El pasado domingo, la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), intervinieron el penal Ancón 1, sus alrededores y una vivienda en Ventanilla. La finalidad de la incursión era desmantelar a la organización criminal ‘Los Espectros de Ancón’, dedicada a la instalación de antenas ilegales en viviendas aledañas a la cárcel para que transmitan señales de telefonía o internet al interior de recinto. Al menos 61 fiscales participaron en las diligencias. Ese día cayó el presunto cabecilla, alias ‘Jhony’, y otros tres sujetos.
Ese no ha sido el único episodio crítico vivido en los interiores y exteriores de una prisión. En los últimos meses, al menos cinco granadas fueron colocadas en los exteriores del penal de Lurigancho junto con mensajes extorsivos y amenazantes contra los directivos del recinto penitenciario.
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Javier Llaque Moya, jefe del INPE, indicó a El Comercio que desde hace un tiempo el personal de su institución detectó posibles lugares donde estaban instaladas las antenas. “¿Por qué no podíamos actuar nosotros? Porque la zona donde está ubicado el penal, en Ancón, no ha sido declarada en emergencia. Lo que sí ocurrió en San Juan de Lurigancho, por eso actuamos en el penal de Lurigancho y Castro Castro. También en Trujillo”, dijo.
Este Diario conversó con Llaque Moya para conocer qué labores se están realizando en las cárceles para garantizar la prevalencia de la autoridad y evitar que situaciones como estas se repitan. Además, qué historia hay detrás de las diversas granadas colocadas en los exteriores del penal de Lurigancho en los últimos meses y qué relación tendría con el más reciente traslado de cinco internos.
—¿Qué sucedió en Ancón 1?
Puedo sostener con absoluta firmeza que hemos reportado a la policía sobre los posibles lugares de instalación de antenas con fotos y ubicaciones para que ellos investiguen. El operativo de hace unos días ha permitido a la policía desarticular una organización criminal que evidentemente tenía todo un equipamiento para repotenciar la señal de línea celular orientada hacia el penal.
Sobre el operativo no tenemos información ni de la Policía ni de la Fiscalía de que desde el penal de Ancón 1 se hayan llevado a cabo extorsiones, seguramente está en investigación. Como les hemos señalado cuando nos piden coordinar los operativos: el INPE nunca se entera de los resultados de sus investigaciones. Nosotros no queremos que nos digan quiénes están involucrados en los temas criminales, eso es materia de investigación penal, pero sí que nos digan quiénes están involucrados en vulnerar la seguridad penitenciaria para nosotros actuar.
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Hemos tirado las antenas del penal de Lurigancho primero, un par de meses después en Castro Castro. Luego hemos viajado a Trujillo, ahí derribamos antenas y equipos. Todo ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. Están realizando sus investigaciones, pero en ninguno de los tres operativos nos han informado si algún interno está involucrado en llamadas, entonces yo le he insistido a la autoridad que tienen que avisarnos si descubren algo.
El compromiso actual de las autoridades que han ingresado a Ancón es informarnos. Ojalá sea así y actuaremos de inmediato. Si nos dicen el interno tal o 50 de ellos están involucrados, nos llevamos a los 50. ¿Tenemos los penales hacinados? Sí. Pues los llevaremos aún cuando haya hacinamiento.
—Volviendo al tema de las antenas, ¿las que bloquean señales están operando en todos los penales?
No, solo en algunos. Se trata de una asociación público privada que ha instalado bloqueadores y se comprometió hacerlo en 33, pero no ha podido cumplir en todos ellos. En estos momentos, aproximadamente en 21 penales está instalado el bloqueo, algunos se encuentran en fase de prueba.
No siempre se logra un 100% de bloqueo. Si antes de los penales salían 100 llamadas, este bloqueo que a veces no logra ser eficiente, bloquea 95 o 97 llamadas y salen 5 o 3.
—Existe un decreto legislativo que indica que sobre el área de 200 metros desde el perímetro de los penales no debería haber ningún tipo de construcción ni antenas; sin embargo, esto no se estaría cumpliendo. ¿Hay algún tipo de medida que tomarán al respecto?
Como se trata de un decreto supremo, una norma administrativa, en nuestra mirada le faltan los dientes que debe tener una norma porque si en este país las normas no tienen facultad coercitiva, pues lamentablemente no se cumplen.
En este caso, el decreto supremo establece la zona intangible de 200 metros y nada más. Por eso nosotros ya hemos presentado un proyecto de ley que me parece ha pasado por la Comisión de Justicia o alguna comisión del Congreso porque nos han pedido opinión y ojalá pronto pase al pleno.
El proyecto señala que los 200 metros de intangibilidad, si alguien los vulnera implica la comisión de un delito. Esa es nuestra propuesta para evitar que los ciudadanos lleguen a esa zona.
—¿Cuál es la situación actual dentro de los recintos penitenciarios?
A la cárcel le está ocurriendo una situación nueva. Los que conocemos la cárcel, sabemos que durante mucho tiempo los privados de libertad tratan de dominar los pabellones para establecer desde dentro algunos mecanismos perjudiciales como cobrarles a otros por los espacios.
—El cobro de cupos…
Así es. Hace muchos años esto se hacía por barrios: La Victoria, Surquillo, San Juan. Entre ellos se atacaban por el dominio del pabellón y del penal. Eso se llamaba el batacazo. Había violencia, motines. Se enfrentan con serias consecuencias: fallecidos. Sin embargo, desde que la autoridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entró a los penales ha implementado una política que considera que todo acto de violencia es sancionado. Una de las más duras es el trazado del interno. Según su nivel de lesividad puede terminar en Cochamarca, penal de régimen cerrado especial o en Challapalca, bastante alejado.
Esta violencia ha ido bajando y por eso en los últimos años no hay motines en el sistema. Ahora la tecnología ha permitido lo que ahora se llama el batacazo informático. Se filtra un celular, filman a alguien que quieren sacarlo del penal, retirarlo del pabellón, lo filman haciendo algo ilícito y viene en dos modalidades: entre ellos se extorsionan por hacer pública la imagen. Cuando ya no puede pagar, las hace públicas para que se vaya.
Entonces ya no hay violencia, pero ahora hay otro mecanismo de coerción.
—El año pasado, durante una visita al penal de Lurigancho ingresamos con un equipo de El Comercio al pabellón 6 y nos recibió el líder, un hombre llamado Centella. Hace poco fue trasladado. ¿A qué se debió la medida?
Este interno fue hace unos meses descubierto en actos indebidos y se lo movió del pabellón 6 al 2, que es donde hasta hace poco ha estado y de ahí lo hemos trasladado. Pero, ¿qué venía ocurriendo? Los penales y los pabellones se han manejado con una propia vida entera, que es la que te comento y que tratamos de evitar que eso ocurra.
Cada vez que los descubrimos en algo irregular, actuamos de inmediato. Ahora está sucediendo un fenómeno que para mí es nuevo y para muchos que conocen la cárcel también. En la calle los de afuera quieren manejar los pabellones y eso no lo vamos a permitir.
Acá ocurrió, que como ese interno salió del pabellón [6] y estaba en otro, un día ponen una granada para pedir que él regrese. Eso no lo hemos permitido. Como él tiene un rival, a los días ponen otra granada para que también salga su rival. Es decir, desde fuera quieren presionar a la autoridad penitenciaria. En esta guerra de ponerse granadas para amedrentarnos, el primer director [de Lurigancho] a la primera granada renunció. Un brillante director, tipo muy honesto y que estaba haciendo una serie de cambios en el penal.
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Designamos a un segundo director, él ha resistido esas dos granadas posteriores. Una de ellas fue de estruendo y la otra no estalló porque nunca le sacaron la espoleta, lo cual significa que es una amenaza. Más que querer hacer daño, es una amenaza de que algo puedo hacer. En ninguna de las tres ocasiones el INPE ha actuado, lo cual demuestra que no le tenemos miedo a la calle. Como se trata de dos grupos que estaban intentando manejar un pabellón, lo que hemos hecho hace unos días es llevarnos a ambos.
Creemos que como ambos grupos han salido, la tranquilidad tiene que volver. Antes de ejecutar el traslado, el mismo día, parece que por ahí vieron el desplazamiento y estallaron [en los exteriores del E.P Lurigancho] dos granadas de estruendo, no causan daño.
—Luego de la detección del problema, ¿cuál es la posición del INPE?
Ningún matón le va a decir al INPE qué hacer. El INPE se va a mantener firme en su toma de decisiones porque el principio de autoridad la institución lo mantiene desde hace muchos años en penales y no lo vamos a perder. No vamos a tomar una decisión porque alguien de afuera dice o porque alguien desde adentro del bastión de privados de libertad nos diga qué hacer. Nuestra autoridad penitenciaria toma sus decisiones y hemos actuado. Ese es nuestro mensaje [...] No nos obliguen a actuar porque los vamos a llevar lejos, quienes más van a perder son ellos.
