Débil gestión de residuos peligrosos por COVID-19 aumenta riesgo de contagios | INFORME ESPECIAL

Desde el 31 de marzo, un promedio de media tonelada diaria de residuos biocontaminados, es decir, desechos altamente peligrosos provenientes de pacientes con COVID-19 de la Villa Panamericana llegan hasta una planta de incineración en Chilca. Ahí pasan por un tratamiento que elimina su peligrosidad antes de su disposición final en un relleno de seguridad.

La empresa Prisma es la operadora encargada de recoger los residuos desde la Villa Panamericana y trasladarlos a la planta de incineración operada por Taris S.A. empresa del Seché Group Perú. Según establece la ley, todo este procedimiento sigue un estricto protocolo de seguridad para evitar contagios, sobre todo en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus.

El personal de la planta incineradora vestido con todo el equipo de protección, manipula las bolsas rojas (color establecido por ley) con restos quirúrgicos, guantes, mascarillas, equipos de protección médico o cualquier material que haya entrado en contacto con pacientes contagiados por COVID-19.

Tras determinar el peso y volumen de los residuos, estos son colocados en el horno incinerador y pulverizados a más de 1.200 °C. La incineración es una de las modalidades en el Perú para el tratamiento de residuos biocontaminados junto a la esterilización por autoclave (con sistema de trituración interna o externa), la desinfección por microondas o el tratamiento químico.

El tratamiento de estos desechos es el paso más seguro antes de colocarlos en un relleno de seguridad o en rellenos mixtos que tienen celdas de seguridad, según manda la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

“Un biocontaminado es un residuo peligroso con potencial de causar daño en el medio ambiente y la salud humana. El incinerador elimina al 100% la peligrosidad de los residuos y reduce en 95% su volumen. El polvo que queda se lleva a un relleno de seguridad para su disposición final”, explica a El Comercio Máximo Coll, gerente general del Séché Group Perú.

Coll detalla que además de los residuos provenientes de la Villa Panamericana, su empresa se encarga del tratamiento de biocontaminados de algunos hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) como el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), el Hospital Hermilio Valizán, el Hospital María Auxiliadora, el Hospital Casimiro Ulloa, de clínicas como la Internacional, Ricardo Palma, Stella Maris y laboratorios como Roe y Blufstein, por nombrar algunos.

“Nosotros debemos estar tratando entre el 15 o 20% de todos los residuos biocontaminados de hospitales, clínicas y laboratorios. El resto va a rellenos de seguridad o rellenos sanitarios”, declaró Coll.

Ante la falta de información oficial, una investigación del portal Salud con Lupa, reveló que en el Perú hay 65 empresas con permiso de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), adscrita al Ministerio de Salud, para manejar residuos hospitalarios desde el 2016 hasta el 2022. De este total, son cinco las empresas con permiso para la disposición final (la colocación en rellenos de seguridad o rellenos mixtos) de estos biocontaminados. Además de Taris S.A., están en la lista: Innova Ambiental, MP Construcciones y Servicios, Are Yaku Pacha y Servicios Generales H y F.

Sin embargo, tampoco existe información pública en el portal de la Digesa que detalle con qué establecimientos de salud trabajan cada una de estas empresas, el método de tratamiento de los residuos peligrosos o el resultado de las fiscalizaciones que realizan sobre la manipulación de estos. La norma técnica de salud N°144- MINSA/DIGESA, ratifica que la disposición final de los biocontaminados deben realizarse en rellenos de seguridad o rellenos sanitarios mixtos que son aquellos con celdas de seguridad.

Pero las cifras en nuestro país son precarias. En el Perú solo hay seis rellenos de seguridad. Uno en Lima, uno en Ica y cuatro en la región Piura. En tanto, de los 52 rellenos sanitarios existentes, solo 13 son mixtos y cuentan con celdas de seguridad.

Ante la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19 y el incremento vertiginoso de los residuos peligrosos de un virus que ha sido descrito como altamente contagioso, la pregunta es: ¿cómo se está tratando el mayor porcentaje de biocontaminados que provienen de hospitales, clínicas y laboratorios en el país? E inclusive, aquellos que provienen de las casas con pacientes positivos.

Norma no obliga al tratamiento

Según dispone la norma técnica de salud N°144- MINSA/DIGESA denominada: “Gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación”, el tratamiento de los desechos biocontaminados es opcional.

La norma dice textualmente: “el tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados puede ser opcional previo a la disposición final siempre y cuando no implique riesgo a la salud pública y al ambiente”. A esto, la norma añade que en aquellos lugares donde no existan empresas operadoras de residuos sólidos (EO-RS) que se encarguen de la disposición de estos, sí se requerirá su tratamiento antes de su disposición final. ¿Esto ocurre?

Dos de los hospitales más importantes del Seguro Social (EsSalud): el hospital Edgardo Rebagliati y el hospital Guillermo Almenara que atienden a pacientes con COVID-19, no realizan el tratamiento de sus desechos biocontaminados previo a su disposición final. Ambos hospitales contratan con empresas operadoras que se encargan del traslado de los residuos hospitalarios a un relleno de sanitario con celdas de seguridad seguridad.

En esta misma situación están el hospital Dos de Mayo y el hospital Sergio Bernales, también con pacientes confirmados por COVID-19. En este escenario, son los hospitales, clínicas y laboratorios los responsables de fiscalizar el correcto traslado que realizan los operadores. De acuerdo a la norma mencionada previamente, la Digesa debe realizar una supervigilancia a nivel nacional por lo menos una vez al mes sobre estos reportes. La emergencia por la pandemia ha paralizado esta supervisión.

En comunicación con El Comercio, el director Ejecutivo de la Digesa, Elmer Quichiz, refirió que la norma es opcional en el sentido que los operadores de hospitales, clínicas y laboratorios son responsables de tratar sus biocontaminados por su cuenta (por ejemplo en el caso que tuvieran sus propios incineradores o autoclaves) o de contratar a un operador de residuos peligrosos para que trasladen estos desechos a un relleno sanitario con celdas de seguridad.

“No todos (hospitales, clínicas y laboratorios) cuentan con acceso a un tratamiento de residuos biocontaminados. Por ejemplo en ciudades como Puno y Juliaca no existe este servicio”, refirió el médico. De otro lado, Quichiz aceptó que debido a la emergencia nacional, la supervigilancia que realiza Digesa sobre la trazabilidad de los residuos peligrosos está paralizada y ahora, en el caso de las regiones, se están comunicando solo por teléfono.

“Cada hospital tiene que cumplir con los requisitos establecidos por ley porque luego nosotros los detectamos”, añadió Quichiz.

¿Qué está ocurriendo en los hospitales en este momento? Este Diario se puso en contacto con Víctor Cerrón, ingeniero supervisor de la Unidad de Servicios Generales del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud quien dijo que en este establecimiento mantienen la segregación de residuos entre comunes y biocontaminados (que incluye los infectados por COVID-19).

Cerrón explicó que luego de esto, la basura considerada altamente peligrosa es almacenada y trasladada en recipientes con ruedas para facilitar su transporte. Tras ello, son pesados y colocados en un almacén central para llevar un registro exacto del volumen que recolecta cada 12 horas la empresa que los transporta al relleno sanitario.

“En nuestro país no tenemos las facilidades para contar con un sistema de incineración porque requiere de muchos parámetros que se deben controlar al milímetro. Pero, actualmente estamos evaluando la próxima implementación de un sistema de incineración ¿De qué depende? de los estudios de impacto ambiental. Sería importante que tanto el Ministerio del Ambiente con ayuda del Minsa y las autoridades competentes implementen un tratamiento de incineración a gran escala”, aceptó el ingeniero quien añadió que en promedio el hospital elimina 6 mil kilos de residuos biocontaminados por día. Esto equivale al doble de desechos peligrosos que eliminaban antes.

Consultado por la trabajadora que falleció por contagio de COVID-19 hace unas semanas y quien se habría infectado por su trabajo como operadora de la empresa Servicios Integrados de Limpieza (SILSA), que brinda el servicio al Hospital Almenara, Cerrón atribuyó que hubo un descuido en el uso de los equipos de protección.

“Basta que se genere un descuido para que el virus pueda introducirse en el organismo”, sostuvo el ingeniero.

Un equipo de este Diario pudo corroborar en el hospital antiguo de Ate las condiciones de recolección y acopio de los residuos biocontaminados. Las bolsas rojas con las que se diferencian los residuos peligrosos no tienen medidas de protección adecuadas. La emergencia no solo ha desbordado la capacidad de atención sino de supervisión sobre estos desechos. Una muestra gráfica es una fotografía donde los residuos biocontaminados están esparcidos por el suelo luego que se volteara un tacho de basura. Según algunos testimonios recogidos por El Comercio esta precaridad no solo se registraría en este hospital.

El peligro en casa

Por ley, los biocontaminados son desechos que salen exclusivamente de hospitales, clínicas y laboratorios y para ellos existe el protocolo descrito líneas arriba. Sin embargo, los desechos altamente contagiosos que se producen en las viviendas donde existen casos de pacientes con COVID-19 no cuenta con un protocolo específico.

La norma técnica de salud N°144- MINSA/DIGESA ha precisado e informado recomendaciones a los pacientes con COVID-19 que siguen el procedimiento en casa. Este consiste en meter estos residuos en bolsas (sin ningún color específico), amarrarlos con cuidado y rocearles una combinación de agua con lejía (hipoclorito de sodio), volver a colocarlos en otra bolsa y botarlos.

Por ser generados en las casas y no en hospitales, no están obligados a seguir un tratamiento o una disposición final en rellenos de seguridad o rellenos mixtos con celdas de seguridad. Depende exclusivamente de los municipios el tratamiento de estos desechos, así como la protección del personal de limpieza que recogerá esta basura.

Alicia Abanto Cabanillas, Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, opinó que los residuos biocontaminados que se generan en las casas por pacientes de COVID-19 deberían estar colocadas en bolsas diferenciadas y debería existir una pauta específica para la recolección y el tratamiento de estos desechos.

“La única pauta ha sido meter estos residuos a una bolsa luego amarrar, echar lejía y meter a otra bolsa y volver a amarrar pero si las personas no tienen el debido cuidado eso sería perjudicial dentro y a fuera de las casas y aumenta el riesgo de contagio para el servicio de limpieza pública. Esto requiere una propuesta normativa que sea más contundente”, mencionó Abanto.

Sobre el tema general, la funcionaria dijo que en la Defensoría del Pueblo han advertido que en el país existe una supervisión precaria sobre el tratamiento y disposición final de los residuos biocontaminados.

“Básicamente, estamos a mercerd que los hospitales y las empresas prestadoras de servicios cumplan con su labor y, en un escenario como el actual, los mecanismos de gestión se debilitan. Por otro lado, es importante que el Ministerio de Salud tenga un mecanismo para transparentar la situación nacional de la gestión de este tipo de residuos. No hay información articulada disponible a nivel nacional”, declaró Abanto.

Por su parte, Julio Guzmán Mendoza, procurador Público del Ministerio del Ambiente recordó que han existido investigaciones contra empresas transportadoras que han arrojado residuos hospitalarios en zonas prohibidas. Al cierre de esta edición, El Comercio recibió una denuncia sobre el arrojo de desechos hospitalarios por parte de LA Dirección de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. En la fotografías se observa mandiles, jeringas, cajas de medicamente al interior de una bolsa roja que fueron arrojadas a un botadero informal.

Consultado respecto al peligro de los residuos biocontaminados en las casas, director Ejecutivo de la Digesa, Elmer Quichiz, mencionó que según la ley los residuos domiciliarios son competencia de los gobiernos municipales y, dijo, que ellos son responsables de capacitar y brindar la indumentaria de protección a las personas que trabajan en la limpieza pública.

“Cuando el personal de salud trata a pacientes con COVID-19 en las casas, ellos se retiran toda su indumentaria fuera de la vivienda, la colocan en una bolsa roja y lo trasladan al establecimiento de salud de donde provienen por tratarse con un biocontaminado. Sobre los residuos en casa, hemos dado recomendaciones porque en esta etapa de infección comunitaria no podríamos discernir cuántas son las personas contagiadas. Hemos aconsejado también al Ministerio del Ambiente que durante la emergencia se suspenda el reciclaje porque todos los residuos deben permanecer confinados todo el tiempo dentro de una bolsa", concluyó Quichiz.

Finalmente, Augusto Tarazona, médico infectólogo del Colegio Médico del Perú (CMP) explicó que existe un alto riesgo de contagio por el modo en que se está procediendo con los residuos biocontaminados en las casas. Comentó que la falta de cultura de segregación de residuos en casa genera que el personal de limpieza suela abrir las bolsas antes de colocarlas en los camiones de basura.

“Esa permisibilidad que da la ley genera que no se cumpla y no se haga una adecuada disposición de residuos. Es una obligación del Minsa ajustar la normativa para que sea más estricta en el tratamiento de biocontaminados”, añadió el médico.

Dato

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el tratamiento y la evacuación de desechos sanitarios puede entrañar riesgos indirectos para la salud, a través de la liberación de patógenos y contaminantes tóxicos al medio ambiente.

Si el residuo va directamente a un relleno de seguridad es posible que no haya filtración de la contaminación al subsuelo. Pero se recomienda que haya un tratamiento previo para estar seguros.

Si el residuo va a botadero informal o relleno sanitario es posible que filtre como indica la OMS, al agua, subsuelo, etc y genere contagios o infecciones.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que el manejo seguro de los desechos biomédicos y sanitarios es esencial para la salud comunitaria y la integridad del medio ambiente, caso contrario se puede llegar a ocasionar un efecto rebote en perjuicio de ambos derechos.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

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