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ANA BRICEÑO
Si uno busca en Google el nombre del suboficial PNP (r) Víctor Tapia Rabanal, aparecerá como el supuesto extorsionador que, a mediados del 2013, exigió S/.35 mil al alcalde de la provincia de Pallasca (Áncash), Nicolás Risco Orbegoso, a cambio de no asesinarlo.
El número telefónico desde el que se hicieron las 64 llamadas amenazantes a Risco es el 995-416338, que estaba a nombre del policía, según el registro de Telefónica. Sin embargo, él dice que jamás solicitó esa línea. Cuando se acercó a la compañía para reclamar, le cayó otro baldazo de agua fría: le informaron que, además de esa, existían 12 líneas a su nombre.
Su calvario no terminó ahí. Luego de haber desactivado las 13 líneas, denunciar a la operadora de telefonía por el delito de asociación ilícita para delinquir y de explicar a su institución por qué era inocente, en marzo de este año Tapia fue citado por la División de Investigación de Secuestros (Divinsec). ¿La razón? Lo acusaban de otra extorsión.
Esa vez Telefónica le informó que había ocho líneas a su nombre, las cuales Tapia debió volver a anular. “He buscado justicia en el Osiptel y el Ministerio Público, pero no resuelven nada”, dice, resignado.
El caso de Tapia no es atípico. El jefe de la Divinsec, coronel PNP Manuel Roncalla, aseguró a El Comercio que en lo que va del año se registraron 121 denuncias de extorsión, la mayoría de ellas en Lima, y todas se cometieron a través de llamadas con chips telefónicos obtenidos ilegalmente. “El extorsionador nunca figura como dueño de la línea”, asevera.
El Comercio comprobó esta semana lo sencillo que resulta comprar líneas prepago en esa cuna de la informalidad que es el emporio Las Malvinas, en el Cercado.
En varias tiendas visitadas se ofrecían chips Claro a S/.8, de Nextel a S/.15 y de Telefónica a S/.10, sin que sus vendedores pidieran la copia del DNI, como lo exige el Decreto Supremo 024-2010-MTC.
El dueño de un puesto contó que adquiría al por mayor los chips en las operadoras para revenderlos, y que no importaba si no se tenía el documento, pues las líneas estaban a su nombre.
El problema, sin embargo, surge cuando un delincuente adquiere una de esas líneas para perpetrar una extorsión.
“No saben si le venden a un sicario o a un extorsionador y, por eso, se ven envueltos en denuncias”, agrega el oficial Roncalla.
La Sunat no sabe cuántas tiendas en Las Malvinas se dedican a la venta informal de chips, pero dijeron que en las próximas semanas empezará un programa de formalización.
¿A QUIÉN SE SANCIONA?
El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que desde el 2011 se han impuesto 22 multas a Telefónica, Claro y Nextel por no exigir la copia de DNI a los clientes que compran chips.
No obstante, todas las sanciones llegaron al Poder Judicial, pues las operadoras dijeron no ser responsables de la venta de líneas prepago en el mercado negro.
Julio Bustamante, jefe del Área Legal de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a las operadoras, sostuvo que las compañías consideran que se les atribuye una responsabilidad que no está en su ámbito.
“Las operadoras no controlan el mercado negro, ese es un tema que compete a la policía. Ellas operan con representantes autorizados”, remarcó.
Humberto Sheput, de la Gerencia de Protección al Usuario de Osiptel, resaltó que el año pasado diez personas denunciaron a las operadoras porque tenían líneas a su nombre que no solicitaron. “Los casos no se resuelven de inmediato. Las compañías no cumplen las normas y buscan inhibirse de responsabilidades”, subrayó.
¿Y cómo se sanciona a los revendedores? Lamentablemente –explica Liliana Ruiz, ex gerenta de Osiptel y presidenta de Alterna Perú–, la legislación no incluye ninguna sanción para ellos. Un vacío que, sin duda, agudiza el problema.
