Greenpeace: no los dejemos ir dos veces, por Raúl Castro

En octubre pasado, el blog Democracy in America, de la revista “The Economist”, hacía referencia al modo en el que la organización Greenpeace, la más influyente en activismo ecológico del mundo, temía por el bajo impacto que estaban teniendo sus acciones proselitistas.

Un publicista y colaborador cercano a la organización confesaba lo preocupados que estaban por padecer de “tácticas que pertenecían a otra era”, y por no contar ahora con “ganchos” propios de esta época de marketing viral.

Y es que en estos tiempos de memes y baldazos de agua helada que dan la vuelta al globo con la velocidad del relámpago, las campañas del gigante verde aparecen ahora apenas como “amablemente molestas”, según la revista.

Es en este contexto de urgente atención en el que Greenpeace desarrolló sus acciones recientes, apremiada ya no solo por su desorientado sentido de figuración sino también, cabe pensar, por alcanzar las nada despreciables donaciones que levantan año a año. Que en el 2013 ascendieron a poco más de 288 millones de euros.

Ahora, lamentablemente, los activistas que alteraron de forma significativa las históricas Líneas de Nasca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya no están en el Perú. Deben estar en la tranquilidad de sus casas, satisfechos, viendo por Internet que la misión que se habían planteado la cumplieron a cabalidad: llamar la atención del mundo y salirse con la suya impunemente. Qué más da que uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y valiosos del planeta haya sido afectado hasta complicar su trazo original.

Por todo esto el Estado Peruano no debe aceptar las disculpas evasivas que alienta su director, Kumi Naidoo, e insistir con el Poder Judicial para que este proceda con una acusación formal y posterior emisión de orden de captura internacional.

Como este Diario informó, los nombres de Reuters Herber (Colombia), Iris Wiedmann (Alemania) y los argentinos Rodrigo Aho y Mauro Fernández han sido identificados, pero la jueza Patricia Bejarano, a cargo el caso, decidió dejarlos ir porque no contaban con domicilio fiscal en el Perú.

Ello es inadmisible. Más aun si este criterio no coincide con los precedentes judiciales que conocemos. Y es que los peruanos tenemos muy presente la sanción ejemplar que tuvieron dos ciudadanos chilenos, en el 2004, por pintar unos muros incas en el Cusco.

Este último caso debería sentar precedente en todas las ocasiones en que se vea afectado el patrimonio monumental.

Sobre ello El Comercio ha venido informando sostenidamente. En el caso de Nasca, en los últimos 5 años hicimos hasta cuatro denuncias sobre invasiones y atentados cometidos por obras civiles, sin sanciones conocidas lamentablemente.

Sobre los activistas de Greenpeace debe caer el peso de la ley. Pero también sobre los nacionales que perpetren daño contra el patrimonio. Que estos sonoros episodios marquen, pues, el inicio de otra actitud, de tolerancia cero, contra los delitos monumentales. Vengan estos de donde vengan.