Corredor morado vuelve a operar: vehículos que reemplazaron su ruta deben más de 4 millones de soles en multas

Luego de dos días de paralización, en los que 100.000 usuarios viajaron en unidades al límite de la informalidad con el permiso del Ministerio de Transportes (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el corredor morado vuelve hoy a las calles de Lima. Este fue el resultado de una reunión entre el ministro Raúl Pérez-Reyes y el representante del corredor morado, Gerardo Hermoza.

El MTC se comprometió a presentar un proyecto de ley al Congreso para solucionar el pago de la deuda pendiente de S/300 millones a las tres empresas concesionarias, monto necesario para garantizar el funcionamiento de los corredores.

“Llegamos a un acuerdo con el MTC para que los usuarios no sean perjudicados y vuelvan a tener un transporte seguro. Mañana firmaremos un acta con el ministro [Pérez-Reyes] para la presentación del proyecto de ley que arregle el asunto contractual y económico de las concesionarias”, declaró Hermoza.

El representante señaló que esta norma establecerá un nuevo cronograma del pago de la deuda. “En un par de semanas, el proyecto de ley debe estar en las comisiones de Transporte y Economía del Congreso, que priorizarán su aprobación. Buscamos asegurar la sostenibilidad financiera del corredor morado”, manifestó.

Por otro parte, Hermoza indicó que el ministro de Transportes se comprometió a implementar una serie de mejoras operativas para este servicio. “El ministro accedió a que termine de reglamentarse la norma que permitirá el chatarreo y envío al depósito de los vehículos que no deben continuar en las calles. También, pedimos que fiscalicen electrónicamente a los colectivos a través de las 150 cámaras que tienen la ATU y la Municipalidad de Lima. Otro requisito fue que se respete el carril segregado para el corredor morado en la Av. Abancay mediante más operativos de fiscalización”, detalló.

Durante dos días, el caos volvió a las calles y avenidas por las que circula el corredor morado debido a la presencia de los buses y coasters de seis empresas de transporte convencional que fueron autorizadas para cubrir las cuatro rutas de este sistema: Consorcio Roma, Luis Banchero Rossi, Transportes y Servicios Salvador, Próceres, Virgen de Fátima y Huáscar.

De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, los vehículos de las seis empresas tendrían al menos 786 papeletas pendientes de pago en el sistema de infracciones de transporte de la ATU. Por si fuera poco, la cantidad que adeudan por estas faltas ascendería a S/4′144.173,20.

Esta deuda solo corresponde a las multas de transporte colocadas por la ATU a través de actas de fiscalización, sin considerar las papeletas de tránsito colocadas por la Policía que son tramitadas por el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). En ese sentido, según Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, si se toma en cuenta ambos registros de papeletas de estos vehículos, la cifra de infracciones se triplicaría.

Las unidades del Consorcio Roma registran 119 multas en el sistema de ATU y su deuda por estas faltas asciende a S/579.830. Los buses de la compañía Luis Banchero Rossi deben S/ 1′731.857 por 265 faltas de transporte. Por su parte, los vehículos de la empresa de Transportes y Servicios Salvador registran 103 papeletas y adeudan S/382.053,20 por ellas.

Además, las unidades de la empresa Próceres tienen 129 papeletas y deben S/802.281. Los buses de la compañía Virgen de Fátima adeudan S/218.875 por haber cometido 62 infracciones de transporte. Finalmente, los vehículos de la empresa Huáscar adeudan S/429.267 por 108 papeletas.

Alfonso Flórez, gerente general de la fundación Transitemos, considera que estos hallazgos suponen una “involución” para el sistema de transporte público en Lima.

“Retrocedemos a los años noventa, cuando no se pedía ningún requisito de formalidad ni garantía de seguridad a los vehículos que transportaban ciudadanos”, sostiene. “Estamos dirigiendo al público hacia los microtransportes, como las combis y coasters, en lugar de avanzar hacia un sistema de macrotransportes, con vehículos que lleven a la mayor cantidad de personas, reduciendo el tráfico, la contaminación vehicular y la contaminación sonora”, agrega.

Por su parte, Quispe Candia considera que esta situación demuestra la inoperancia de las autoridades a cargo del transporte en Lima. “Hay una extensa falta de coordinación entre las autoridades que regulan y fiscalizan el tránsito y transporte. ¿De qué sirve que policías y controladores de la municipalidad coloquen papeletas y actas de control si no hay certeza de que los infractores paguen? Es un grave perjuicio a la población, que ve afectado su bolsillo y su seguridad”, argumenta.

En relación con este problema, El Comercio publicó ayer que, el lunes, en solo una hora, 22 vehículos con infracciones pendientes de pago, Soat vencido y revisión técnica caducada, fueron captados en las avenidas Abancay y Brasil. El caso más indignante es el de la coaster de placa D9K-885 de la empresa Próceres. Esta unidad registra 43 papeletas; 21 de ellas son faltas muy graves. Además, el vehículo, fabricado en 1997, adeuda S/49.599,82 por estas faltas y tiene el Soat vencido.

Según información que obtuvo este Diario, 680 vehículos de seis empresas de transporte autorizadas por la ATU fueron habilitados para cubrir las rutas del corredor morado. Vale precisar que la entidad informó que fueron más de 500.

El Consorcio Roma tuvo 214 unidades; Transportes y Servicios Salvador, 85; la empresa Próceres, 23; Virgen de Fátima, 112; la empresa Huáscar, 124, y la empresa Luis Banchero Rossi, 122.

Cabe recordar que, como reveló El Comercio, las seis líneas de transporte que reemplazaron al corredor morado no tienen a todos sus conductores y cobradores en planilla.

“Las empresas de transporte público trabajan a partir de un modelo comisionista afiliador donde el dueño de ruta, chofer, propietario y cobrador no tienen un vínculo formal. Como saben que las papeletas se colocan a los vehículos, ninguno da la cara cuando se les quiere multar”, expresa Flórez.