Desde las 00:00 horas de hoy, la empresa Lamsac, administradora de las 11 garitas para el cobro de peajes a lo largo del proyecto Línea Amarilla, ejecuta la reducción de tarifas en S/0.50, de acuerdo con el mandato judicial, emitido el lunes último, que declaró fundado el pedido hecho por la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato.
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En un recorrido por algunas garitas del citado proyecto vial, este Diario constató que la empresa tenía actualizados sus tarifarios (con la reducción de S/5.70 a S/5.20) instalados cerca de cada punto de cobro. Además, que si bien varios conductores respaldaron la medida judicial; la mayoría de estos consideró que la reducción de la tarifa debía ser aún mayor.
Fuentes en la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato señalaron ayer que la baja de S/0.50 en la tarifa fue posible a partir del proceso penal en contra de Domingo Arzubialde, exgerente de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima (MML), quien, en mayo del 2019, fue condenado a cuatro años de prisión por favorecer indebidamente a Lamsac con un reajuste indebido del precio del peaje. Según se informó, si bien la actuación de Arzubialde generó otros aumentos tarifarios, en el caso específico por el que él fue condenado se le atribuye un incremento correspondiente al citado monto.
Al respecto, la Municipalidad de Lima refirió en un comunicado que el mandato judicial en torno a la reducción de la tarifa de los peajes, “va en la línea de la argumentación presentada en el arbitraje internacional interpuesto por Lamsac debido a la discrepancia en la fórmula de reajuste del monto de los peajes”. El laudo de este arbitraje internacional, entre la Municipalidad de Lima y la empresa Lamsac, se emitirá en marzo próximo, según estimó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.
A inicios de agosto del año pasado, el alcalde Muñoz, dio cuenta de que la comuna metropolitana había iniciado un proceso de nulidad del contrato con Lamsac por el proyecto Línea Amarilla pues “evidencias públicas irrebatibles para la justicia confirmaban que los contratos suscritos con las dos anteriores gestiones municipales [de Susana Villarán y Luis Castañeda] estaban desequilibrados o manchados por la corrupción”.
La comuna limeña comenzó el proceso luego de que no lograra un consenso con la empresa francesa a cargo de la concesionaria, Vinci, en la renegociación de la tarifa de los peajes. Muñoz dijo que el precio justo del peaje, que negociaba el municipio metropolitano, era de S/4,40. Sin embargo, la concesionaria francesa planteó una reducción de S/0.20, lo cual fue considerado como una “burla”.
Por esa fecha, el alcalde de Lima estimó que el proceso para desvincular a la concesionaria de la administración de los peajes tomaría hasta dos años y que el proceso demandaría un desembolso de más de S/1.500 millones. El contrato de concesión abarca 25 km de un solo eje vial.
Para setiembre del 2019, Jorge Muñoz presentó en Estados Unidos los alegatos en la audiencia del proceso arbitral internacional contra los peajes de Línea Amarilla y con ello quedó todo listo para la evaluación del caso y posterior emisión del laudo. Días atrás, el alcalde capitalino indicó que todo el escenario actual es herencia de gestiones corruptas.