El efecto granada, por Sandra Belaunde

Esperemos que esta semana haya sido un punto de inflexión de las políticas públicas en seguridad ciudadana para que Lima no se acostumbre a despertar con explosiones de granadas. Que en la reunión del miércoles en la noche en Palacio de Gobierno entre el presidente Humala y los altos mandos de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra se hayan planteado medidas que enfrenten el problema de raíz, y no de costado.

Cuando los recursos, en particular los policiales, se optimizan y enfocan en batallar el crimen organizado, ocasionan resultados positivos, como el hallazgo de las granadas en Breña. Estas son 51 granadas que ya no van a llegar a puertas de colegios, negocios o viviendas, y 51 posibilidades menos de que una persona inocente pierda la vida, como ocurrió con el suboficial PNP Adolfo Castellano, el lunes, cuando intentaba desactivar un explosivo en un colegio de Villa El Salvador.

Operaciones como la de Breña resaltan la importancia de que haya una mayor inversión en inteligencia policial, pues esta permitió el hallazgo, pero también la urgencia de una mejor coordinación entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. El ex policía que tenía en su poder el armamento ya había sido capturado por el mismo delito en el 2007. Sin embargo, estaba libre y podía reincidir. El Comercio preguntó a la policía por qué este sujeto no cumplía una condena, pero no obtuvo respuesta. Es uno de muchos casos en que los delincuentes son capturados, pero no procesados ni sentenciados, ya sea por negligencial policial, fiscal o del Poder Judicial, o descoordinación entre ellos.

La resaca del hallazgo de las granadas también deja el sabor de la innecesaria politización de la seguridad. El jueves, durante la incautación de las granadas y la posterior orden de inamovilidad de las tropas del Ejercito, parte de la discusión de centró en si el inmueble había servido como sede de los partidos Fuerza Popular y Fuerza Social. El problema de fondo —la inseguridad proveniente del tráfico de armamento de guerra— quedó relegado por varias horas en las primeras reacciones de los políticos. Parecía un chiste de mal gusto.

Y al reaccionar, sus propuestas giraron en torno a la tipificación de nuevas figuras delictivas y el endurecimiento de penas, medidas que ya han probado ser inefectivas en disuadir el comportamiento criminal.  

En un editorial a inicios de mes, este Diario ya ha adelantado el riesgo de que los candidatos presidenciales abunden en promesas cosméticas para solucionar la inseguridad.

Como el 90% de los peruanos se sienten inseguros en las calles —de acuerdo con una encuesta de Ipsos— hay una ventana de oportunidad política para propuestas populistas que suenan bien en principio, pero que no han probado reducir el crimen, como la militarización de las calles, la pena capital y el endurecimiento de las sanciones carcelarias. Los siete meses hasta las elecciones pasan rápido y las propuestas efectivas aún no se dejan oír.