:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/MPGFEO7MKVA3JAZTBBEWTBMFDE.png)
Más allá de las cifras específicas de crimen y seguridad de cada caso, casi todos los países latinoamericanos tienen algo en común: la población percibe que la delincuencia ha aumentado. Así lo muestra un estudio de opinión de CID Latinoamérica, parte del grupo CID Gallup, realizado en enero.
Según los resultados, en 12 de los 13 países incluidos en la encuesta se piensa que el crimen se ha incrementado en los últimos cuatro meses. Después de Ecuador, el Perú es el territorio en el que más se percibe ese aumento: cuatro de cada cinco personas cree que la delincuencia creció.
“El sentimiento de inseguridad ha ido incrementando en todos los países, excepto El Salvador. Esto lo relacionamos, principalmente, a la falta de capacidad de los gobiernos”, explica Ana Patricia Alfonso, directora regional de CID Latinoamérica.
En el Perú, quienes más perciben el incremento son las mujeres y los mayores de 40 años. No se identificaron diferencias significativas en las respuestas por región de origen y nivel de educación.
Ahora bien, en tanto la encuesta mide la percepción de los ciudadanos –es decir, lo que creen–, ello no necesariamente significa que que la delincuencia haya, en efecto, aumentado. Según Alfonso, en el caso específico peruano, el aumento en la percepción de inseguridad podría estar relacionado a la violencia relacionada a las manifestaciones contra el gobierno y el Congreso, que han tenido lugar los últimos meses en el país.
“Al estar Perú en todo este desequilibrio político, la gente ve que hay problemas de inseguridad. Ello no necesariamente está relacionado con la delincuencia, pero es la percepción que se tiene”, indica.
Por otro lado, en países con altas cifras de delincuencia como Nicaragua, México y Honduras la población no percibe un incremento importante del crimen. Según CID Latinoamérica, ello podría indicar que, en esos territorios, “se ha normalizado la violencia”.
El único país en el que la población percibe que la delincuencia ha disminuido es El Salvador. Las cifras contrastan fuertemente con el resto de países del estudio: el 92% de salvadoreños considera que el crimen se ha reducido, y solo el 1% cree que ha aumentado. Este cambio de tendencia, que inició en el año 2019, se atribuye a las controversiales medidas que ha tomado el gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas que históricamente han controlado buena parte del territorio salvadoreño.
Óscar Martínez, periodista del diario salvadoreño “El Faro”, explica que la reducción de homicidios en El Salvador –los índices de asesinatos están en su menor valor histórico– se ha logrado a través de estrategias que no han estado libres de cuestionamientos. “Hasta marzo del 2022, Bukele pactó con las pandillas. Eso está comprobado”, asegura.
Como se recuerda, a fines de febrero una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el gabinete de seguridad de Bukele pactó en secreto con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) la reducción de homicidios en El Salvador a cambio de beneficios carcelarios para sus miembros. El acuerdo había sido revelado por “El Faro” en el 2020.
Dicha estrategia, sin embargo, llegó a su fin en marzo del año pasado, cuando la Mara Salvatrucha rompió el pacto y asesinó a 87 salvadoreños en un fin de semana. A partir de entonces, el gobierno de Bukele impuso un régimen de excepción que continúa vigente casi un año después. Según reportes, desde entonces se ha detenido a más de 60 mil personas acusadas de ser pandilleros. “Con este régimen, violando muchísimos derechos humanos, ha logrado desarticular de alguna manera las pandillas”, dice Martínez.
Este año, Bukele inauguró una megacárcel diseñada para albergar a 40 mil reos. Las imágenes del traslado de alrededor de 2 mil pandilleros al recinto se reprodujeron en todo el mundo.
A pesar de los cuestionamientos por violaciones de derechos humanos y falta de transparencia en el régimen salvadoreño, la población –que por décadas ha sido víctima de la brutal violencia del pandillaje– ha avalado la estrategia de ‘mano dura’ aplicada contra el crimen: la aprobación de Bukele supera el 80%, una cifra a la que no se acerca ningún otro mandatario de la región.
Según Martínez, el régimen de excepción es “una estrategia política” del presidente de cara a las elecciones del 2024, en las cuales ha anunciado que buscará reelegirse, “a pesar de que la Constitución lo prohibe en seis artículos”.
“A sabiendas de que la comunidad internacional le cuestiona su falta de democracia, necesita un caballo de batalla fuerte sobre el que articular su campaña política. El régimen de excepcion es ese elemento: Bukele necesita venderse como el hombre fuerte, el mesías, el libertador de El Salvador que está en una cruzada radical contra las pandillas asesinas”, comenta.
