Huaycán: vandalismo y muerte por rumores de tráfico de órganos - 4
Huaycán: vandalismo y muerte por rumores de tráfico de órganos - 4

A una semana de los hechos de vandalismo por rumores de tráfico de órganos en , la Dirección de Investigación Criminal de la PNP (Dirincri) investiga a 30 policías por la muerte de María Eva Solano Marín, quien recibió un balazo a la altura del cuello.

Según informó La República, los agentes pertenecen a la Comisaría de Huaycán, el Escuadrón de Emergencia, la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Dirección de la Policía Aérea (DIPA).

Ellos son sometidos a la prueba de absorción atómica para identificar quién disparó la bala que acabó con la vida de la mujer de 54 años que trabajaba como recicladora.

Solano Marín fue alcanzada por una bala en la zona K de Huaycán, a dos kilómetros de la comisaría donde una turba causó desmanes e intentó linchar a dos encuestadores que habían sido acusados falsamente de ser traficantes de órganos.

De acuerdo al peritaje balístico practicado al cuerpo y a fuentes consultadas por dicho diario, la bala de 9 milímetros Parabellum fue disparada por una pistola de arriba hacia abajo desde una larga distancia.

Este dato coincide con la versión de algunos testigos, quienes señalan que la policía disparó varias veces desde un helicóptero y las balas impactaron en techos e incluso ingresaron a las casas. Además, recogieron siete casquillos de bala en la zona.

Por ello, se estudia la hipótesis de que el proyectil que mató a María Eva Solano fue disparado desde uno de los helicópteros de la PNP que sobrevoló Huaycán durante los hechos de violencia del de diciembre. La otra teoría es que la bala fue disparada al aire por un policía en su intento por dispersar a la turba y al caer impactó en la mujer.

Los vecinos de la víctima aseguran que la mujer regresaba a su casa tras llevarle al almuerzo a un familiar cuando recibió el disparo, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, unas dos horas después de los desmanes en la comisaría de Huaycán.

Cabe recordar que 34 detenidos por los disturbios fueron trasladados a los penales de Lurigancho y Ancón 2. El Cuarto Juzgado Penal Permanente ordenó 9 meses de prisión preventiva mientras se realiza el proceso por actos vandálicos, daños a la instalación pública, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, lesiones graves, entre otros.

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