En recientes entrevistas ofrecidas por militantes de Perú Libre (PL), partido por el que postula a la presidencia el candidato Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas han sido señaladas por su actuación durante el combate contra el terrorismo y el narcotráfico. Esto ha sido rechazado por ex mandos militares. El electo congresista por PL Guillermo Bermejo -con un proceso judicial abierto por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de terrorismo (afiliación a una organización terrorista)- es quien ha dado declaraciones en este sentido y aquí repasamos algunas.
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1.- Lucha contra el terrorismo
En un debate del 6 de abril, organizado por LP Pasión por el Derecho, Bermejo dijo que “hubo terrorismo demencial de Sendero Luminoso, pero también hubo terrorismo de Estado” en referencia a los excesos cometidos por algunos malos elementos de las fuerzas militares que combatieron el terrorismo.
“Nosotros también tuvimos miedo, también vivimos los apagones, también pasamos los toques de queda, pero también vimos la actitud de los militares. Violaban mujeres, torturaban gente, decapitaban gente en la sierra, les hacían cavar sus propias tumbas para matarlos. Eso también se llama terrorismo”, dijo en dicho debate transmitido por las redes sociales.
Al respecto, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen) ha rechazado los señalamiento en estos términos: “Expresamos nuestra más profunda protesta […] por las reiteradas ofensas y amenazas que vienen propalando los diferentes miembros de dicho partido (Perú Libre) con clara intención de desprestigiar a nuestras instituciones tutelares de la patria”.
La Adogen señaló que a las FF.AA se las está “difamando como que fueran responsables de la muerte de 30.000 peruanos, tildándonos de asesinos, y con la amenaza de que llegando al poder harán desaparecer a las FF.AA. y PNP”.
En su comunicado, firmado por el teniente general FAP Wilson Urteaga, presidente de la Adogen, se pide a la Procuraduría y a la Fiscalía de la Nación que actúen por el presunto delito de apología al terrorismo.
También han emitido un pronunciamiento conjunto de ex mandos de las Fuerzas Armadas en el que señalan que “es inaceptable que se pretenda cambiar la historia y menos aún se les acuse irresponsablemente de la muerta de 30.000 peruanos. Aquellos casos aislados en que pudieron haber existido excesos, se encuentran judicializados”.
Las acciones de las Fuerzas Armadas y policiales, de las autoridades locales, de los comités de autodefensa y rondas campesinas “no permitieron la toma del poder por la vía violenta para trastocar la sociedad”, indicaron los generales de división, vicealmirantes y tenientes generales que suscribieron el documento.
También se ha pronunciado la Asociación GEIN histórico, organización que agrupa a los exintegrantes de grupo de inteligencia policial que capturó al cabecilla terrorista Abimael Guzmán. “Con la suficiente autoridad moral que tenemos, pero sin caer en estigmatizaciones de ninguna clase, exigimos que se den explicaciones y deslinde públicos respecto de personas de vinculación manifiesta y evidente con las organizaciones terroristas”, manifestaron.
El Comercio también conversó con Freddy Ponce, de la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú (Conliffaap), una organización que está proceso de reconocimiento legal y representa a unos 30 mil miembros de tropa de las FF.AA., muchos de ellos combatieron al terrorismo en las zonas de emergencia.
“Lo importante es que defendimos la democracia de nuestro país y si hay investigaciones por atentados contra los derechos humanos [de algunos militares] para eso está la justicia. Sin embargo, no se nos puede generalizar”, indicó.
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2.- Lucha contra el narcotráfico
El electo congresista del PL también ha señalado en una entrevista televisiva con la periodista Mávila Huertas que las Fuerza Armadas “no cuentan con legitimidad del pueblo” y que “están desprestigiadas”.
Ha cuestionado que pese a que las zonas de producción de cocaína estén “apoltronadas de bases militares” en seis años la producción anual de cocaína se ha elevado de 250 a 750 toneladas.
“Solo incautamos al año un promedio de 3%. ¿Quién está dejando que pasen las avionetas? ¿Quién tiene la posibilidad de permitir que ingresen las avionetas, carguen, dejen su plata y se lleven la coca? Yo he vivido en zonas de producción de hoja de coca. Y es evidente que no hacen nada, por lo menos”, dijo.
En otro momento de la entrevista, cuestionó que se permita la injerencia extranjera en la lucha contra el narcotráfico y que las políticas peruanas antinarcóticas sean diseñadas por Estados Unidos. “La DEA (la agencia antidrogas de los Estados Unidos) es el principal cartel de droga en el mundo”, acusó.
En julio del año pasado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que, inteligencia de la Policía Nacional del Perú, había detectado 122 pistas de aterrizaje clandestinas entre destruidas y rehabilitadas en diferentes puntos de la selva central. Por esos días, las fuerzas del orden habían destruido en una semana 17 de estas pistas ilegales usadas para el tráfico de narcóticos.
Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, opinó que en un eventual gobierno de Perú Libre las Fuerzas Armadas y la Policía perderían apoyo para el control y lucha contra el narcotráfico.
“Es cierto que en los últimos cinco años se ha retrocedido. Desde el 2018, no tenemos cifras oficiales sobre la extensión de cultivos de coca e incautaciones. No es porque las Naciones Unidas no hayan realizado estos estudios, sino que Devida, el organismo a cargo de la lucha contra el narcotráfico, lo tiene bajo siete llaves. Es porque se han disparado las extensiones de coca”, comentó.
Sin embargo, dijo que este problema es de decisión política. “Las Fuerzas Armadas y la Policía hacen lo que pueden. Pese al golpe que han recibido por la pandemia están haciendo todos sus esfuerzos”.
Como ejemplo de las falencias en esta lucha, dijo que el Perú solo cuenta con un radar obsoleto localizado en Madre de Dios y se necesitan por lo menos tres de estos equipos para el rastreo de las narcoavionetas.
“El señor Castillo –comentó Yaranga– no ha dicho una letra de cómo hay que enfrentar al narcotráfico y al terrorismo, porque tenemos remanentes alzados en armas en una zona importante del Vraem. Igual el narcotráfico nos está atacando por todo lado, en costa, sierra y selva. Da la sensación de que el narcotráfico tendría todas las puertas abiertas en un posible gobierno de Perú Libre”.
3.- Reuniones de coordinación
Se ha conocido que en los últimos días se han realizado presuntas reuniones entre congresistas electos de la organización política Perú Libre con personal de las FF.AA. y PNP en situación de retiro y actividad.
Por el lado de la PNP, el acercamiento se habría efectuado a través del denominado Sindicato Unido de la Policía de Perú (SUPP). Esta organización, que no está legalizada, en un comunicado del 24 de abril de 2021, indicó que darán su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo.
En un video subido a las redes sociales de este grupo, el suboficial técnico de tercera PNP (R) Richard Ortega Quispe, representante del SUPP, señala que una serie de pedidos de su organización han sido acogidos por PL.
También se han reportado supuestas reuniones entre miembros de Perú Libre y la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tawantinsuyu (ASPRET). En conversación con El Comercio, Eddy Villarroel Medina, representante de esta agrupación, negó haber sostenido dichas reuniones. Según comentó, su movimiento tiene discrepancias ideológicas con el partido del candidato Pedro Castillo.
Villarroel es militante de la agrupación etnocacerista que encabeza Antauro Humala Tasso y se le acusa de los delitos de pertenencia a una organización terrorista y conspiración. Un grupo de agentes de la Dirección contra Terrorismo (Dircote) detuvo a Villarroel el 2 de diciembre del 2019, cuando se dirigía a la presentación de su libro sobre las conversaciones que sostuvo con Víctor Quispe Palomino, cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en el Vraem.
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