EE.UU alertó al Perú sobre banda de trata de menores en agosto

Brown y sus compinches, que permanecen en la sede de la Dirincri, serían procesados por hasta cuatro delitos: trata de personas, violación sexual, asociación ilícita para delinquir y favorecimiento de la prostitución. El delito de violación sexual se castiga con hasta 35 años en el caso de que las víctimas sean menores de edad, al igual que el delito de trata de personas.

De acuerdo con el jefe de la Divitrap, general PNP Óscar Gonzales, esta organización de prostitución infantil contaba con un catálogo electrónico para ofertar a sus víctimas, el mismo que los detenidos compartían a través de aplicaciones para celulares. Los clientes de esta red participaban en fiestas donde tenían encuentros sexuales con mujeres menores y mayores de edad, en casas de La Molina, Miraflores, San Borja y Surco.

Cony Salazar, una de las mujeres que se dedicaba a captar niñas para prostituirlas, declaró ante la policía que su trabajo era “sencillo”. Las niñas que captó eran sus sobrinas, primas y vecinas de Chorrillos. La captación también la hacía a través de redes sociales.  

De hecho, de acuerdo con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, del 2013, las víctimas con frecuencia son reclutadas a través de falsas ofertas de empleo.

Aviso antiguo
Para fuentes diplomáticas consultadas por El Comercio, la captura de Brown ha sido una buena noticia. “Confiamos en que las investigaciones que realiza la policía peruana nos permitan identificar a posibles cómplices en Estados Unidos o en otras partes del mundo”, señalaron.

El aviso que permitió dar con Brown no ha sido el primero sobre este delito. Desde el 2009, el Departamento de Estado de Estados Unidos exhortó al Gobierno Peruano a investigar numerosas denuncias de trata de personas en sus distintas modalidades (ver nota vinculada).

Asimismo, en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos se señala a Lima, Cusco y la Amazonía como focos de turismo sexual infantil. En estas dos últimas regiones, “los nativos o indígenas peruanos son un sector particularmente vulnerable”. El trabajo forzoso y la explotación sexual de que es víctima este grupo son comunes en localidades cercanas a comunidades mineras.

El documento añade que a pesar del gran número de víctimas de trata de personas en el Perú (cerca de 4.500 jóvenes tan solo en la comunidad minera La Rinconada, en el límite con Bolivia), las autoridades no asignaron fondos suficientes para el combate a este delito ni para el apoyo a sus víctimas. De acuerdo con el “Tercer informe alternativo” de la ONG Capital Humano y Social, el presupuesto anual del Estado para la lucha contra la trata de personas en el 2013 fue de  S/.1’600.000. En el 2014, aumentó a S/.2’963.328. El informe estadounidense también advierte al Perú “sobre la existencia de funcionarios corruptos que permiten que se cometan este tipo de delitos” en esos lugares.