Los secuestros en el Perú casi se duplicaron en solo un año. En el 2022, se registraron 11 casos, mientras que en el 2023 fueron 20; es decir, hubo un incremento de 82%, según estadísticas de la División de Secuestros de la Policía Nacional (PNP).
Además, los secuestros cometidos el año pasado fueron más del triple que los registrados en el 2019 (6). Esa cifra se mantuvo estable en el 2020 y el 2021, un período signado por restricciones sociales debido al COVID-19.
En el trabajo policial, estos casos son conocidos como secuestros típicos, pues cumplen una serie de etapas claramente establecidas: la selección y reglaje de la víctima, a la cual también se le denomina ‘pescado’; el ‘levante’ o rapto de la misma, el período de cautiverio, la negociación y eventual pago del rescate hasta su liberación.
Se trata además de un delito de alto impacto, como la extorsión y el sicariato, por ejemplo. Aunque ocurren con mucha menor frecuencia que otros, “por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia e incidencia, contribuyen a la percepción de inseguridad y vulneración de la sociedad”, refiere un documento del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) de México.
Viejo delito, nuevos tiempos
El general en retiro de la PNP Juan Carlos Sotil, exdirector de la Dirincri, explica que, si bien hay un claro incremento en el número de casos de este tipo de delito, también se observa “una involución en las formas”.
“No vemos bandas especializadas como las que había décadas atrás. Tampoco cuentan con la logística necesaria ni están preparados para mantener cautiva a una persona por mucho tiempo. Aunque no son bandas tan planificadas, sí son personas avezadas”, aseveró Sotil.
Décadas atrás, las víctimas generalmente eran empresarios de gran fortuna y alto perfil. En el 2023, en cambio, la mayoría fueron emprendedores –o sus familiares más cercanos– de rubros como la gastronomía, el transporte, entre otros, y profesionales independientes. El 70% de casos del 2023 sucedió en nueve distritos de Lima.
Otro punto clave es la facilidad con la que los delincuentes pueden acceder a la información de sus potenciales víctimas. “No solo hay un mercado negro de la información privada y confidencial, sino que nosotros mismos muchas veces la compartimos en nuestras redes sociales”, apuntó Frank Casas, especialista en seguridad ciudadana.
Perfiles
El mayor número de víctimas tiene entre 15 y 59 años: el 41% entre 30 y 44 años; el 27% entre 15 y 29 años; y el 18% entre 45 y 59 años. Un grupo muy reducido está conformado por niños y adultos mayores. Hay dos razones que explican esta particularidad.
Por un lado, es mucho más difícil mantener cautivo a un niño pequeño o a un adulto mayor. “Estos pueden necesitar cuidados o alimentación especiales, medicina u otra cosa”, detalló Sotil.
El otro motivo es la gravedad de la pena. En su artículo 152, el Código Penal indica que “la pena [por el delito de secuestro] será de cadena perpetua” si “el agraviado es menor de edad o mayor de 70 años”, sufre alguna discapacidad o “si se le causa lesiones graves o la muerte”.
Solo un caso del año pasado terminó en la muerte de la víctima. En abril, el odontólogo Christian Quispe Culqui fue secuestrado en Lurín. Aunque los delincuentes pedían S/100.000 a cambio de su liberación, él fue torturado y asesinado.
“Para los secuestradores, la víctima no es más que una valiosa mercancía que deben cuidar muy bien. A diferencia de cualquier otro, posee una particularidad: tiene un solo vendedor: el secuestrador, y un solo comprador: la familia”, relató en una presentación ante el Ministerio Público el coronel PNP César Vallejos, asesor especializado en secuestros y extorsiones.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó a El Comercio que están encarceladas 849 personas –es decir, 0,9% del total de reos– por secuestro. De estas, el 91% (773 internos) son hombres; y el 9% (76 internas), mujeres.