La obligatoriedad de portar las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 para acceder a lugares públicos cerrados –entre otras restricciones para no vacunados– tuvo un primer efecto positivo en reducir la brecha de inmunización. En los dos primeros días de su vigencia (10 y 11 de diciembre) se aplicaron más de 60 mil primeras dosis y 70 mil segundas dosis a la población de más de 20 años, grupo que debió completar el proceso semanas o meses atrás.
Ambas cifras son los niveles diarios más altos de vacunación observados en esta población desde inicios de diciembre [ver gráfico], según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) Minsa.
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Las largas colas reportadas en los centros de vacunación reflejaron el interés de los rezagados en completar el proceso. La curva de vacunación diaria (en primera y segunda dosis) en mayores de 20 tuvo un crecimiento mucho más marcado que la del rango entre 12 y 19 años, cuyo proceso todavía no ha concluido.
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Ayer, por la mañana, la directora de Inmunizaciones de este ministerio, Gabriela Jiménez, señaló que más 120 mil personas regazadas se habían puesto “al derecho en su vacuna”. Esta cifra es mayor diario registrado durante los primeros cuatro meses de vacunación en el país [ver cuadro]
Al cierre del domingo, el ministerio informó que 6′242.000 personas mayores de 20 años todavía no cuentan con la vacunación completa.
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Contrarreforma legislativa
El esfuerzo del Gobierno por ampliar la cobertura y culminar la inmunización tiene sus mayores obstáculos desde la representación oficialista en el Congreso. Ayer, la bancada de Perú Libre, a propuesta de la legisladora Margot Palacios, presentó el proyecto de ley 958-2021-CR, que refuerza las posturas de los grupos antivacunas.
El documento, titulado “Ley que garantiza el ejercicio de los derechos humanos a la vida, a la salud y demás derechos fundamentales en época de pandemia” prohíbe que se pueda poner como requisito la vacuna para trabajar, viajar o acceder a establecimientos.
El médico infectólogo Juan Villena remarcó que la iniciativa legislativa atenta contra los principios básicos de la salud pública, que está por encima de posturas individuales. Lamentó que el Congreso esté revisando este tema.
“El que no se vacuna no puede hacer lo que se le dé la gana como ir a cualquier lugar sin que nadie pueda hacer nada. Eso es absurdo. Donde terminan los derechos de uno empiezan los derechos de los demás. Tenemos que respetarnos mutuamente”, opina.
Villena, ex decano del Colegio Médico del Perú (CMP), añadió que la exigencia del carné es totalmente adecuada en este momento y advierte que el riesgo de tener una población no vacunada se traducirá en una mayor circulación o mutaciones del virus.
“El problema es la población [que no respeta la norma]. Temo que mucha gente no acate la disposición de portar la vacuna, o los que deban exigirlo, como son los lugares públicos, cuando se percaten que la gente no lo quiera hacer también se rindan. Es el comportamiento habitual basado en la informalidad. Si no me vacuno y me infecto soy un irresponsable porque contamino a mis padres, familiares o amigos”, concluye.
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