Hicieron un acuerdo con una empresa para que se encargara de vender sus vehículos. A cambio, esta recibiría un porcentaje. Sin embargo, 98 personas terminaron con denuncias en el Poder Judicial, endeudadas, reportadas en centrales de riesgo, e incluso acabaron con sus cuentas bancarias embargadas. Todo por no cerciorarse de las “letras chiquitas” en los contratos que firmaron.

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