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En el 2022, en el Perú fueron decomisadas 13.267 armas de fuego. Del total, cuatro de cada 10 (44%) se confiscaron en Lima y el Callao, según información de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) a la que accedió El Comercio.
La segunda región con más incautaciones fue Lambayeque, con 1.315 armas (9,9%). El material decomisado se conduce a los almacenes de las jefaturas zonales de Sucamec en distintas ciudades.
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En las regiones en las que no existen dependencias de la institución adscrita al Ministerio del Interior, las armas son custodiadas en sedes policiales hasta su traslado a la jefatura de Sucamec más cercana.
“En Lima están las grandes compañías de seguridad y armerías. Hay más personas y empresas que intentan protegerse y adquieren armas de fuego”, explicó Ronald Rejas, gerente de Armas de Sucamec.
En Lima hay 55 centros de venta y distribución de armas de fuego con autorización vigente, según información de Sucamec.
Entre mayo y octubre del año pasado, el 10.6% de la población urbana del país de 15 años a más fue víctima de un hecho delictivo cometido con arma de fuego, según la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En Lima Metropolitana, la cifra alcanza el 13,1%.
Realidad del mercado
Por otro lado, tres de cada 10 armas (4.016) fueron decomisadas por una orden de la fiscalía o el Poder Judicial, debido a que son parte de un delito o crimen en investigación. En tanto, dos de cada 10 (2.754) fueron entregadas por su propietario y las restantes fueron internadas por diversos motivos.
“No todas las armas que están en situación de judicializadas conservan su versión original. Muchas son adulteras para hacerlas más funcionales”, señaló Teófilo Mariño Cahuana, superintendente nacional de Sucamec, en diálogo con este Diario. Solo el año pasado se confiscaron en el país 620 armas de fabricación casera.
“Los delincuentes acceden a armas que, por lo menos, tuvieron origen legal. [...] En el Perú no existe contrabando de armas de fuego, al menos no de manera importante, menos aún si hablamos de armas de guerra”, comenta el abogado Derick Latorre, exsuperintendente de Sucamec.
La investigación “Armas pequeñas en el crimen urbano. Delitos, acceso y mercados ilegales de armas de fuego en Lima” (Jaris Mujica, 2009) detalla que las armas ilegales que circulan en el país son “las que son perdidas, robadas o vendidas en el mercado informal de civiles y seguridad privada”, en un precario mercado informal de venta individual de armas cuya licencia no fue renovada. También “recirculan en las requisas de la policía”.
El año pasado, casi ocho de cada 10 armas de fuego decomisadas (9.928) fueron revólveres y pistolas, equipos que los ciudadanos pueden adquirir fácilmente en armerías o distribuidores legales. Además, su costo es menor y no se requiere entrenamiento especializado para su uso.
“Las armas legales pueden entrar fácilmente en el mercado ilegal. Basta que una persona que compra su arma cumpliendo todos los requisitos la pierda o simule haberla perdido para que esta entre al comercio clandestino”, asevera Ronald Rejas, de Sucamec.
Finalmente, Mariño Cahuana, superintendente nacional de Sucamec, expresa que, en ocasiones, las armas confiscadas se donan a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas “para contribuir a sus acciones por la seguridad ciudadana, el orden interno y la convivencia pacífica”.
“En el caso de que las armas no puedan ser utilizadas por las fuerzas del orden, se dispone su destrucción por el método de fundición”, detalló.
![El pasado 7 de marzo, Sucamec fundió 6.971 armas de fuego que fueron decomisadas el año pasado. La actividad se efectuó en Nuevo Chimbote, Áncash. (Foto: Sucamec)](https://elcomercio.pe/resizer/os6yuow9KLXmgBnhzz9AjvdN9ew=/620x0/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/A2VRBZOGSZAIFLPTPMPU4M3OGM.jpeg)
En el país hay actualmente 77.006 ciudadanos con licencia para portar armas de fuego, mientras que a 4.059 se les canceló el permiso en el 2022 por distintas razones. En el 26% de casos (1.057), la cancelación se debió a que los usuarios registraban antecedentes policiales, penales o judiciales.