Lo que dicen las leyes sobre la Costa Verde

Un niño de tres años va tres días en coma luego de que le cayera una roca desde un acantilado de la Costa Verde, a la altura de la playa Waikiki, en Miraflores.

Tras actitudes esquivas respecto a la responsabilidad del hecho, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se reunió ayer con autoridades de municipalidades con jurisdicción en la Costa Verde y anunció que el enmallado de los acantilados empezaría hoy y ya no en abril como se tenía previsto.

Efectivamente, esta mañana iniciaron los trabajos. Pero cabe precisar algunos aspectos legales para contextualizar lo ocurrido.

1. ¿Cuáles son las normas que existen sobre la Costa Verde y los distritos que la integran?

Existe la Ley 26306 (1994), que otorga la propiedad de los terrenos a los distritos y empodera a la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) como órgano encargado de ratificar toda propuesta municipal o privada de desarrollo, conforme a un plan maestro. Luego está la Ordenanza 750 (2005), que norma la supervisión de APCV.

2. ¿A qué autoridad responsabilizan estas normas por la seguridad de los acantilados?

De acuerdo al artículo 6 de la Ordenanza 750, los distritos deben consultar con la APCV para cualquier proyecto según el plan maestro, excepto “las acciones de seguridad y defensa nacional”. Para el abogado municipalista Hildebrando Castro, esto eximía a Miraflores de esperar el permiso de Lima para proteger sus acantilados.

3. ¿Debió Miraflores actuar por su cuenta si Lima no respondió o demoró en responder?

Martín D’Azevedo y Julio Castiglioni, especialistas en Derecho Municipal, opinan que no. “La ley dice que el terreno es distrital, pero la ordenanza obliga a consultar con Lima. En la práctica es una pérdida de tiempo”, dijo el primero. “Hay una incongruencia, pero si la ordenanza es válida, hay que cumplirla”, agregó Castiglioni.

4. ¿Qué autoridad podría ser denunciada por lo ocurrido con Thiago?

Según los tres especialistas, hay responsabilidad administrativa, civil y penal de la APCV y Lima por lesiones graves, debido a comisión por omisión. Es decir, por no proteger los acantilados y evitar que las piedras caigan a la vía. Miraflores sería responsable solidaria, pues detectó el problema y no insistió en solucionarlo.