El deshacinamiento de las cárceles avanza a paso lento | INFORME

El 15 de marzo, día en que se anunció el estado de emergencia, en las cárceles del país había 97.345 internos. En el Perú, el sistema penitenciario tiene capacidad para menos de la mitad: 40.463 presos. Por este problema de hacinamiento, mantener la distancia en las prisiones y evitar los contagios del COVID-19 era y sigue siendo muy difícil.

En los más de cien días de cuarentena, la cantidad de reclusos ha bajado a 92.815. Esto quiere decir que el hacinamiento pasó de 141% a 129%. Sin embargo, no todos los 5.979 reclusos dejaron las cárceles como consecuencia de las políticas de deshacinamiento del Ejecutivo. La mayoría lo hizo porque cumplió su condena o porque se venció el plazo de sus prisiones preventivas. Iban a salir de todas maneras, sin ninguna norma específica.

Al amparo de las medidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), han dejado las cárceles 1.600 personas y la promesa de las autoridades es la liberación de 12.250 internos que cometieron delitos de mínima lesividad y no representan un peligro para la seguridad.

“El Gobierno ha fracasado totalmente en el tema penitenciario. Solo hay que medir los resultados de deshacinamiento que ofrecieron con la aprobación de las leyes. Estamos a más de cien días de pandemia y apenas ha salido el 1,5% de la población penal. Es poquísimo. Chile ha sacado al 7% y Francia acabó con el hacinamiento de sus cárceles sacando a 19% de sus internos. Se pudo hacer mucho más”, cuestiona el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) José Luis Pérez Guadalupe.

Según el Minjus, hasta ahora se han infectado 2.785 reclusos y de ellos han fallecido 256. En el caso de servidores penitenciarios, los contagiados con COVID-19 suman 1.433 y 19 no lograron superar la enfermedad.

Además del colapso sanitario, las cárceles convulsionaron socialmente. Entre marzo y abril, se registraron protestas y motines para exigir medicinas, pruebas rápidas, mascarillas y excarcelaciones. Las reyertas más violentas dejaron dos muertos en el penal El Milagro de Trujillo (23 de marzo), ocho en el penal Castro Castro de Lima (28 de abril) y otros dos en la cárcel de Picsi, en Chiclayo (30 de abril).

—Medidas en cuestión—

El 14 de abril, se aprobó el Decreto de Urgencia 1459 para optimizar el procedimiento de conversión de penas a las personas condenadas por omisión a la asistencia alimentaria, previo pago de su deuda. La meta del Gobierno es 2.250 excarcelaciones y a la fecha han salido bajo esta modalidad 1.040 internos.

Días después, el 23 de abril y 1 de mayo, el Ejecutivo aprobó dos decretos supremos para simplificar el procedimiento de las conmutaciones de pena e indultos humanitarios, tanto para adultos como adolescentes que hayan cometido delitos o infracciones no graves. Los violadores sexuales, feminicidas, integrantes de organizaciones criminales y terroristas no tienen opción a acceder a estos mecanismos de liberación.

La Comisión de Gracias Presidenciales del Minjus ha evaluado 4.480 expedientes, de los cuales aprobó 355. La meta del Gobierno es liberar a tres mil presos bajo esta modalidad.

El Ejecutivo publicó el 4 de junio un tercer paquete de medidas para agilizar la revisión de las prisiones preventivas y una aplicación menos engorrosa de los beneficios penitenciarios, como la variación de la condena por readaptación social y otros que tampoco son aplicables a delincuentes de alta peligrosidad.

Según el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, con los decretos legislativos 1513 y 1514 se espera liberar en un mes y medio a 7.000 personas más. De acuerdo con el Minjus, la Defensoría Pública liberó a 198 personas.

En su sentencia del 26 de mayo último, el Tribunal Constitucional declaró en estado de cosa inconstitucional la situación de hacinamiento y las severas deficiencias en las condiciones de albergue, de infraestructura y de salud dentro de las prisiones.

En un plazo no mayor de tres meses, dice la sentencia, el Minjus debe tener un nuevo plan y, si al 2025 las condiciones no han cambiado, se debe proceder al cierre de las cárceles más hacinadas del país como Castro Castro, Callao y otras cuatro.

—¿Se puede hacer más?—

“Lo que se ha hecho mal es la demora en la toma de acción y eso lamentablemente costó vidas”, sostiene la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello. No se ha escuchado, agrega, a los servidores penitenciarios que son los que mejor saben manejar las cárceles.

“Lo que necesitan es el respaldo político correcto, pero por ejemplo en estos momentos no hay un jefe del INPE. Es el vicepresidente [Rafael Castillo Alfaro] el que está tomando decisiones”, opina Pérez Tello.

Además de la desinstitucionalización [tres personas han dirigido el INPE durante la pandemia], para José Luis Pérez Guadalupe este gobierno es el único que en cincuenta años no ha construido una sola cárcel.

La pandemia del COVID-19, según dice la decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, ha recrudecido la crisis del sistema penitenciario que tiene décadas sin solución.

“El Estado no le puso interés al problema del hacinamiento y ahora estamos viendo las consecuencias”, concluye.

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“Esta pandemia ha evidenciado mucho los problemas del Estado” | ENTREVISTA

Alex Rueda Borrero - Viceministro de Justicia

¿Por qué la primera medida se da el 14 de abril, a un mes del estado emergencia?

Desde antes de la pandemia adoptamos una serie de medidas para garantizar la vida de las personas privadas de libertad y también nos preocupamos por el hacinamiento que data desde hace 15 o 20 años [...] Antes de la medida del 14 de abril, coordinamos con el Poder Judicial para que se dé prioridad a la atención de los beneficios penitenciarios y demás mecanismos, pero salieron pocas personas porque no hubo una reacción de los jueces.

¿Cuál es el principal problema que han encontrado para acelerar el deshacinamiento de las cárceles?

Esta pandemia ha evidenciado mucho los problemas del Estado. Uno de ellos es la gestión de la información. Es difícil obtener esta data ordenada, actualizada, sistematizada e interconectada. Es un reto.

El gobierno anterior asegura haber dejado listo en el 2016 un contrato de 2 mil grilletes electrónicos. ¿Por qué esto no funciona hasta hoy en el Perú?

Se han obtenido S/50 millones para implementar ocho mil grilletes electrónicos [...] Se ha cambiado el mecanismo, porque antes lo pagaba el interno y ahora lo asumirá el Estado para asegurar que esta sea una alternativa real para los jueces al momento de dictar sus sentencias.

¿Cuánto le costará al Estado un grillete electrónico?

El costo mensual es de S/700 por interno, cuya manutención dentro de un establecimiento es mayor (de S/900 a S/1.000) [...] No puedo dar una fecha de cuándo estarán implementados, pero estamos en ese proceso.