Falencias que explican el crimen, por Gino Costa

Como comentábamos la semana pasada, el libro “¿Quiénes son delincuentes en el Perú y por qué?” ofrece una suerte de línea de base de las condicionantes económicas y sociales del delito, así como de sus facilitadores. Será necesario que cada uno de los sectores responsables con la mejora de dichos indicadores se aboque al diseño e implementación de las herramientas necesarias para lograrlo. El marco para organizar ese esfuerzo no es otro que el del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Es ante el Conasec que cada sector deberá presentar sus propuestas de acción para incidir sobre las condicionantes y los facilitadores del delito. Ojalá que el flamante ministro del Interior, con el apoyo de la presidenta del Consejo de Ministros, reactive el funcionamiento de esta instancia, que debe conducir los esfuerzos de prevención y persecución del delito en el ámbito nacional. 

Junto con la necesidad de definir una política de prevención social del delito, de la que hasta ahora carecemos, con sus respectivas tareas y responsabilidades, el libro también llama la atención de las falencias institucionales en el ámbito de la seguridad y la justicia penal. En efecto, salvo en casos muy puntuales, las condicionantes socioeconómicas y sociales entre los sentenciados peruanos no son peores que las de los sentenciados de otros países latinoamericanos; al contrario, en muchos casos son mejores.

¿Qué podría explicar esto? Que la condicionante fundamental de la criminalidad en el Perú sería más bien de naturaleza institucional. La corrupción, la impunidad y la ineficacia de la seguridad y la justicia son tales que, sin tener nuestros delincuentes las peores condicionantes económicas y sociales en la región, contamos con los más altos niveles de victimización y temor. Si las instituciones no funcionan en prevenir y perseguir el crimen, los costos de cometerlo son bajos y sus beneficios elevados.

Quizá la comparación con Chile es la que graficaría mejor el peso de las condicionantes institucionales. En casi todos los factores de riesgo social analizados en el libro, los sentenciados chilenos arrojan peores indicadores que sus pares regionales, incluyendo los peruanos. A pesar de ello, los niveles de victimización y temor en Chile son comparativamente bajos, mientras que los del Perú bastante altos.

El factor diferenciador es, pues, el institucional, lo que expresan bien todos los indicadores de confianza y credibilidad policial y judicial en la región, según los cuales la policía y la justicia penal chilena cuentan con los mayores niveles de legitimidad, dada la calidad y eficacia de su trabajo.

Como bien lo ha anotado Jaime de Althaus en su columna en este Diario, lo que está faltando es la aplicación de la ley para castigar, inhabilitar y rehabilitar a quien infringe. Sin embargo, eso es cierto no solo para la criminalidad menor, como él sostiene, sino también para la organizada. La otra debilidad institucional, además, está en la prevención situacional del delito, es decir, la vigilancia y el patrullaje de los espacios públicos.