No le estamos ganando la lucha al crimen organizado. Este avanza sin mayor oposición, penetra las instituciones de la justicia penal, gana aliados en el poder político y consolida su poder económico, que se estima entre el 2% y el 3% del PBI, y que alimenta el círculo vicioso de los negocios ilícitos y la violencia e inseguridad que es consustancial a su desarrollo.
La impunidad con que actúa es su motor. Ahí están el puente aéreo de drogas que funciona entre el Vraem y Bolivia, o las extorsiones en el sector construcción y en las ciudades de la costa norte y centro del país.
Son contados con los dedos los sentenciados por minería ilegal en Madre de Dios; solo dos de cien acusados de trata de personas fueron condenados. Ningún involucrado en los 767 informes remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la fiscalía en los últimos ocho años. Desde la captura de Zevallos, hace diez años, ningún gran capo de la droga ha sido condenado.
La semana que pasó, en un coloquio organizado por la Corte Superior de Lima, Ciudad Nuestra y la UIF, se discutieron medidas necesarias para enfrentar con mayor éxito el crimen organizado. A continuación mis recomendaciones.
Primero, se requiere contar con la conducción de la Presidencia de la República –sin rastro de corrupción y crimen– que marque prioridades, provea recursos necesarios y resuelva los problemas de coordinación interinstitucional.
Segundo, es preciso depurar las instituciones de la justicia penal y desarrollar controles internos efectivos. Las organizaciones criminales solo prosperan con el apoyo de policías, fiscales, jueces y agentes penitenciarios. Las reacciones oficiales ante las complicidades con Álvarez y Orellana, por ejemplo, han sido poco alentadoras, al igual que la del Consejo Nacional de la Magistratura.
Tercero, se requiere dotar los recursos necesarios para implementar las unidades especializadas contempladas en la Ley contra el Crimen Organizado (30077): una sala penal nacional y un subsistema penitenciario para los criminales más peligrosos. La ley tiene dos años de aprobada. ¿Qué se espera para proveer los recursos?
Cuarto, se debe repotenciar la inteligencia y la investigación policial, pues los agentes con los que cuentan son insuficientes y no tienen herramientas: escuchas legales, laboratorios y peritos forenses, bases de datos integradas y protección de víctimas, testigos y colaboradores eficaces. Igual de importante es facultar a la UIF para levantar el secreto bancario y tributario de sus investigados, lo que viene solicitando al Congreso desde el 2009.
Es posible ganar esta lucha, a condición de que tengamos el liderazgo adecuado, el compromiso anticorrupción, un subsistema especializado y herramientas de inteligencia, indagación y sanción necesarias.