Inseguridad en Lima: ¿Por qué los expertos califican de inútil y peligroso el estado de emergencia?

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En Los Olivos, dos sujetos armados encañonaron a una mujer que iba con su bebé en un coche. Hace cuatro días, en Ate, una madre con su pequeño hijo fueron asaltados alrededor de las 11 a.m. Los delincuentes bajaron de una moto, les apuntaron y les quitaron todo lo que tenían. En cualquier esquina de la ciudad, incluso en la más iluminada, en la que aparenta ser más segura, pueden aparecen maleantes dispuestos a todo por un celular.

En medio de esta rampante delincuencia , el Gobierno del presidente Pedro Castillo había anunciado la semana pasada la declaratoria del estado de emergencia para Lima y Callao. Sin embargo, el anuncio se daba pese a la disputa que había entre Avelino Guillén (entonces ministro del Interior) y el general PNP Javier Gallardo (en ese momento comandante general de la PNP). La medida fue aprobada en el consejo de ministros, pero no se llegó a publicar esta medida.

Recién ayer, con Alfonso Chávarri como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter) se publicó el decreto supremo 012-2022-PCM que declara el estado de emergencia por 45 días. Se dispone que las Fuerzas Armadas apoyen a la PNP en labores de seguridad y se suspenden varios derechos fundamentales.

La medida es cuestionada por varias razones. El penalista Luis Lamas Puccio opinó que es solo una medida declarativa que no resuelve nada, porque el problema de la inseguridad es operativo de la PNP. “Es una medida más política que busca distraer a la opinión del problema de fondo: una policía sin recursos, sin logística y golpeada institucionalmente”, comentó.

El penalista Mario Amoretti consideró que la suspensión de los derechos a la libertad personal e inviolabilidad del domicilio es un peligro, especialmente, en un contexto de crisis política. “Lo más grave es darle esta facultad a las Fuerzas Armadas cuando no están capacitadas para ello. Ellos [los militares] están capacitados para defender el territorio nacional”, dijo.

En su opinión, el estado de emergencia y la suspensión de derechos constitucionales no permite atacar los problemas más álgidos de inseguridad como el robo callejero, el sicariato o la extorsión. “No ayuda mucho, porque la PNP está facultad para ingresar a cualquier domicilio en caso de flagrante delito, sin necesidad de un estado de emergencia”, aseguró.

Al respecto, el constitucionalista Luciano López dijo en sus redes sociales que hoy presentaría un hábeas corpus por considerar que esta medida se da con la intención de impedir eventuales protestas.

Maria Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, consideró que el estado de emergencia no soluciona el problema de fondo de la inseguridad y espera que no se comentan excesos. “El problema de la inseguridad no se resuelve con un estado de emergencia. Lo que se necesitan son políticas de Estado, a corto, mediano y largo plazo, donde el Estado fortalezca con logística y presupuesto”, comentó.

Ayer, durante la presentación de resultados de un operativo policial en La Victoria, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry dijo que el personal policial hará intervenciones respetando los derechos humanos y a todas las personas que van a ser intervenidas. “Nuestra lucha es contra la delincuencia. No tiene por qué preocuparse el resto de personas”, aseguró.

A tener en cuenta frente a una detención

Sobre qué debe hacer un ciudadano si es detenido durante el estado de emergencia, Lamas Puccio dijo que la PNP puede hacerlo sin necesidad de flagrancia, pero la legalidad no se ha suspendido y por lo tanto el ciudadano está en su derecho de exigir que se le informe el motivo de la detención, a contactarse con sus familiares y su abogado, y a que el caso sea informado a un fiscal.

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Sobre la inviolabilidad domiciliaria, Lamas Puccio explicó que la PNP debe tener indicios, alguna denuncia o algún sustento para poder ingresar a un inmueble en el marco de la suspensión del derecho constitucional a la inviolabilidad domiciliaria. El ciudadano, dijo Lamas, puede denunciar abuso de autoridad ante la fiscalía si estos elementos no existen. El abogado penalista exhortó a que la Defensoría y el Ministerio de Justicia informen a los ciudadanos sobre sus derechos.

Agregó que el decreto aprobado no autoriza a las Fuerzas Armadas a aplicar detenciones o intervención de personas, sino solo una función de apoyo operativo a la PNP. Una de estas labores de apoyo, dijo, podría ser el control de identidad de personas. En días anteriores, otros especialistas como el exviceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos opinaron que las FF.AA. podrían ocuparse de prestar vigilancia en instalaciones públicas de modo que los agentes policiales se aboquen a la labor de seguridad.

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