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De las casi 300 casas prefabricadas quedaron apenas algunas planchas de calamina, maderas, colchones, enseres empolvados y las marcas del suelo lotizado en recuadros de 6x9 metros. La ocupación de un amplio terreno del Estado en el ingreso a la playa de Naplo, en el distrito sureño de Pucusana, terminó la mañana del miércoles con el operativo de desalojo que movilizó a unos 1.000 policías.
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“Vinieron a las 5 de la mañana a amenazarnos con que si no salíamos nos pasaban camiones encima”, cuenta una mujer que llegó al lugar a inicios de mayo junto a cientos de personas que aseguran ser habitantes de Pucusana. La mayoría se retiró de forma pacífica, aunque inicialmente un grupo quemó llantas en la vía de entrada a Naplo para evitar el ingreso de la policía. Los videos de los primeros minutos de la intervención muestran a decenas de agentes ingresando en grupos por todos los flancos de la invasión para tomar el control de las pequeñas casas. Luego de cinco horas de diligencia, usaron maquinaria pasada para levantar los módulos que quedaban en pie.
Naplo: desalojan a más de 300 familias que ocupaban terreno del Estado
De las 300 casas precarias instaladas informalmente solo quedaron apenas unos enseres y maderas.
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Naplo: desalojan a más de 300 familias que ocupaban terreno del Estado
La diligencia de desalojo extrajudicial, que incluyó la participación de la policía montada, unidad antimotines y personal de 15 comisarías de Lima Sur, se realizó a solicitud de la procuraduría de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
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Naplo: desalojan a más de 300 familias que ocupaban terreno del Estado
Se usó maquinaria pesada para retirar a los módulos de material prefabricado donde unas 300 familias habitaban desde mayo.
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Naplo: desalojan a más de 300 familias que ocupaban terreno del Estado
El terreno desocupado tiene un área de 57 mil metros cuadrados y pertenece al Estado. Otra zona también ocupada desde mayo es de propiedad de un privado y no fue incluida en la diligencia de este miércoles 28 de julio.
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Naplo: desalojan a más de 300 familias que ocupaban terreno del Estado
El retiro se realizó de forma pacífica. La misma población movió sus enseres ante la presencia policial.
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Naplo: desalojan a más de 300 familias que ocupaban terreno del Estado
Participaron unos mil policías, incluida la unidad montada, en el desalojo de un terreno del Estado ubicado en el ingreso a Naplo, en Pucusana.
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Naplo: desalojan a más de 300 familias que ocupaban terreno del Estado
Las personas que ocupaban el terreno aseguran que son miembros de una asociación de posesionarios. Habían lotizado el área en zonas de 6x15 metros.
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La diligencia de desalojo extrajudicial, que incluyó la participación de la policía montada, unidad antimotines y personal de 15 comisarías de Lima Sur, se realizó a solicitud de la procuraduría de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en un área de 57.382 metros cuadrados, cuya propiedad pertenece al Estado y se encuentra inscrita en las partidas N°12488480, 13406174 y 13406175. Este amplio terreno empezó a ser ocupado el 11 de mayo y en apenas dos semanas se convirtió en una ciudadela con módulos casi idénticos de material prefabricado, divisiones internas, cerco perimétrico y un paradero de mototaxis.
De toda el área ocupada ilegalmente en Naplo desde mayo, unos 57 mil metros cuadrados son del Estado y el resto de un privado.
/ Anthony Niño de GuzmánLa invasión en Naplo, sin embargo, es mucho mayor. Se estima que toda el área ocupada por casi 50 días abarca más de 20 hectáreas, mientras que los terrenos del Estado solo corresponden a 5,7 hectáreas. El resto es propiedad privada cuyo proceso de desalojo sigue otra vía.
Carlos Rodríguez Melendez, procurador público de la SBN, declaró días atrás a este Diario que el proceso de recuperación extrajudicial de terrenos del Estado está avalado en los artículos 65 y 66 de Ley 30230. Aunque existe una ley que otorga derecho de posesión a partir 10 años, el procurador aclaró que esta excluye a los terrenos del Estado. “La SBN facilita estos terrenos a instituciones públicas como ministerios para servicios de salud o educación, a municipalidades para programas de vivienda social, a Cofopri, u otros; y también a privados mediante venta directa o subasta. Es importante porque genera viabilidad a proyectos de inversión pública y privada. Cautelamos el crecimiento ordenado de las ciudades”, dijo.
Por sus características, la ocupación simultánea de los terrenos de Naplo no se trataría de un evento espontáneo. “Es sistemático, organizado y coordinado. En estos casos los que invaden el terreno se retiran y quedan los que compraron y fueron estafados”, dijo Rodríguez para un reportaje previo de El Comercio sobre la reciente invasión.
El delito de usurpación, que se sanciona con hasta 12 años de prisión en su forma agravada, genera en promedio más de mil denuncias al mes. Según estadística de la policía, solo entre el 2019 y 2021 se registraron 26.872 denuncias por este delito.
Distintas versiones
“Nuestros padres y abuelos son socios de estas tierras. No tenemos dónde vivir, si sales hacia la pista ves que todos los terrenos ya están vendidos. Hemos cogido este pedazo porque somos socios, es nuestro derecho. Las medidas de los terrenos son de 6x15 [metros cuadrados], no pedimos más, no somos traficantes”, dijo un representante de la asociación. Mientras la policía tomaba el control del terreno y los ocupantes intentaban desmantelar sus propias casetas para recuperar la madera, un grupo de ocupantes, representado por una mujer que prefirió mantener su nombre en reserva, denunció esta mañana, con un papel en mano, que el desalojo era supuestamente ilegal.
Participaron unos mil policías, incluida la unidad montada, en el desalojo de un terreno del Estado ubicado en el ingreso a Naplo, en Pucusana.
/ Jorge CerdánEllos aducen ser miembros de la Asociación de Propietarios Residencial Perú 2000, supuestos posesionarios de la zona recientemente invadida, cuya presidencia se encuentra a nombre de Felipe Liberato Tucto, gerente de la Cooperativa Lobo Varado LTDA N°530. En el año 2013, Liberato fue denunciado por presunta usurpación agravada.
“No estamos 15 días, estamos más de 20 años acá. Vamos a participar en la subasta pública si eso quieren”, añadió la representante.
Otros ocupantes declararon a la prensa vivir en la zona desde hace varias décadas. “Hay pobladores que tenemos más de 40 años, hemos nacido acá antes de que este predio pertenezca a Bienes Nacionales”, señaló a TV Perú un hombre identificado como Richard Ureta. En su defensa, han presentado un hábeas corpus ante el juzgado de Lurín y aseguran que denunciarán a la policía.
Así se encontraba el área invadida en Naplo en el año 2013
Algunas personas que invadieron terrenos del Estado aseguraron que viven en la zona unos 20 años. Sin embargo, imágenes de archivo de Google Maps de los años 2013 y 2014 muestran el área desocupada, con apenas un par de edificaciones en material noble y un cerco de esteras.
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Así se encontraba el área invadida en Naplo en el año 2014
Algunas personas que invadieron terrenos del Estado aseguraron que viven en la zona unos 20 años. Sin embargo, imágenes de archivo de Google Maps de los años 2013 y 2014 muestran el área desocupada, con apenas un par de edificaciones en material noble y un cerco de esteras.
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También hubo versiones contradictorias. Otros ocupantes reconocieron haber llegado al lugar hace poco debido a que el terreno estaba vacío. “Tengo dos meses acá esperando ganar un terreno. Me he posicionado acá y si es del Estado, yo quiero comprar, no quiero que me regalen nada. Esto ha estado vacío por años. [Vine] porque habían varios, como todos se pasan la voz”, dijo uno vecino identificado como Wester La Rosa a Latina.
Lo cierto es que este tipo de situaciones se alimenta de una insatisfecha oferta de vivienda social. La brecha anual de vivienda implica que unas 85 mil familias, especialmente de sectores con menos recursos, no cuentan con ofertas formales para acceder a una casa.
Según la investigación Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú, más del 90% de la expansión urbana de las últimas dos décadas ha sido de carácter informal, a través de ocupaciones ilegales promovidas por traficantes de terrenos y lotizaciones informales. Solo el 6% de nuevas viviendas corresponden a urbanizaciones formales y apenas el 1% a proyectos de vivienda social.
