:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QUWHJT4HKJFBFNAMKTGPI6O3HI.jpg)
Los municipios tienen una participación vital en la lucha contra la delincuencia en sus jurisdicciones. Junto a la Policía Nacional, las autoridades locales son las encargadas de coordinar las acciones pertinentes para reducir la comisión de delitos. Por ello, la asignación de recursos municipales a este rubro es preponderante.
Llama la atención, sin embargo, que los distritos con el mayor índice delictivo en Lima y Callao han destinado menos del 5% de su presupuesto anual a la seguridad ciudadana, según calculó El Comercio con cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
RECURSOS MÍNIMOS
Una de estas comunas es San Juan de Lurigancho –el distrito con más delitos denunciados en comisarías entre enero y junio del 2015, de acuerdo con el INEI–, que ha concedido el 3,9% de su presupuesto institucional de apertura (PIA) a la lucha contra la delincuencia. Es decir, durante el 2016 planea invertir S/5 por vecino en este rubro.
En la misma línea están los municipios de Chorrillos (3,9% de su PIA irá a la seguridad ciudadana), Comas (5,2%) y La Victoria (5,3%). Un caso que llama la atención es el del Callao. Pese a estar en estado de emergencia desde diciembre último por la inseguridad y violencia que se vive en sus calles, su municipalidad provincial fijó una de las asignaciones presupuestales más bajas para reducir la delincuencia: 4,2%.
Las cifras revelan el poco interés de los gobiernos locales por el resguardo de sus vecinos. Las comunas no destinan los recursos suficientes para generar políticas que disminuyan la criminalidad y no están cumpliendo su labor estipulada en la ley, indicó César Bazán, experto en seguridad del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Con la eliminación del 24x24 [régimen por el cual los policías trabajaban 24 horas continuas para tener libre el mismo plazo de tiempo y prestar servicios a entidades públicas y privadas], los alcaldes deberán mejorar sus presupuestos durante el año y reforzar sus cuerpos de serenazgo, que el año pasado se redujeron”, dijo.
En efecto, entre el 2014 y el 2015, los cuerpos de serenazgo de Lima y Callao se han reducido un 7%, según el IDL. Los casos que más preocupan son los de Chorrillos, San Juan de Lurigancho y Comas, donde un agente debe resguardar a más de 4 mil vecinos.
DISPARIDAD PRESUPUESTAL
Por otro lado, los cinco distritos con la mayor asignación de recursos para seguridad ciudadana son Lurín (18,1%), Pueblo Libre (17%), Miraflores (16,7%), San Isidro (16,6%) y San Borja (16,6%).
Esto evidencia otro problema latente en la lucha contra la inseguridad a nivel distrital en Lima: la disparidad presupuestal. Por ejemplo, San Isidro contará este año con más de S/30,3 millones para enfrentar la inseguridad, mientras que San Juan de Lurigancho, con una población 20 veces mayor, solo dispondrá de S/5 millones.
El 80% de la inversión edilicia para la lucha contra la delincuencia proviene de la recaudación tributaria y el 20% restante del Ejecutivo. Según el IDL, los distritos con más delitos son los que tienen menores ingresos tributarios.
Si la recaudación es pobre, el presupuesto será deficiente. Se debe revisar el rol de las municipalidades frente a la inseguridad ciudadana, ya que así el Gobierno Central sabrá a quién brindarle mayores recursos económicos y también policiales, explicó Mariana Alegre, coordinadora de Lima Cómo Vamos. “La actual distribución de recursos solo perpetúa la desigualdad”, afirmó.
