añadió que vive en la zona desde hace más de 10 años junto a sus dos hijos y, cuando llegaron, era un lugar completamente “verde”, pero ya no lo es. “Necesitamos el apoyo de la municipalidad. Nos ha sorprendido que se pretenda construir un local aquí. Ya no tendremos zonas de evacuación”, resaltó.

El presidente de la junta vecinal del parque Teruel de La Molina Ricardo Valiente sostuvo que con esta construcción se han invadido 400 metros cuadrados de área verde. “En caso de sismos, ahora no tenemos a dónde ir. Somos más de 2.000 vecinos los que vivimos en esta urbanización. La asociación tiene más de 30 años, pero no nos representan”, agregó la vecina Carmen Soto.

Sobre los arbitrios, los vecinos sostienen que todos los predios que se encuentran en el pasaje Baleares están registrados en la hoja de liquidación de arbitrios municipales como “frente a parque”. Por ello, afirman que, si se permite la construcción de un muro en sus frontis, esto se invalida.

Rosalía Guerra ha manifestado que es la más perjudicada por la situación, ya que su casa está contigua al parque. “Ahora la asociación quiere apropiarse del lugar hasta llegar al extremo de mi casa, lo que significa que ya no podré abrir mis ventanas, pese a que mi casa es esquinera y da al parque. ¿Cómo es posible que la municipalidad haya permitido este atropello? (...) A pesar de que también soy propietaria, no me permitieron entrar a la asociación, me dijeron que tenía que pagar miles de soles”, mencionó.

Otra de las residentes, Katherine Mang, indicó que hay una falta de transparencia. “Nunca nos consultaron previamente ni se formó ningún consenso. Ahora no podemos salir con nuestros vehículos. Aquí hay personas de la tercera edad. Si ocurre una desgracia, ¿por dónde salimos?”, dijo.

Ante ello, los vecinos solicitan que se restaure el terreno para que vuelva a estar completamente arbolado y tenga acceso peatonal y vehicular. “Este es un local comunal, es decir, de uso público, y nadie quiere que se lleve a cabo esta construcción. Se permitió cercar sin contar con una licencia de construcción. Nunca se realizó una visita de campo con especialistas de la municipalidad para evaluar la factibilidad de esta obra“, indicaron.

Dulmer Malca, asociado senior del área Inmobiliaria del estudio Miguel Mur Abogados, indicó que si el terreno es una propiedad privada (de la asociación de propietarios), esta persona jurídica es quien decide qué hacer sobre el terreno, todo dentro de los límites y parámetros que establece la ley. “Dependerá de la asociación el destino que le brinde al predio respetando la zonificación y los parámetros urbanísticos y edificatorios. Asimismo, la asociación se rige por sus propios estatutos, en los cuales se regula quién puede formar parte de la asociación y participar en la toma de decisiones. Si los vecinos desean tener opinión sobre el terreno, es necesario que se conviertan en asociados, de este modo podrán tener el derecho. Si es que la mayoría de asociados acuerda que no se construya este local, no se construirá”, dijo.

Por su parte, Lily Valderrama, jefa del área de Relaciones Sociales y Gubernamentales del mismo estudio, comentó que, si bien este espacio ha sido considerado un terreno en común, tiene un propietario (que es la asociación), por lo que se debe informar apropiadamente a los vecinos sobre el proyecto que se va a realizar. “Si esta asociación prevé facilitar el acceso a los vecinos, en hora buena. Si no es así, van a tener que conversar con la municipalidad para evaluar la posibilidad de que esta ceda algunos espacios”, mencionó Valderrama, quien, además, indicó que para evitar inconvenientes similares es recomendable que los propietarios delimiten bien sus terrenos colocando algún aviso en el predio.

La abogada especialista en derecho inmobiliario y jefa del área legal del grupo ‘My Home organización inmobiliaria’ Mercedes Seminario Huertas explicó que una asociación no actúa con fines de lucro y debe tener en consideración el bien común. “Algunos propietarios tienen cocheras y ahora les van a impedir el acceso y salida de sus vehículos. La calle estará cerrada y solo habrá tránsito peatonal”, mencionó.

La especialista añadió que los vecinos, de manera conjunta, pueden presentar una demanda para proteger el bien inmueble. Por su parte, resaltó que la municipalidad debe gestionar mejor las áreas verdes de la urbanización. “Lo más preocupante es que se estarían talando árboles. Resulta extraño que un municipio no impida que se realice esto. Es casi imposible que se dé el visto bueno para quitar árboles, así sea una propiedad privada. Siempre se tienen que efectuar una serie de permisos para cortar un árbol”, dijo.

La Municipalidad de la Molina informó a El Comercio que “el terreno colindante con el parque Teruel y el pasaje Baleares corresponde a un lote aprobado como terreno y no como parque, de acuerdo al Proyecto de Habilitación Urbana aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante una resolución en 1993″.

Sobre los accesos peatonales, el municipio explicó que “el argumento que dice que cercar este terreno dejaría encerradas a muchas familias que viven en pasajes no es cierto, puesto que en el diseño de la urbanización todos los lotes tienen una calle de tránsito vehicular o pasaje de tránsito peatonal”.

Añadió que la solicitud de licencia fue ingresada por la Asociación de Propietarios de la Urbanización La Capilla de la Molina. “La licencia de edificación del cerco perimétrico fue obtenida mediante revisores urbanos del Ministerio de Vivienda, quienes emitieron un Informe Técnico Favorable”, dijo.

“El inmueble se encuentra independizado, por lo que no corresponde a vía pública, sino a propiedad privada. No es cierto que se hizo en tiempo récord y tampoco que se realizó con peritos (…). No se aplicó un estudio de impacto ambiental por ser propiedad privada. La licencia que se tiene es solo para cercar sin construir, pero el propietario está procediendo a construir conforme a lo garantizado por nuestras leyes y la Constitución Política del Perú, lo cual incluye la modificación de las áreas verdes que se encuentran dentro de sus linderos”, agregó.

Además, la municipalidad indicó que los parques colindantes no se han visto afectados. “Los árboles dentro del predio privado no están dentro de la competencia de la municipalidad”, culminó.

El Comercio se contactó con la asociación para recibir sus descargos, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.