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La pretensiones del Ejecutivo de renegociar los contratos de Camisea, el yacimiento de gas natural más importante del Perú ubicado en Cusco, ha puesto en debate el grado de contribución del proyecto a la economía peruana. Según estimaciones de Macroconsult, desde el 2004 (inicio de operaciones) hasta el 2019, su producción anual promedio representó el 1,1% del PBI nacional y el 39% del sector hidrocarburos, y permitió un ahorro de US$100 mil millones al conjunto de la economía en ese lapso, principalmente en el sector energía.
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El segundo aspecto importante reside en la contribución del proyecto a las arcas fiscales, en especial a partir de las transferencias por el canon gasífero realizadas a los gobiernos subnacionales donde se ubica el proyecto. Su participación fue ganando importancia entre los principales aportes que dejan las actividades extractivas (como el canon minero, las regalías mineras, el canon y sobrecanon petrolero, y el canon gasífero). Solo en la última década, representó el 26% del total de recursos distribuidos por dichos rubros a los tres niveles de gobierno, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) [ver gráfico].
Aportes en detalle
Desde el 2004 a la fecha, la huella de Camisea en las instancias subnacionales alcanzó los S/22.572 millones y se concentró en el Gobierno Regional y los gobiernos locales del Cusco. De este monto acumulado, casi las tres cuartas partes (S/16.965 millones) se destinaron a los municipios y el resto (S/5.607 millones) se distribuyó a la región. Las transferencias anuales para ambos niveles alcanzaron sus picos máximos en el 2013 (S/2.421 millones); cuando el monto percibido por las municipalidades fue casi el triple de lo que le correspondía al Gobierno Regional. Luego del 2016 se iniciaría un lento declive en las contribuciones hasta lograr un repunte este año.
La Ley 27506 determina que el canon gasífero se compone del 50% del Impuesto a la Renta y del 50% de las regalías por la explotación de los recursos. Diego Rosales, economista de Macroconsult, explica que la ley también define una regla de distribución, priorizando las municipalidades cercanas a la actividad.
“Hay una ley que determina su uso, únicamente para inversión. Sin embargo, la hipótesis que tenemos es que el gran descontento social en torno a la actividad extractiva es que gran parte de los proyectos públicos en estas zonas no logra concluirse”, dijo.
Según el portal del MEF, el 25% de todo canon –excepto el petrolero– se entrega al gobierno regional y, de ese porcentaje, el 20% va para las universidades. En tanto, el 70% del total se distribuye entre los municipios y una mayor asignación tienen aquellos donde se explota el recurso.
Distritos y ejecución
Entre los cuatro distritos que han percibido un mayor monto acumulado por canon gasífero figuran Echarati, Pichari, Quimbiri y Megantoni, todos ubicados en la provincia de La Convención. A lo largo de 18 años de contribuciones, el primero recibió S/3.520 millones, cifra que representa el 16% del canon gasífero repartido en la región. Este último año, la lista de fondos recibidos está encabezada por Megantoni (S/153 millones). Desde su fundación, en el 2016, esta localidad ha acumulado S/831 millones.
La cantidad de recursos manejados por estos distritos superan incluso los presupuestos anuales completos de aquellos distritos más ricos de Lima Metropolitana. Por ejemplo, el monto acumulado de canon gasífero recibido desde el 2010 a la fecha por Echarati (S/2.969 millones) es casi similar al presupuesto total de la municipalidad de San Isidro en ese mismo período. Por su parte, en solo seis años de transferencias, el canon de Megantoni alcanzó la mitad de los recursos totales recibidos por San Isidro [ver gráfico].
Si bien los montos se mantuvieron ascendentes por un buen tiempo, la ejecución siguió un ritmo ligeramente menor que no permitió acortar rápidamente las brechas sociales. En lo que va del año, Megantoni apenas ha ejecutado el 53,2% de su partida correspondiente al canon, sobrecanon y regalías, mientras que Echarati llega al 70%. Si se toma en cuenta el horizonte 2004-2019, la ejecución del presupuesto de inversión (principal rubro adonde debe destinarse el canon gasífero) ha fluctuado entre el 50% y el 80% respectivamente.
Según el Mapa de Pobreza Provincial Distrital 2018, elaborado por el INEI, la pobreza en Echarati aún se mantiene en 23%, mientras que en Megantoni sube al 34%.
Romi Infantas, actual teniente alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Cusco, explicó a El Comercio que se trata de municipalidades pequeñas. “Si bien se ven las obras, muchas veces no se hacen planificadamente. Por ejemplo, se construyen canchas deportivas. Al tener tantos recursos y tan poca población, la ejecución no es la más óptima”, dijo.
Por el contrario, Infantas refirió que la Municipalidad Provincial del Cusco hoy no cuenta con suficientes recursos. “Pienso que es momento de dar una nueva mirada a la distribución. Hay municipios que necesitan más que otros, pero no quiere decir que dejemos de atender las necesidades de los distritos que en este momento reciben más”, explicó.
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