Los ex trabajadores del Congreso despedidos de forma arbitraria durante el golpe de Estado de Alberto Fujimori (1992) exigen al Estado peruano una reparación que fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia del caso Benites Cabrera y otros vs. Perú poniendo así fin a un proceso iniciado hace 20 años.
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El tribunal internacional dispuso, mediante su resolución del 04 de octubre del 2022, dispuso que el país indemnice a estos 184 ex trabajadores en el lapso de un año, pero hasta el momento esto no ha ocurrido.
Se sabe que el Estado, por intermedio de su Procuraduría Pública Especializada Supranacional, presentó ante la Corte IDH una solicitud de interpretación de diversos puntos de la sentencia, que fue desestimada en todos sus extremos, evidenciando que se trató de un recurso innecesario y dilatorio, como lo señaló el representante legal de los extrabajadores, Dr. Javier Mujica Petit.
El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado solicitó ya al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República asumir estas reparaciones, puesto que fueron las decisiones adoptadas por esas instituciones las que contribuyeron a que la Corte declarara la responsabilidad internacional del Estado por estos despidos arbitrarios.
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La Corte IDH encontró que se violó los derechos a las garantías judiciales de las 184 personas involucradas. Por ello, ordenó el pago de una indemnización para estos y que se rinda al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia.
Ante ello, el tribunal internacional usó como referencia los argumentos utilizados en las sentencias de casos anteriores, como el de Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, referida a 257 trabajadores y en Canales Huapaya y otros Vs. Perú, referida a otras tres víctimas igualmente cesadas arbitrariamente del Congreso peruano.
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