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LUIS SILVA NOLE / @Lucho_Silva
María Nieves Véliz, de 75 años, vive cada vez más aislada dentro de su propia casa, en La Perla, Callao. A mediados del año pasado estampó su firma en un poder legal, con visado notarial de por medio, que emitió a favor de una de sus hijas para que esta dispusiera a voluntad de la propiedad.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indica a El Comercio que, según el reporte de los funcionarios del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Carmen de la Legua, ahora ella sufre desatención de parte de tres de sus hijas, quienes ocupan la casa con sus respectivas familias.
“La marginan en su casa. Le quitaron espacios y muebles”, dice una trabajadora de la Dirección de Personas Adultas Mayores (Dipam), del MIMP.
Tras saber del caso, el CEM realizó en abril pasado una denuncia de oficio contra las hijas involucradas y el padre de estas por violencia psicológica y negligencia contra María.
En mayo, el Ministerio Público interpuso la demanda correspondiente ante un juzgado de familia y dispuso que el MIMP lleve a la señora a un albergue. Eso último está en trámite. “Estamos buscando un lugar para ella, pero, a la par del proceso judicial, las hijas seguirán en la casa, disponiendo de ella. Es un dilema moral para nosotros”, dice la trabajadora.
El de María es uno de los tantos casos de abuso financiero en contra de adultos mayores que hay en nuestro país. Esa figura corresponde a robos y despojos en materias de dinero, bienes y propiedades, por sustracciones a la fuerza o estafa.
Un estudio realizado en el 2012 entre personas mayores de 50 años por la Red Perú de HelpAge International, movimiento global a favor de los derechos de las personas de la tercera edad, revela que el 68% de los adultos mayores peruanos ha sufrido abuso financiero.
De ese total, un 14% dijo haber sido engañado con dinero, bienes o posesiones; un 17% señaló que estos les fueron negados, y un 14% manifestó que se le impidió recibirlos o acceder a una herencia.
En promedio, tres de cada 10 adultos mayores han sido víctimas de estafa patrimonial, explica Mercedes Viera Cerna, coordinadora del Centro Proceso Social, una de las seis organizaciones no gubernamentales que integran la Red Perú de HelpAge.
FAMILIARES AGRESORES
“Muchos de los casos de estafa patrimonial son causados por los familiares. Muchas veces los culpables son los hijos. En esos casos, las familias tienen grados de disfuncionalidad”, refiere a El Comercio Viera, responsable del estudio hecho por el mencionado movimiento global en favor de la vejez.
Según la investigación, entre los abusadores financieros, la pareja y demás familiares representan el 45%; los amigos o vecinos, el 32%; y los desconocidos, el 33%.
“Abuso financiero también es, por ejemplo, cuando los hijos se apropian de la pensión por jubilación”, revela Viera.
EL FACTOR NOTARIO
Elba Espinoza, jefa de la Dipam, sostiene que malos hijos presionan a sus padres y les hacen firmar minutas de compraventa sobre las casas, que luego son elevadas a escrituras públicas por un notario inescrupuloso e interesado en retribuciones. Ese el paso previo a la inscripción del bien en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
“Los notarios no practican la figura del consentimiento previo e informado, el que, según la Ley del Notariado, consiste en leer el texto y confirmar la voluntad del que otorga. Los papás firman engañados o por amor a los hijos”, dice Espinoza.
Su sector coordina desde principios de año acciones con el Ministerio de Justicia (Minjus) para frenar este maltrato.
Fuentes del Minjus señalan que la Sunarp y el Consejo del Notariado, órganos de ese sector, han puesto la lupa en este problema. El Consejo del Notariado evalúa las quejas y, si hay fundamento, un notario parcializado puede perder su licencia para esa función, sin perjuicio de los procesos penales y civiles que se les entable al notario y a los agresores.
